15 años de PP en Galicia: sanidad, educación, economía, igualdad, juventud, mundo rural y pesca

Los retos que enfrentará el próximo gobierno gallego serán muchos y de diversas índoles. El domingo sabremos si el gobierno será continuista o habrá un cambio radical de ciclo para una nación necesitada de políticas públicas y de un horizonte transformador

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Durante el extenso período de 15 años en los que el Partido Popular ha gobernado en Galicia, la región ha experimentado indudablemente muchas transformaciones económicas y sociales significativas. Sin embargo, analicemos la efectividad y el impacto de las políticas implementadas en materias como la sanidad, la educación o la reducción de la deuda pública:

Sanidad: Las esperas para conseguir una cita con el médico de atención primaria o con el pediatra en Galicia se han vuelto habituales y prolongadas. Antes, era poco común esperar más de dos días, pero ahora las esperas pueden extenderse hasta una semana o más. Las urgencias hospitalarias enfrentan colapsos recurrentes debido a la saturación del sistema sanitario.

Las demoras para operarse no han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Además, algunos pacientes tienen que esperar hasta 15 meses para realizarse una prueba que les permita recibir tratamiento. Los propios profesionales de la sanidad pública gallega se quejan de la saturación en varios eslabones del sistema y de los problemas acumulados en áreas sanitarias específicas. La situación precaria de la sanidad pública ha generado movilizaciones y protestas, como la reciente manifestación en defensa de la sanidad pública que recorrió Santiago de Compostela.

Los recortes de personal y los presupuestos limitados han contribuido a la dificultad para acceder a la atención primaria y han dejado al sistema sanitario diezmado. A lo largo de los 15 años de gobierno del PP, la plantilla de médicos en atención primaria ha permanecido prácticamente congelada, lo que ha contribuido a la sobrecarga de trabajo y la saturación en los centros de salud.

La gestión de la Xunta no ha logrado revertir el aumento de las listas de espera para consultas especializadas y cirugías, que han crecido desde antes de la pandemia. Tanto pacientes como profesionales de la sanidad pública han expresado su descontento y han presentado quejas debido a las deficiencias en el sistema.

Se han implementado iniciativas de colaboración público-privada en el sector sanitario, como conciertos con hospitales privados y la construcción de hospitales bajo este modelo, como el hospital de Vigo, inaugurado en 2015.

Además, destacan polémicas como la que involucra a la Xunta de Galicia y la reserva que ha hecho de 800.000 euros en los presupuestos de 2024 para pagar a sacerdotes que acompañan a enfermos y les proporcionan la extremaunción en caso de solicitud. La presencia de sacerdotes en hospitales se deriva de un acuerdo firmado en 1979 entre el Estado español y el Vaticano, y ha continuado tras la transferencia de competencias en sanidad a las comunidades autónomas en 1995.

Educación e inmersión lingüística: El impacto del PP en la educación gallega en los últimos años, especialmente a través de la implementación del Decreto 79/2010, conocido como decreto de plurilingüismo, ha sido notable y objeto de amplio debate.

Este decreto, que entró en vigor con el objetivo de equilibrar la oferta de asignaturas impartidas en gallego y en castellano, marcó un cambio significativo respecto a su predecesor, el Decreto 124/2007, que establecía un mínimo del 50% de uso del gallego en todas las etapas de la enseñanza no universitaria. La movilización de la derecha contra la «imposición del gallego» y la campaña electoral de las autonómicas de 2009, con figuras políticas como Albert Rivera (Ciudadanos), Rosa Díez (UPyD) y Alfonso Rueda (PPdeG) manifestándose en contra de las políticas lingüísticas previas, allanó el camino para que Alberto Núñez Feijóo asumiera la presidencia de la Xunta de Galicia.

La implementación del decreto de plurilingüismo supuso un gasto estimado de más de nueve millones de euros en la compra de libros de texto en castellano, debido a la necesidad de reemplazar los materiales didácticos previos. Este cambio normativo ha tenido consecuencias significativas en la configuración lingüística de la educación gallega alterando el reparto lingüístico en la educación.

Además, el decreto ha impactado la producción y disponibilidad de materiales educativos en gallego, especialmente en el Bachillerato, donde se ha observado una notable disminución en la oferta de libros de texto. Esta situación ha generado críticas por parte de docentes y editoriales, quienes señalan las dificultades que esta política ha creado para la enseñanza en gallego, limitando las opciones de material didáctico disponible y afectando negativamente la promoción del gallego en el ámbito educativo.

El decreto también ha tenido repercusiones en la Formación Profesional y la Educación Infantil, donde se ha observado un incumplimiento sistemático del equilibrio lingüístico que marca la normativa, con una preferencia evidente por el castellano. Esto ha contribuido a un proceso de castellanización entre los jóvenes gallegos, evidenciado por la disminución del uso y conocimiento del gallego entre las nuevas generaciones.

La implementación de políticas lingüísticas como el decreto de plurilingüismo por parte del PP ha generado un amplio debate sobre su efectividad y consecuencias. Mientras que algunos ven estas medidas como necesarias para garantizar un equilibrio entre el gallego y el castellano, otros critican la reducción del uso del gallego en la educación y su impacto en la identidad lingüística gallega. Este escenario sugiere la necesidad de revisar y adaptar las políticas lingüísticas para fomentar un verdadero bilingüismo que refleje y respete la riqueza cultural y lingüística de Galicia.

Deuda pública: A pesar de las afirmaciones repetidas por líderes del PP, como Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que sostienen que Galicia ha sido la comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda desde 2009, los datos oficiales del Banco de España contradicen estas declaraciones.

Contrario a lo proclamado por el PP, los registros indican que tanto Madrid como Baleares han tenido un incremento de deuda menor que Galicia, tanto en términos absolutos como en relación al PIB desde 2009. En el momento en que Feijóo asumió la presidencia de la Xunta en abril de 2009, la deuda pública gallega ascendía a 3.923 millones de euros. Para el tercer trimestre de 2023, esta cifra se había elevado a 12.083 millones de euros, lo que representa un aumento del 208%, evidenciando que la deuda se ha más que triplicado.

A pesar de las declaraciones de que Galicia ha manejado la deuda de manera más eficiente que otras comunidades, la realidad muestra que existen al menos dos comunidades, Baleares y Madrid, cuyo incremento de deuda ha sido efectivamente más bajo en este lapso. Específicamente, la deuda de Baleares creció un 188.2%, y la de Madrid, un 201.4%, en comparación con el aumento del 208% en Galicia.

Además, al evaluar la evolución de la deuda pública sobre el PIB desde 2009, Galicia ocupa el tercer lugar en términos de menor incremento, con un 136.8%, detrás de Baleares (117.7%) y Madrid (120.3%). Estos datos muestran una discrepancia significativa con la narrativa promovida por el PP, sugiriendo que la gestión de la deuda pública bajo su gobierno no ha sido tan eficiente como se ha proclamado.

La gestión de la deuda en Galicia durante los últimos 15 años refleja un crecimiento considerable que, si bien no es el más bajo entre las comunidades de régimen común, tampoco representa el modelo de eficiencia que algunos líderes del PP han intentado proyectar.

Mundo rural y juventud: En las últimas décadas, Galicia ha experimentado transformaciones significativas que han reconfigurado el tejido social y económico de su mundo rural. Con una pérdida neta de población de 76.000 habitantes entre 2009 y 2023, el descenso demográfico se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes, exacerbado por una economía que crece a un ritmo más lento que el promedio nacional y un mercado laboral que, aunque ha mejorado, sigue evolucionando a una velocidad inferior a la del resto de España.

La juventud gallega, en particular, enfrenta dificultades específicas que amenazan su capacidad para desarrollarse y prosperar en el entorno rural. La emancipación juvenil ha alcanzado mínimos históricos, con solo el 15,3% de los jóvenes entre 16 y 29 años viviendo de forma independiente a mediados de 2023, un reflejo de un mercado laboral desafiante y el incremento en los costos de vivienda. Además, la tendencia a la emigración juvenil, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales, así como por el atractivo de estilos de vida urbanos, plantea serias preguntas sobre el futuro demográfico y cultural del mundo rural gallego.

Como señalamos antes, otro aspecto preocupante es la preservación de la lengua gallega entre las nuevas generaciones. A pesar de ser cooficial durante más de cuatro décadas, el 23,9% de los niños menores de 15 años afirma no saber hablar gallego, lo que indica una creciente desconexión con uno de los elementos más característicos de la identidad gallega. Esta tendencia, junto con la disminución general en el uso del gallego, sugiere una erosión cultural que podría tener consecuencias duraderas para la cohesión social y la diversidad lingüística de la región.

Igualdad: En los últimos años, Galicia ha sido escenario de importantes debates sobre la igualdad de género, especialmente en el contexto de las políticas impulsadas por el gobierno del Partido Popular. La aprobación de la nueva Lei de Igualdade de Galicia, pese a ser presentada en un marco de avance legislativo, ha revelado la distancia entre las promesas políticas y la realidad de las medidas efectivas para combatir la desigualdad de género.

La Ley de Igualdad de 2004 marcó un hito en el compromiso institucional con la igualdad de género, estableciendo un marco normativo para abordar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. Sin embargo, la reciente actualización de esta ley, impulsada exclusivamente por el PP, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y de diversos sectores sociales, quienes argumentan que esta reforma representa un paso insuficiente hacia la igualdad real.

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, defendió la ley a finales de 2023 como un avance hacia la vanguardia de la igualdad, prometiendo un nuevo camino con más recursos para enfrentar la desigualdad. Sin embargo, la realidad es que el texto aprobado ha sido descrito como una mera actualización sin profundizar en medidas transformadoras que aborden las raíces de la desigualdad de género.

Tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG) han denunciado la falta de avances sustanciales en la ley, evidenciando una discrepancia entre las declaraciones de intenciones y las acciones concretas. La oposición ha señalado que, más allá de las correcciones lingüísticas y formales, el texto carece de contenido significativo que promueva un cambio real en la situación de las mujeres en Galicia.

La abstención de BNG y PSdeG en la votación de la ley refleja una preocupación compartida por un enfoque que consideran conservador y limitado, centrado en mantener el status quo más que en promover una igualdad efectiva. La crítica no solo se dirige a la insuficiencia de la ley sino también al proceso de negociación, donde se percibe una falta de voluntad política para incorporar propuestas que profundicen y amplíen los derechos de las mujeres.

La importancia de la pesca: Galicia, con su profunda conexión con el mar, ha visto en la pesca no solo una actividad económica sino un estilo de vida que define su cultura y cohesiona a sus comunidades costeras. Este sector, crucial para la economía gallega, enfrenta en la actualidad una serie de retos que ponen a prueba su sostenibilidad y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

La pesca en Galicia representa más que un negocio; es el núcleo de una cultura marinera que ha sobrevivido generaciones, manteniendo activo el tejido socioeconómico del litoral. La región, con más de 50.000 empleos vinculados al sector y la mitad de la flota pesquera española, es un testimonio viviente de la importancia de la pesca no solo como fuente de ingresos sino como custodia de una rica herencia cultural.

Sin embargo, este sector vital se ve confrontado por múltiples desafíos. La modernización necesaria para combatir los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente y la urgente descarbonización de la flota pesquera son solo algunos de los retos que Galicia debe afrontar para preservar su sector pesquero. A esto se suma la problemática de la falta de relevo generacional, con una mano de obra que envejece y una juventud poco atraída por los rigores del oficio.

Las políticas de la Unión Europea, enfocadas en la sostenibilidad y la protección de ecosistemas marinos, si bien necesarias, han supuesto un desafío adicional para los pescadores gallegos, limitando sus áreas de trabajo y afectando su facturación. Aunque estas medidas buscan garantizar la supervivencia de los caladeros a largo plazo, la transición hacia prácticas más sostenibles no está exenta de dificultades.

Un aspecto crucial y a menudo subestimado del sector es el rol de las mujeres, que no solo contribuyen significativamente a la economía pesquera sino que son pilares fundamentales en el mantenimiento de las tradiciones y en la gestión del equilibrio con la naturaleza. Desde mariscadoras a trabajadoras en la industria conservera, las mujeres gallegas enfrentan, además, una lucha por la igualdad de derechos y reconocimiento dentro de un sector dominado tradicionalmente por hombres.

La adaptación a la emergencia climática y la igualdad de género son solo algunos de los retos que el sector pesquero gallego debe abordar para asegurar su futuro. La colaboración entre los actores del sector, el gobierno y las instituciones europeas es fundamental para desarrollar estrategias que permitan a Galicia continuar siendo un referente en la pesca, al tiempo que se protege su patrimonio natural y cultural.

Galicia se encuentra en un punto de inflexión donde la preservación de su legado pesquero debe ir de la mano con la innovación y la sostenibilidad. Aunque los retos son numerosos y complejos, la fortaleza de su gente, la riqueza de su cultura y la biodiversidad de sus mares son activos invaluables que, con el enfoque correcto, pueden guiar al sector hacia un futuro próspero y sostenible.

Con todo esto, queda claro que los retos que enfrentará el próximo gobierno gallego serán muchos y de diversas índoles. El domingo sabremos si el gobierno será continuista o habrá un cambio radical de ciclo para una nación necesitada de políticas públicas y de un horizonte transformador.

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