Nadia Calviño y M. J. Montero, Sevilla, Julio 2023 — Europa Press
Europa pondrá a las nuevas generaciones ante un precipicio climático y tecnológico si recupera las reglas de austeridad
Calviño, empecinada en lograr un pacto al límite en la Presidencia española de la UE, quiere garantizar la “sostenibilidad fiscal” a largo plazo
El 7 de febrero de 2024 se cumplen 32 años de la firma del Tratado de Maastricht y de sus objetivos de déficit y deuda públicos respecto al PIB, respectivamente, el 3% y el 60%. Los 27 estados miembros relajaron el cumplimiento de estas reglas durante la pandemia, consiguiendo que el impacto de la crisis sobre la economía europea se atenuara gracias a la fuerte inversión. Ahora la Unión Europea corre el riesgo de situarse ante un precipicio climático y tecnológico si las recupera, frustrando el futuro de los más jóvenes. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está empecinada en lograr un acuerdo al respecto en los escasos días que quedan de Presidencia española de turno. Quiere irse a su nuevo destino en el BEI (Banco Europeo de Inversiones) con el deber cumplido de garantizar que “la sostenibilidad fiscal y financiera sea un hecho a largo plazo”, según sus palabras. Tanto ella como sus colegas de Alemania, Austria o Países Bajos parecen desconocer los múltiples trabajos técnicos donde se demuestra que los recortes en inversión pública de la crisis de 2008-2010 aumentaron los ratios y agravaron la situación, en un efecto contrario a lo buscado por los neoliberales.
Hay que dejar claro que no hay ningún estudio económico en el planeta Tierra previo al Tratado de la Unión que demuestre que los límites fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE son los adecuados para la buena marcha de las finanzas públicas de cualquier país. Al contrario, son arbitrarios, aunque no caprichosos: se corresponden a los datos fiscales de Alemania en 1992, un 2,6% del PIB de déficit y una deuda del 40%, que, por la reunificación con la República Democrática Alemana, se puso en el 60% del PIB en 1997, el año en que se inició el proceso que culminó con la puesta en circulación del euro el 1 de enero de 2002. Quizá alguien crea que no es necesario remontarse a lo que ahora vemos como la prehistoria, pero debemos entender que aquel fue el momento donde el llamado “motor de la economía europea” impuso a sus socios unas reglas de funcionamiento presupuestario, y quiere seguir haciéndolo.
Los preceptos neoliberales también llegaron al Fondo Monetario Internacional y, al desencadenarse la crisis financiera, provocaron el austericidio, los recortes masivos en sanidad, educación, pensiones y toda clase de políticas sociales, eso sí, inyectando cantidades ingentes de dinero en los grandes bancos (64.000 millones de euros en España). El propio Olivier Blanchard, que fue economista jefe del FMI de 2008 a 2015, ha reconocido reiteradamente que sus pronósticos “subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interna con la consolidación fiscal”. Sobre las intenciones de volver a la disciplina en la UE a partir de 2024, él mismo ha advertido que “conducirá a resultados económicos y políticos catastróficos, por no mencionar una posible restricción de la tan necesaria inversión pública verde”. Un estudio de la OCDE sobre el efecto de los recortes en 17 países miembros, entre ellos España, desde 1980 a 2014, concluye que estas políticas produjeron un daño crítico en las inversiones relacionadas con la transición provocada por el cambio climático y la innovación tecnológica, imprescindibles para garantizar el futuro de la población.
Hace un año Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, afirmó algo parecido: “Si de verdad se quiere que los estados impulsen la transición digital y energética, será necesario realizar inversiones muy cuantiosas, extraordinarias, y eso debería ser contemplado como tal, como algo extraordinario, a la hora de elaborar los marcos presupuestarios”. La solución sería que estas inversiones, clave para el desarrollo de las nuevas generaciones, previstas además en el Plan de Recuperación de la UE tras la crisis del COVID, no se contabilicen como déficit público.
El efecto contraproducente de los recortes en la inversión pública se demuestra con datos. Antes de la crisis financiera de 2008, España tenía un nivel de deuda del 35,8% del PIB, Irlanda, del 23,9%, ambos por debajo del de Alemania, 64%. Tras los brutales ajustes del gasto, la deuda pública del conjunto de la UE pasó del 72% del PIB en 2007 al 103% en 2014. España alcanzó en 2022, tras la pandemia, una deuda del 111,6% del PIB con un déficit presupuestario del 4,73%.
Los recortes en inversión pública de la crisis de 2008 aumentaron déficit y deuda, al contrario de lo que se pretendía
Los economistas llamados ortodoxos, que podrían calificarse de “austericidas”, han recomendado insistentemente el control de las inversiones públicas, sin tener en cuenta que la UE no es un solo estado, sino 27 países independientes cuyos ciclos económicos —el tránsito sucesivo de la expansión a la recesión y vuelta a empezar— no marcha a idéntico ritmo, sino que cuando, por ejemplo, Alemania sufre un recorte del crecimiento, en el sur aumenta la actividad económica y viceversa. Por eso otros economistas, los considerados “críticos”, creen que Europa se equivoca al seguir empeñándoseen aplicar medidas de política fiscal sin tener en cuenta la fase del ciclo en la que se encuentra la economía de cada estado miembro. Las reglas fiscales impuestas por las autoridades europeas han sido procíclicas en el conjunto de la UE y en España. Es decir, que en lugar de corregir la tendencia recesiva del ciclo, la han reforzado, causando un enorme sufrimiento a la ciudadanía y el hundimiento de la actividad. La Comisión asegura que el plan que defiende en estos momentos corregirá este problema, pero no parece ser así cuando en los últimos tiempos ha descartado el “traje a medida” que debería realizarse para que cada país tuviera los objetivos de déficit y deuda adecuados a su coyuntura.
Las negociaciones entre los 27 para volver a las reglas fiscales se prolongan hace meses por el enfrentamiento entre los estados ortodoxos, liderados por Alemania, y los que defienden la flexibilidad, Francia, Italia, España o Portugal, cuyos ratios de déficit y deuda son mayores. La vicepresidenta española ha ido aproximando sus propuestas a las alemanas en su esfuerzo por lograr un acuerdo antes del fin del semestre español, aunque insiste en que pretende garantizar la estabilidad fiscal y financiera de la UE, con “espacio” para abordar la transición verde y digital y todas las inversiones declaradas prioritarias por los 27.
Pero la realidad se opone a las buenas palabras. Resulta que Calviño envió a Bruselas el pasado octubre el Plan Presupuestario para 2024, sometiéndose al dogma del control del déficit y la deuda, fijándolos en el 3% y el 110% del PIB, respectivamente. Admitió que para lograrlo habrá que realizar ajustes porque se está agotando el margen de crecimiento del PIB que hasta ahora compensaba el “desfase presupuestario”. Las estimaciones remitidas a la Comisión, fijan una reducción del déficit el año que viene de 10.000 millones de euros, situándolo en 46.000 millones, a costa de eliminar las ayudas que se pusieron en marcha para paliar los problemas de la guerra en Ucrania. La subida de las pensiones de acuerdo con el IPC y la del sueldo de los funcionarios serán las únicas partidas presupuestarias que aumentarán.
Hace unos días, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el techo de gasto presupuestario para 2024, situándolo en 199.120 millones de euros, un 0,5% por encima del actual ejercicio, contando con los fondos europeos. Este dato no es contradictorio con el retorno al control del déficit comprometido por la titular de Economía porque Montero cuenta con un incremento de los ingresos tributarios del 9% sobre los de 2023.
Madrid –
