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El alcalde de Murcia y el presidente de la Región de Murcia guardan un minuto de silencio en memoria de las y los fallecidos.

Javier Carrión / Europa Press

El ayuntamiento de Murcia, juez y parte en las muertes de las discotecas incendiadas este fin de semana

La orden de cierre de ambas salas dictada en 2022 no se había ejecutado, dejando a las discotecas operar sin licencia ni garantías por el mismo Ayuntamiento que se personará como acusación particular del caso


Según informa Europa Press, las discotecas Teatre y La Fonda en las que se inició el trágico incendio  que se ha cobrado de momento 13 vidas  tenían que haber cesado su actividad hace más de un año y dejar de operar, ya que había una orden de ejecución de cierre que el local no cumplió.

Aunque el tratamiento morboso de la noticia ha opacado las cuestiones políticas tras el desastre, hoy, durante una rueda de prensa urgente, el teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente de Murcia Antonio Navarro (PP), ha comparecido acompañado del anterior teniente de alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero (PSOE), así como otros miembros del equipo de Gobierno, como la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno. Los representantes de ambas legislaturas se presentan unidos para asegurar que el Ayuntamiento de Murcia se personará como acusación particular en este proceso. Asimismo, afirmaban que llegarán hasta el final al exigir «la depuración de todas las responsabilidades del expediente».

Sin embargo, la responsabilidad en materia de inspección y licencias parte, de hecho, de la corporación municipal. Tal y como informaba Facua, existía una orden de cierre de 2022 que no fue ejecutada, permitiendo a ambos locales segur abiertos. Y es que, la empresa Teatre presentó un proyecto para dividir en dos el local y para ello se le exigió una nueva licencia que no presentó, dado que no valía la de 2008. La empresa, pues, incumplió las órdenes de cese y cierre de la discoteca, y el Ayuntamiento pudo faltar a la debida diligencia en sus funciones de inspección para impedirlo.

Según lo declarado en la rueda de prensa, en enero de 2022 se ordenó el cese de Teatre, único local existente, el recurso se resolvió en marzo de 2022 y se desestimó y en octubre de 2022 se requirió que se ejecutara el cese. 

La empresa, pues, incumplió las órdenes de cese y cierre de la discoteca, y el Ayuntamiento pudo faltar a la debida diligencia en sus funciones de inspección para impedirlo

Este mismo lunes el empresario dueño de la sala también ha querido defender su postura: El abogado de la sala ‘Fonda Milagros’, Francisco Adán, ha negado que pesara sobre su discoteca una orden de cese de actividad, en contra de lo afirmado por el Ayuntamiento, señalando que el fuego se produjo en la discoteca anexa, ya que la suya contaba con licencia, aunque la documentación se encontraba en el interior del local y «se ha quemado». El abogado afirma que «El Ayuntamiento sabe perfectamente que el local estaba funcionando y en ningún momento mi cliente ha recibido notificación del cese de la licencia, según la información que a mí me transmiten».

También se presentará como acusación particular la patronal estatal del ocio nocturno, Spain Nightlife si, como parece, se confirma que se encontraban funcionando de forma ilegal, sin la licencia necesaria y con una orden de cierre dictada que no se había acatado.


Madrid –

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