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El gobierno quiere evitar que se vote en el Congreso la  participación de España en la misión militar en el Mar Rojo

Tras las idas y venidas desde el lunes, fuentes militares afirman que nuestro país apoyará la operación  «Guardián de la Prosperidad» impulsada por EEUU a demanda de Israel en el marco de la operación «Atalanta», creada en 2008

El interrogante sobre cómo y hasta qué punto nuestro país podría implicarse en la operación Prosperity Guardian sigue abriendo titulares. La tarde del miércoles, una última hora de la Cadena Ser confirmaba por fin que nuestro país sí se implicaría en la misión naval, zanjando así los titubeos de Defensa y las elucubraciones sobre cómo se podría producir esa participación. Si el lunes por la noche el anuncio de Estados Unidos incluía a España en la decena de estados preparados para emprender la misión que garantice el control en el Mar Rojo, el martes era la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que matizaba los titulares asegurando que nuestro país solo actuaría bajo el paraguas de la UE o la OTAN, sin cerrar, no obstante, la posibilidad de participar del operativo impulsado por EEUU.

El vicealmirante Villanueva Serrano, comandante de la misión ‘Atalanta’, fue quien confirmó en sus redes sociales que  en respuesta a la firme cohesión de los Estados miembros de la UE, la Eunavfor Atalanta ya ha comenzado a cooperar con la Operación ‘Guardián de la Prosperidad’ en el sur del Mar Rojo, y espera brindar aún más apoyo, a través de un respaldo concreto y el empleo de las capacidades adecuadas».

El interrogante descansa ahora en si ese “respaldo concreto” y ese incremento del apoyo estarán cubiertos por la actual participación española en Atalanta o necesitarán de alguna forma de refrendo para llevarse a cabo. De ser así —como recordaba el propio Feijóo— la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 obligaría a la aprobación parlamentaria de una actuación militar de estas características fuera de las fronteras españolas: el artículo 17 exige que aquellas misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, se realicen los trámites de consulta previa y autorización mediante procedimientos de urgencia, y, de no poderse por razones de máxima urgencia, el Gobierno, aunque podría prescindir de la consulta previa, debería someter su decisión al Congreso de los Diputados lo antes posible para ser ratificada.

En un artículo de La Vanguardia publicado este miércoles, Enric Juliana planteaba esa necesidad de refrendo parlamentario y despejaba dudas sobre una negativa a participar de la misión. El periodista aseguraba que la inclusión de España la lista anunciada desde Washington no es una casualidad. De hecho, según informaba, fuentes del ejecutivo confirman que nuestro país sí había mantenido conversaciones con Estados Unidos, quién tiene interés en desplegar cuanto antes la operación para evitar pérdidas y desvíos de rutas comerciales, pero el anuncio de la misión no era demasiado oportuna para el “timing” de Sánchez. Si Feijóo le afeaba su falta de explicaciones, también este mismo miércoles el Presidente se enfrentaba a una sesión de control en el Congreso en la que el embargo de armas a Israel ha logrado tener protagonismo durante la jornada con rotundas exigencias como las de Ione Belarra o Gabriel Rufián en tribuna. Y es que, de necesitarse una ratificación parlamentaria, esto pondría en serios aprietos las mayorías de investidura y Sánchez podría necesitar del Partido Popular para refrendar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, su política exterior.

De participar bajo el paraguas de Atalanta, nuestro país podría quizá esquivar este trámite: la operación de la Unión Europea fue creada a instancia de nuestro país y de Francia para luchar contra la piratería en el océano Índico y lleva en vigor desde 2008. España es el mayor contribuyente de la operación, que se justificó por el alto riesgo para los 20.000 barcos que anualmente cruzaban el mar Rojo y el golfo de Adén, pasos obligados de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa. El contingente español enviado en 2009 sí fue autorizado por el Congreso de los Diputados.

Mientras, los aliados occidentales van concretando sus posiciones en lo que parece una escalada regional del conflicto. El martes, en una declaración a tres, la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, junto con otros países aliados, condenaban los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen afirmando que estos “amenazan el comercio internacional y la seguridad marítima», llegando a calificar de «atroz» la captura por parte de los rebeldes de un buque el pasado 19 de noviembre. En ese comunicado, colocaban la responsabilidad responsabilidad ante una posible escasez de alimentos, combustible, bienes humanitarios o productos básicos en los rebeldes yemeníes.

Por su parte, los rebeldes hutíes han respondido a los últimos movimientos reiterando su posición. El líder de los hutíes, Abdul Malik al Houthi, ha afirmado ayer mismo en Al Jazeera que “no nos quedaremos de brazos cruzados», y que «Estados Unidos sabe que presta un servicio exclusivamente a Israel y no a la navegación internacional”. En ese mismo comunicado, al Houthi ha señalado sin ambages la acción de los EEUU: «Los estadounidenses participan con el ejército de ocupación en la agresión contra Gaza con sus expertos y asesores. Los estadounidenses proporcionan al Ejército de ocupación aviones de combate y armas prohibidas internacionalmente, incluido el fósforo blanco». La Unión Europea tampoco ha salido bien parada: «No esperamos que los europeos, con toda su oscura historia, desempeñen un papel positivo en beneficio del pueblo palestino», solicitando a la comunidad internacional que «ni se involucre ni se sacrifique al servicio de Israel», puesto que los hutíes no tienen como objetivo la navegación global, sino el «sionismo y sus socios».