Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica — Diego Radamés / Europa Press

Después de la amenaza de Repsol y la exigencia del PNV, el gobierno de Sánchez se plantea retirar el impuesto a las energéticas

Varias informaciones apuntan a que el Ministerio de Teresa Ribera estudia revisar el tributo y no extenderlo más allá de 2024


El impuesto a las energéticas, vigente durante dos años y hasta 2024, podría no renovarse, según apuntan medios como El Confidencial. El gobierno de Pedro Sánchez podría ceder a las presiones desde distintos frentes para dejar caer el tributo, especialmente, desde el PNV, que se ha opuesto abiertamente a la renovación del gravamen al que considera “mercancía averiada”.

El sector energético también ha ejercido una resistencia activa al tributo: el presidente de Repsol, Antonio Brufau, amenazó abiertamente al gobierno advirtiendo de que «Si tenemos impuestos que no tienen Portugal ni Francia, nuestra decisión será irnos allí».

Bruselas tampoco parece dispuesta a mantener el pulso ante las amenazas de las energéticas: la Comisión Europea ha expresado dudas sobre la conveniencia de ampliarlo pasado el año que viene, con la excusa de unos precios más contenidos y una situación diferente al escenario de 2022 con la guerra en Ucrania como telón de fondo.

La ministra de Transición Ecológica, en declaraciones a EFE, matizaba que «Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa».

El acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, abordaba esta cuestión relativa a revisar el tributo, —aunque probablemente no en el sentido hacia el que presiona REPSOL o los conservadores vascos— comprometiéndose a la revisión de los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas “con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».


Madrid –

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