Actualidad

Continúan las reducciones y excarcelaciones de agresores sexuales por una parte del poder judicial

Pese a las directrices de la Fiscalía General del Estado y la voluntad expresa en la propia Ley Solo Sí es Sí, una minoría de jueces continúa rebajando condenas a agresores sexuales.

El Consejo General del Poder Judicial ha elegido su perfil en la red social X (antiguo Twitter) para hacer pública una tabla con las últimas cifras de reducciones de pena producidas a agresores sexuales fruto de decisiones judiciales. De fondo permanece el debate sobre la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la Ley Solo Sí es Sí tras su entrada en vigor en octubre de 2022.

Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, caducado en sus funciones desde hace cuatro años y nueve meses, los tribunales han acordado 1205 reducciones de pena y 121 excarcelaciones, un leve repunte tras los datos de julio de 2023, que se estimaban en 1155 y en 117 respectivamente. No obstante, esta política de recogida de datos oficiales no está exenta de polémica y refleja la trifulca interna en el Consejo: ya en marzo de 2023 El Periódico de España reflejaba la descomposición entre los integrantes que se acusaban de manipular la información respecto de la Ley del Solo Sí es Sí para dar una visión parcial y sesgada del sector conservador.

Observando la tabla de resoluciones que acompaña al tweet, que corresponde a las resoluciones confirmadas a 1 de septiembre de 2023, el grueso de las reducciones de condena y de las excarcelaciones dictadas por los jueces se concentran en las Audiencias Provinciales, por lo que no gozan de firmeza judicial, es decir, todavía podrían ser recurridas ante instancias superiores. La nota informativa completa que el CGPJ adjuntaba en un segundo tweet ampliaba la información con otra tabla en la que calcula el porcentaje de revisiones que han implicado revisión de condena, una media del 31,4%, si bien en la propia información se puntualiza que solo han sido computados aquellos órganos que han informado del total de revisiones efectuadas, es decir, que sólo cuenta con la información de aquellos territorios que han comunicado el dato, pero no presenta los datos totales de solicitudes presentadas ni de peticiones rechazadas.

Una minoría judicial continúa dictando sentencias en las que reduce la penas de agresores sexuales en contra de lo dictado por la propia Fiscalía General del Estado, que emitió una circular en marzo de 2023 en la que ya unificaba criterios para guiar a los fiscales ante posibles revisiones de condena tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Dicha circular indicaba que debían oponerse a la revisión de condenas cuando la pena impuesta pudiera aplicarse con la nueva ley. El Fiscal General del Estado defendió de nuevo recientemente la posición asumida por el Ministerio Fiscal en contra de las rebajas durante la apertura del año judicial, sin embargo, las advertencias de Fiscalía y el criterio mayoritario de los tribunales no es suficiente para algunos magistrados que continúan interpretando la norma de forma contraria a la posición general.

Mientras, el Consejo General del Poder Judicial continúa sin una renovación que lastra su legitimidad democrática con comunicaciones como esta.

La publicación era contestada por la Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell, que lamentaba que un años después, “siguen sin darse los datos de los agresores con más penas, como las nuevas inhabilitaciones para realizar actividades con menores de edad, y de los hechos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 10/2022, es decir, no condicionados por las viejas sentencias de penas mínimas.”

Consultada por Diario Red, Rosell añade que desde el CGPJ “no dan datos a sentencias dictadas por hechos posteriores a la entrada en vigor de la Ley Sí es Sí”, sino que insisten en autos que revisaban solo a la baja sentencias que ya adolecían de los defectos de aplicación de la antigua regulación”. Rosell insiste en la importancia de informar sobre los efectos de la nueva norma vigente: “Hay muchas más medidas favorables a las víctimas: medidas de reparación psicológica, económica, social. Tampoco se dan datos sobre las sentencias respecto de violencias leves que ahora se están denunciando y antes no. Penas como inhabilitaciones para actividades con menores o para la función pública o determinados cargos empresariales, etcétera.”. La Delegada de Gobierno pone además en valor otra de las mayores novedades de la ley: la protección integral de quienes no denuncian la violencia sexual, el 92% de las mujeres según la última Macroencuesta de violencia contra la Mujer.

Pese a haber solicitado en febrero de 2023 todas las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de esta ley a todos los órganos judiciales, el CGPJ ha elegido difundir únicamente los datos de las viejas sentencias, muchas de las cuales ya se sabía de antemano que habían aplicado penas mínimas con la antigua legislación, sentencias lastradas por decisiones judiciales  que en muchos casos, o bien no aplicaban agravantes, o tenían un sesgo patriarcal fruto de la falta de formación y de especialización en violencias machistas y específicamente en violencia sexual de quienes las habían dictado.

Mientras, el Consejo General del Poder Judicial continúa sin una renovación que lastra su legitimidad democrática con comunicaciones como esta. Hace apenas dos meses, en el mes de julio, la Comisión Europea volvía a recordar a España su preocupación por esta situación en su informe anual sobre el Estado de Derecho, donde destacaba la importancia de renovar urgentemente el CGPJ y tomar medidas para adaptar el procedimiento de sus miembros a los estándares europeos.