El presidente interino del CGPJ en un desayuno informativo con Feijóo. — Eduardo Parra / Europa Press
El CGPJ caducado expresa su “rotundo rechazo” a las críticas de Teresa Ribera al juez García Castellón
El gobierno de los jueces, controlado por una mayoría afín al PP y Vox, entiende que las afirmaciones de la ministra son “contrarias al principio de lealtad institucional”
El Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está vencido desde hace más de cinco años y está controlado por una mayoría de magistrado cercanos a PP y Vox, han emitido un comunicado contra la declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en relación a una resolución del juez instructor de ‘Caso Tsunamic Democrátic’, Manuel García Castellón, en el que pide que se considere un delito de terrorismo que el independentismo no comunicara una manifestación a favor de los presos políticos.
La declaración institucional del CGPJ, aprobada por unanimidad, es la forma que la derecha judicial tiene de defenderse de las acusaciones de la ministra Ribera de que la decisión de García Castellón “tiene una implicación política importante” y que sus resoluciones suelen salir en “momentos sensibles” y “siempre en una misma dirección”.
El CGPJ caducado considera necesario, “desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión”, reafirmar que la actuación del Poder Judicial “persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.
Así, el gobierno de los jueces, cuyo presidente interino es Vicente Guillarte, entiende que las afirmaciones de la ministra son “contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial”.
Recalcan los magistrados del CGPJ que no es la primera vez “en el presente mandato” que miembros del Ejecutivo han hecho otros pronunciamientos críticos con el Poder Judicial, por lo que apelan a la “moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados”.
Madrid –
