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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 12 de diciembre, Madrid — Gustavo Valiente / Europa Press / ContactoPhoto

El Ayuntamiento de Madrid afirma que la Operación Mascarillas de Luceño y Medina no le ha supuesto ningún perjuicio al consistorio

Así lo ha expresado el Ayuntamiento en su defensa ante la denuncia de Podemos en el Tribunal de Cuentas, con una versión que contradice al propio consistorio que al tiempo está acusando a Luceño y Medina por los perjuicios causados en una contratación que ahora niega


Cuando en la primavera de 2022 saltó el escándalo por la estafa del caso Mascarillas que afectaba al Ayuntamiento de Madrid, el consistorio dirigido por Almeida, al ser señalado política y mediáticamente como presunto cómplice de los comisionistas Luceño y Medina, pasó a querellarse contra ambos empresarios con el objetivo de defenderse así de las sospechas sobre el papel del PP en este asunto millonario.

Sin embargo, el argumento del Ayuntamiento según el cual es un ente perjudicado por la estafa de los comisionistas, se contradice con lo que el propio Ayuntamiento ha alegado ante el Tribunal de Cuentas a raíz de una denuncia de Podemos. En el auto del archivo por parte del TCU, se puede leer la alegación de la defensa del consistorio municipal, que contradice completamente la versión del Ayuntamiento en la querella contra Luceño y Medina.

El consistorio municipal alega ante el Tribunal de Cuentas “que no se ha producido menoscabo alguno, efectivo y debidamente cuantificado en los fondos municipales, susceptible de originar un saldo deudor injustificado”. Parece así que el Ayuntamiento da una versión de los hechos diferente según el caso. En la querella contra los comisionistas dice ser parte afectada por estafa y sobrecostes mientras que ante la denuncia de Podemos en el TCU alega que no hubo menoscabo alguno en los fondos municipales “susceptible de originar un saldo deudor injustificado”.

Mientras, en la querella contra Luceño y Medina el Ayuntamiento exige a los acusados indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) con 7.931.419,23 euros.

La denuncia del partido morado ante el Tribunal de Cuentas tenía como objetivo exigir responsabilidades a los altos funcionarios del PP por el gran sobrecoste de los materiales adquiridos por el consistorio durante la pandemia. Los tres ejes principales de la denuncia eran los siguientes: el sobreprecio en todos los productos derivados de las altas comisiones de los intermediarios; la constatación de que los guantes que se sirvieron no eran los que se habían pedido, porque la adquisición era de guantes «hasta el codo» y los que se sirvieron solo llegaban «hasta la muñeca»; los test que se pidieron no tenían la fiabilidad mínima exigible.

En el caso de los guantes, Podemos denuncia que “la responsable de compras de facto del Ayuntamiento de Madrid, la Sra. Collado, le pide explicaciones por whatsapp al acusado Luceño (“por Dios. Dime algo. Nos han estafado seguro”), al tiempo que le remite la fotografía de unos guantes de nitrilo de un supermercado español con el mensaje “3,5 euros caja de 15 guantes”, esto es, le indica que los guantes adquiridos a 2 dólares el par se podían comprar al por menor y ya en España al precio de 0,23 €”. Respecto a los tests de Covid, los morados ponen como ejemplo el correo de Antonio Prieto, Gerente de Madrid Salud, en el que se puede ver cómo desaconseja utilizar dos de los tres lotes adquiridos por su baja sensibilidad a la hora de diagnosticar.

Finalmente, el TCU ha desestimado la causa, atendiendo al escrito del Ayuntamiento según el cual no hubo perjuicio en los fondos municipales “susceptible de originar un saldo deudor injustificado”. Algo que es diametralmente opuesto a lo que el Ayuntamiento de Madrid expresa en su acusación por estafa contra Luceño y Medina pero que podría comprometer gravemente la defensa de su posición en el procedimiento penal e incluso librar de las consecuencias a los comisionistas denunciados, si prospera la nueva tesis sostenida ahora por el consistorio madrileño.


Madrid –

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