Serigne Mbaye durante una manifestación contra el acoso policial — Matias Chiofalo / Europa Press
De las cargas en Vallecas a la violencia en Lavapiés
Las condenas por atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia se han incrementado un 34% desde la aprobación en 2015 de la Ley Mordaza
Después de 9 años la Ley Mordaza sigue generando consecuencias como el último caso que se ha viralizado en las redes sociales ha sido el de dos jóvenes agredidos por agentes de la Policía Nacional en el barrio madrileño de Lavapiés.
Este tipo de actuaciones se han convertido en la cotidianidad con la que la población civil tiene que lidiar, cacheos injustificados, presunción de veracidad en las actuaciones policiales, manifestaciones o reuniones públicas solo con permiso previo de la Administración son solo algunas de las restricciones que esta Ley impuso en su momento. Las sanciones graves en caso de infringir algunos preceptos también se vieron elevadas, tanto en cuantía como en actuaciones susceptibles de multa, pasando de haber 15 preceptos a 23 que pueden llevar a multas de entre 601€ hasta 30.000€ según el grado en el que se cometa la infracción.
Actualmente, la Ley regula la detención con el fin de identificar a posibles infractores habilitando a la Policía a trasladar personas a dependencias policiales un máximo de 6 horas, en la anterior Ley este tiempo solamente podía ser el imprescindible para lograr el cometido por el cual se era trasladado. Este mismo apartado hace referencia al respeto por parte de los agentes del principio de proporcionalidad y de no discriminación, sin embargo, las personas racializadas son el objetivo principal de las identificaciones como asegura un estudio de 2013 de la Universitat de València solo el 8% de las detenciones practicadas a pie de calle era a españoles.
Otra gran arista en esta Ley es la presunción de veracidad de las actas elaboradas por los agentes en el caso de una identificación, esto implica que los hechos consignados en la misma se consideran veraces sin necesidad de más pruebas haciendo recaer la responsabilidad de desmentirla en el sancionado, ocasionando una indefensión absoluta ante el mero testimonio de los agentes dentro de los procedimientos administrativos.
Este es usado de manera arbitraria sobre aquel que levante las sospechas de los agentes, que junto a los anteriores aspectos conforman una triada legal que deja un dudoso margen de libertad para los estándares de los que se hace alarde en el entorno europeo.
Respecto al cacheo se introdujo un artículo propio en el cual ante “indicios racionales” se podrá practicar un registro corporal externo, no obstante, este es usado de manera arbitraria sobre aquel que levante las sospechas de los agentes, que junto a los anteriores aspectos conforman una triada legal que deja un dudoso margen de libertad para los estándares de los que se hace alarde en el entorno europeo. Precisamente, en 2022 la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, en su visita a España criticó la reforma practicada en 2015 asegurando que se deben hacer esfuerzos por parte del país para alinearse con los estándares en Derechos Humanos internacionales y europeos.
La presidenta del Congreso, Meritxel Batet y la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic — Congreso de los Diputados
Casos en los que se acusa de desobediencia a la autoridad por, por ejemplo, negarse a servirle un café de nuevo a un Guardia Civil como el que aconteció en 2022 ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pueden plantear problemáticas respecto a cómo interpretar la estadística proporcionada por el Consejo General del Poder Judicial en la que los condenados por este delito se incrementan, pero la tasa de criminalidad del país es baja frente a los países de su entorno conforme datos del Ministerio del Interior.
El reciente episodio de Lavapiés es solo el último caso de una larga saga de abusos perpetrados en virtud de esta Ley que vino a fijar unos nuevos límites represivos en el país.
Madrid –
