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Amnistía Internacional protesta por la falta de investigación de muertes en residencias — Gustavo Valiente / Europa Press / ContactoPhoto

Amnistía Internacional denuncia la violación de derechos humanos en las residencias de la Comunidad de Madrid

Durante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Amnistía Internacional ha denunciado que la Comunidad de Madrid violó cinco derechos humanos durante la primera ola de la COVID-19


Carmen Miquel, de Amnistía Internacional, compareció el pasado lunes en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid a razón de la investigación que llevaron a cabo en 2020 respecto a las muertes de personas mayores en las residencias durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y Catalunya.

En primer lugar, C. Miguel señaló que la gestión llevada a cabo, en este caso por la Comunidad de Madrid, violó hasta cinco derechos humanos de las personas mayores que vivían en las residencias; el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna. También señaló que para entender lo que sucedió en las residencias había que puntualizar el contexto, problemas del modelo residencial, problemas estructurales prepandémicos, problemas de dispersión normativa, falta de datos, dificultad de coordinación sociosanitaria y falta de inspecciones reforzadas, de cuestiones de gobernanza y de rendición de cuentas.

La situación tan delicada en la que se encontraban ex ante las residencias no extrae responsabilidad a las autoridades autonómicas, como dice C. Miguel “las autoridades conocían la especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores en residencias y no se adoptaron medidas suficientes e inadecuadas”.  Además, explica que para entender lo que ocurrió en las residencias de mayores, hay que atender a la situación tan deteriorada en la que se encontraba el sistema sanitario público debido a la “década de recortes sanitarios y sociales” que ha derivado en que la atención sanitaria haya empeorado, llegando en la pandemia a un colapso asistencial sanitario de centros de atención primaria y de las urgencias hospitalarias. Este modelo sanitario, tan debilitado, también puso en peligro al personal sanitario y residencial al no proveerles de materiales y equipos de protección como los EPI.

Para finalizar su comparecencia, Carmen Miquel señaló que para que esto no vuelva a ocurrir, debe haber un nuevo modelo residencial que garantice los derechos de los residentes y, sobre todo, cumplir con el lema verdad justicia y reparación. Por lo que reclama a todas las autoridades de España que hagan todo lo posible para que se reabran los casos judiciales cerrados y se abran nuevas investigaciones que aseguren que lo que ha ocurrido no vuelva a suceder pues “es uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de nuestro país y ha habido vulneración de derechos humanos que deben ser reparados”.

El mismo lunes, durante un desayuno en el Forum Europa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresaba que trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales «no garantizaba la supervivencia» y acusa a la izquierda de estar “a un paso de acusarnos de genocidio, y no lo voy a tolerar”. Estas declaraciones vienen dadas tras una semana enfangada por las mezquinas palabras de Ayuso en la Asamblea de Madrid respecto a la actuación de su gobierno autonómico de no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales ya que se morían igual en un lado u otro.


Madrid –

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