Félix Bolaños y Esteban González Pons en su primera reunión con el comisario de Justicia — Comisión Europea
El CGPJ tendrá que esperar a lo que diga la Comisión Europea, filtra Moncloa a los medios
La prioridad del ejecutivo se enmarcaría en el dictamen de la Comisión Europea, con el CGPJ falto de 5 miembros y el Poder Judicial agotado
Al ser preguntada sobre el CGPJ, la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, declaro: “Es deseable e importante contar con el PP y llevar esto con un importante respaldo. Si hay un bloqueo inamovible entenderán que tenemos que encontrar una solución”.
Sin embargo, después de estas declaraciones en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado 30 de abril, conocíamos de la voluntad del Gobierno de esperar a que la Comisión Europa valorará los siguientes pasos.
Casi 6 años de bloqueo
El mandato caducó el 4 de diciembre de 2018 a pesar de que hubo un preacuerdo entre PSOE y PP, ya que para su renovación se requiere mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Este pacto decayó al filtrarse unos WhatsApps de Ignacio Cosidó que dejaban claro el uso del Poder Judicial mediante el presidente propuesto por ellos (Manuel Marchena) que pretendía el PP y ante las llamadas de atención que recibieron prefirieron ampararse en una reforma para que este sea elegido por los propios jueces y no las cámaras, antes que llegar a otro tipo de acuerdo o responder por este uso partidista.
Entre otros, los WhatsApps también hablaban sobre “controlar la sala segunda”, encargada de enjuiciar a los aforados (teniendo en cuenta los asuntos judiciales pendientes por corrupción), y, “presidir la sala del 61”, la encargada de declarar ilegal o disolver partidos políticos.
Debido a este bloqueo y que la ley lo único que indica es que, si no hay renovación, el mandato caducado tendrá que continuar hasta que se elija un nuevo Consejo, ahí siguen los magistrados elegidos hace diez años, sin embargo, de los 20 vocales más el presidente con los que debería contar el consejo, actualmente quedan solamente 16, en julio del año pasado se jubiló forzosamente Rafael Mozo quien era “presidente en funciones”, pero también se ha jubilado Rafel Fernández Valverde, ha fallecido Victoria Cinto y han dimitido Concepción Sáez y Carlos Lesmes.
Este bloqueo ocasionó también, por ejemplo, el rechazo del pleno del CGPJ a la propuesta de idoneidad de la renovación del nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin embargo, esto no es vinculante y pudo ser finalmente confirmado su nombramiento por el Gobierno. Es un puesto de relativa importancia, ya que, emite circulares que marcan criterios generales sobre las actuaciones e interpretaciones de las normas por parte de la Fiscalía.
Además de la anterior reforma que no llego a ser, en 2021 se impulsó por parte del Gobierno una reforma con la que se limitaban las funciones del CGPJ cuando este estuviera en funciones, evitando que este pudiera hacer nombramientos mientras estuviera en esta situación, y, en 2022, se aprobó otra reforma para facilitar la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, ya que su mandato caducaba ese mismo año, corrigiendo parte de la reforma de 2021 y permitiendo el nombramiento de magistrados del TC por parte del CGPJ en funciones.
Sin embargo, las vacantes a nombrar por el Consejo General del Poder Judicial se siguen acumulando, para octubre del año pasado había un total de 84 vacantes, siendo las más relevantes las del Tribunal Supremo, ya que todas se eligen de manera discrecional, función limitada en esta situación, con 23 de 79 plazas vacías. Hay vacantes que no implican dejar el sitio vacío, pero si ejercerlo en funciones y más importante, excederse del tiempo el cual se comprometieron inicialmente los magistrados o que lo asuman personas no designadas ante las jubilaciones forzosas, entorpeciendo el funcionamiento del Poder Judicial en todas sus escalas.
La Comisión Europea
En enero de este año, se abrieron negociaciones mediadas por parte de la Comisión Europea con el fin de paliar este problema que ha escalado a Europa. Didier Reynders, comisario europeo de justicia, se reunió con Félix Bolaños, ministro de justicia y presidencia y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP, asegurando en un comunicado el comisario que había una voluntad de trabajar por todas las partes, también declaro que además de proceder a la renovación del CGPJ se debe iniciar también un proceso para adaptar el nombramiento a las normas europeas sobre Consejos de la Judicatura.
En el Informe sobre el Estado de derecho de 2022 que elaboró la Comisión Europea se resaltaban problemas como la falta de independencia del poder judicial, el proceso de elección del CGPJ y su dependencia política, dudas en cuanto a la autonomía de la Fiscalía respecto al gobierno, la retomación de funciones judiciales por parte de algunos jueces después de haber ocupado cargos políticos y las declaraciones públicas efectuadas por políticos hacia miembros del poder judicial.
Resulta relevante también de este informe la señalización de que los periodistas se enfrentan a dificultades en el ejercicio de su profesión ejemplifica el uso del delito de revelación de secretos contra quienes denuncian casos de corrupción o la persistencia de problemas a la hora de saber a quién pertenecen medios de comunicación y saber quién les financia.
En lo que respecta a la elección de los miembros del CGPJ, el informe resalta, por un lado, la socavación de la eficiencia de la justicia, concretamente del Tribunal Supremo por la falta de nombramientos y por otro, la necesidad de que la mitad del consejo sea elegido por sus homólogos de la carrera judicial, cuestión que no convence al Gobierno por el sesgo conservador mayoritario en la carrera judicial.
Feijóo ha advertido a Pedro Sánchez esta misma semana sobre el uso del discurso regenerativo que viene entonando desde su confirmación de continuidad al frente del gobierno, siendo esta la enésima razón esgrimida por parte del PP como excusa para la no renovación de un consejo y un poder judicial en crisis en medio de procesos como el de la amnistía o las investigaciones a cargos políticos mientras en el anterior informe se señala también preocupación por la corrupción de alto nivel y los procedimientos sobre ello.
Madrid –
