Sobre el Golpe Blando en Colombia

• El pasado 8 de mayo, el presidente colombiano Gustavo Petro alertaba por redes sociales sobre el inicio de lo que él mismo denominó “un golpe blando”. Petro apuntaba al comienzo de una investigación judicial para acusarlo tanto a él como a Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol y quien fuera su administrador de campaña electoral— por presuntas irregularidades en la campaña de 2022.

• La alerta de Petro se enmarca en un clima de alta tensión entre la oposición al Gobierno y el presidente. El conglomerado opositor colombiano, que durante décadas mantuvo el control de los poderes económico, comunicativo, judicial y administrativo —y que sostenía una hegemonía apenas discutida en el Legislativo—, perdió en 2022 el control del Poder Ejecutivo por primera vez en décadas.

• Desde entonces, y tras una mínima tregua, todas sus acciones han estado orientadas a socavar la legitimidad del Gobierno. A continuación, algunos de los ejemplos más destacados:

o En el plano judicial, se impidió durante meses el nombramiento del fiscal general de la República y recientemente el Tribunal Constitucional anuló la creación del Ministerio de Igualdad -actualmente en manos de la vicepresidenta Francia Márquez-.

o En el plano legislativo, se ha obstruido sistemáticamente el progreso de los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo .

o En el plano comunicacional, el poder mediático hegemónico trabaja para instalar entre la audiencia que el Gobierno de Petro es corrupto. En esta estrategia hay que enmarcar los supuestos casos de corrupción Armando Benedetti -exdirector de su campaña electoral- y el de su hijo, Nicolás Petro.

o Desde el plano administrativo, el Consejo de Estado (Tribunal Supremo en el ámbito contencioso administrativo) retiró el acta de senador a uno de los hombres clave de Gustavo Petro en el Congreso, Roy Barreras. El mismo tribunal impidió la elección de un nuevo contralor (máximo órgano de control, fiscal) garantizando así esta pieza clave del Estado para la oposición al Gobierno. Finalmente, el pasado 8 de mayo la oposición apuntó, por primera vez, directamente contra el presidente de la República con el inicio de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sobre la investigación del CNE

• Dos de los nueve magistrados del CNE presentaron una ponencia para investigar la campaña presidencial por presuntamente haber violado el límite de gasto electoral; pidieron formular cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa, a pesar de no tener competencia para ello. El caso podría alargarse durante meses y, de prosperar, el proceso podría motivar la apertura de un caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que posteriormente conllevaría un juicio de pérdida de investidura. Además, es plausible que se abra una investigación judicial en contra de Roa.

• Los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso en función de su afinidad partidaria. Uno de los acusadores, Benjamín Ortiz, es cercano al Partido Liberal, y es reconocido por dilatar un caso en favor del expresidente y opositor a Petro, César Gaviria. El otro magistrado, Álvaro Hernán Prada, próximo al uribista Centro Democrático, tiene en su currículo el haber sido llamado en calidad de ‘cómplice de soborno’ en el caso de manipulación de testigos por el que está imputado Álvaro Uribe.

• La coalición de gobierno, el Pacto Histórico, ya recusó a Prada por sus declaraciones previas contra Petro y la izquierda en Colombia debido a su falta de imparcialidad y, por ende, ausencia de garantías en el proceso.

Escenarios

• El presidente Petro se ha apoyado políticamente en su vínculo con las clases populares y sus seguidores para defenderse de los embates de la derecha en los distintos frentes. Fue precisamente en el marco de una gira llamada “Gobierno con los Barrios Populares” que Petro señaló que se “ha iniciado un golpe blando” en su contra, advirtiendo a sus seguidores que el objetivo de la oposición es hacerlo pasar por corrupto para quitarle la investidura. Ante ello llamó a la población a movilizarse hasta que se restablezca el orden y al Ejército a no levantar las armas contra el pueblo.

• La investigación del CNE puede demorar meses y, si bien la entidad no tiene la competencia para formular cargos, el proceso puede motivar que se inicie una causa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso.

• Conforme a lo establecido en el artículo 178.3 de la Constitución colombiana, la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso (presidida por Wadith Alberto Manzur, del opositor Partido Conservador) es el órgano competente para iniciar los trámites de juicio político al presidente de la República.

• La Comisión de Acusación está actualmente integrada por 18 miembros, seis (6) de los cuales son fieles al Gobierno. Katherine Miranda se enmarca en un sector no afín de la Alianza Verde y seis son opositores (miembros de Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Conservador). La decisión, por tanto, quedaría en manos de los oportunismos de los senadores del Partido de la U (del expresidente Santos) y Partido Liberal (dividido entre los seguidores del expresidente Gaviria y los afines a Petro).

• El Senado es quien tiene en sus manos la decisión definitiva en caso de apertura del juicio político, y debería pronunciarse por mayoría de 2/3 para destituir al presidente. La actual correlación de fuerzas en el Senado protegería a Petro de su destitución definitiva, ya que cuenta con 39 senadores afines de 108 (más de 1/3). Sin embargo, el largo procedimiento previo a la votación del juicio político podría comportar un duro proceso de investigación y escrutinio públicos, además de una posible suspensión temporal de entre 20 y 60 días (con el consiguiente desgaste para la imagen pública de Gustavo Petro y la ruina definitiva de la legislatura).