Editorial

Repita conmigo: los jueces no hacen política

No hay jueces que admitan a trámite denuncias sin pruebas firmes, no hay jueces que abran investigaciones prospectivas, no hay jueces que bordeen la prevaricación. Como los periodistas, los policías y Felipe VI, los jueces son árbitros ecuánimes de la vida pública

Ayer, Carles Puigdemont, en un acto organizado por la agencia EFE en el marco de la campaña de las elecciones catalanas, dejaba claro que él no se veía como jefe de la oposición —es decir, que se retirará si no es investido President— y negaba que fuera a dar un golpe de efecto volviendo a territorio español antes de la votación de este domingo, pero aseguraba, en cambio, que va a asistir con toda seguridad al debate de investidura aunque exista la posibilidad, entonces, de que la judicatura española ordene su detención. «No sé si podrán resistir esta pulsión de conseguir una imagen que han estado buscando desesperadamente durante seis años y medio y que no han podido obtener nunca«, dijo el candidato de Junts.

Ayer también, el Tribunal Supremo decidía anular el nombramiento por parte del Gobierno de Dolores Delgado —la que fuera Fiscal General del Estado y ministra de Justicia del PSOE— como fiscal de sala de Memoria Democrática por encontrar que podría existir una incompatibilidad con el trabajo de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, como abogado especializado en los derechos humanos. Se trata de la segunda vez que esto ocurre. Hace unos meses, el mismo Tribunal Supremo anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la Fiscalía como fiscal de sala de lo Militar.

La mañana en la que estos dos hechos tenían lugar, el Tribunal Constitucional decidía, asimismo, no admitir a trámite el recurso de una víctima de brutalidad policial durante la dictadura franquista, interpuesto como consecuencia de que los juzgados de Valencia habían decidido repetidamente rechazar sus querellas y denuncias. El Constitucional, con dos votos particulares, decidía ayer que la nueva Ley de Memoria Democrática no afecta de forma significativa a este caso y que la tutela judicial efectiva de la persona torturada no se había violado a pesar de que la justicia no haya querido nunca investigar los hechos.

Aunque la Fiscalía ha afirmado que «no existe ni un solo dato» que permita inferir que estamos ante la comisión de un delito, los jueces del TSJM han dictaminado que el que tiene razón es González Amador y no el Ministerio Público

Durante la jornada en la que el alto tribunal daba carpetazo a este caso de violencia franquista y garantizaba la impunidad de la dictadura, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí admitía a trámite la querella de Alberto González Amador, defraudador fiscal confeso y pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de Madrid que emitieron un comunicado para desmentir los bulos que el propio González Amador estaba difundiendo sobre el pacto que había propuesto a la Fiscalía para evitar el proceso penal. Aunque la Fiscalía ha afirmado que «no existe ni un solo dato» que permita inferir que estamos ante la comisión de un delito, los jueces del TSJM han dictaminado que el que tiene razón es González Amador y no el Ministerio Público.

Todo esto el mismo día.

Ahora, querido lector o lectora, repita conmigo: La justicia es imparcial. La justicia es independiente. Todos los jueces hacen su trabajo con la máxima honestidad y solamente se ocupan de aplicar mecánicamente el derecho sin segundas intenciones y sin que su ideología personal se interponga en su labor. La existencia de jueces activistas es un infundio propagado por la extrema izquierda. No hay jueces que admitan a trámite denuncias sin pruebas firmes, no hay jueces que abran investigaciones prospectivas, no hay jueces que bordeen la prevaricación. Como los periodistas, los policías y Felipe VI, los jueces son árbitros ecuánimes de la vida pública y, por supuesto, válgame Dios, los jueces no hacen política.