María Jesús Montero en la presentación del III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, febrero 2023 — Ricardo Rubio / Europa Press
Gobierno y CCAA tienen paralizados unos 19.000 millones de los fondos de recuperación y cobran intereses por ellos
A fin de año España recibe el último tramo de los 70.000 millones a fondo perdido de la UE, deben ejecutarse antes de agosto de 2026, pero van con retraso
Antes de que suenen las campanadas que iniciarán 2024, España recibirá los últimos 10.000 millones de euros gratuitos de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Con este pago se completarán los 70.000 millones adjudicados a nuestro país que no deben devolverse y que se están inyectando en la economía por medio de los doce Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los famosos PERTE, diseñados por el Gobierno central, en los que colaboran comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y privadas y centros de investigación. En agosto de 2026 este montón de dinero debe estar ejecutado, pero de momento su gestión no parece ir a la velocidad adecuada. El Banco de España cifra en 19.840 millones los fondos del Estado acumulados. Los de las otras administraciones están en bancos privados. Estos millones les rentan al menos un 3,5%, lo que supone entre 500 y 700 millones de euros anuales.
Entre dinero a fondo perdido y créditos, España puede llegar a recibir de la UE 163.000 millones de euros desde 2021 a 2026. La incógnita es si este enorme volumen de inversión será eficaz, si conseguirá el objetivo marcado de modernizar la economía española y adaptarla al cambio climático. El Gobierno asegura que la mayor parte de los PERTE se gestionará desde los ministerios, quizá duda de la capacidad de CCAA y ayuntamientos. Muchos de los proyectos van retrasados, como el de los vehículos eléctricos y el de la Inteligencia Artificial, aunque es cierto que este último depende en gran parte de las decisiones de la UE que se están tomando en los últimos días. Es cierto que la burocracia ralentiza el proceso, pero cuando se manejan estas grandes cantidades el control del Estado es imprescindible para que no caigan en manos precisamente de quienes más critican la metodología pero secuestrarían los fondos para su propio beneficio, impidiendo que sus efectos lleguen a toda la sociedad.
Esta gran inversión puede modernizar la economía española y adaptarla al cambio climático si se gestiona con eficacia y buscando el bien común
Al conocer el volumen de dinero inmovilizado, se puede pensar que las distintas administraciones son negligentes al adjudicar los proyectos o que prefieren engrosar sus arcas cobrando intereses. No es necesariamente así en todos los casos. Hay un goteo constante hacia las empresas beneficiarias, pero está siendo más lento de lo esperado. Los analistas apuntan a que en la Administración central faltan funcionarios para realizar los trámites. Estaría sucediendo algo similar a lo ocurrido con el Ingreso Mínimo Vital, que no está llegando a todos los que tienen derecho a él porque la Seguridad Social es un cuello de botella. La amortización de las plazas de trabajadores públicos que se jubilan, iniciada por el ejecutivo de Rajoy, no se ha solucionado.
Lo que no está tan claro es qué sucede en CCAA y ayuntamientos porque no informan de la marcha de sus adjudicaciones con la transparencia del Estado. No es una situación nueva. Hacienda tuvo que meter prisa a Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía por no tramitar a tiempo los fondos de desarrollo regional y cohesión del presupuesto comunitario 2014-2020 ni siquiera en la prórroga hasta 2023 que dio la Comisión Europea. Madrid es la más informal. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso apenas había realizado un 43,4% del gasto planificado, según el balance de la Fundación Finnova, dedicada a consultoría y gestión de fondos europeos, y tenía pendientes de gastar 1.511 millones de euros de los FEDER a 4 de octubre de este año. Cuando el dinero de la UE no se utiliza en el plazo establecido retorna a las arcas comunitarias.
Volvamos a los fondos de recuperación. No sabemos si por las elecciones autonómicas, locales y generales y los consiguientes cambios de gobierno, en el primer semestre del presente año el ritmo de ejecución se ralentizó “significativamente” respecto a 2022, según un estudio del observatorio NextGen de Llorente y Cuenca, elaborado a partir de fuentes oficiales. Esta consultoría calcula que la Administración central deja sin adjudicar uno de cada cuatro euros en sus convocatorias y licitaciones, pero no dice nada sobre autonomías y ayuntamientos porque simplemente no publican sus datos.
Fundamentalmente por esta falta de cifras de las administraciones autonómicas y locales se desconoce cuanto dinero ha llegado realmente a las empresas. Solo se sabe con certeza que España ya ha recibido 37.000 millones de euros, de los que 24.300 millones se han transferido a las CCAA. La de los ayuntamientos es una zona de sombra todavía mayor porque cada gobierno municipal actúa a su aire. Este 1 de diciembre España envió a la Comisión un informe de los cien mayores perceptores de los fondos del Plan de Recuperación. El 70% de los municipios españoles tiene fondos para gestionar. Según el listado remitido a Bruselas, el Ayuntamiento de Madrid es la corporación local que más ha recibido, en concreto 65 millones de euros. Le siguen Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo, Málaga y la empresa pública de transportes de la zona metropolitana de Barcelona.
José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital, parece creer que los fondos europeos solo están destinados a obras públicas y, además, no las realiza de forma equitativa. Según publicó El Salto en el mes de mayo, Almeida había invertido en una sola obra en el céntrico Barrio de Salmanca, donde el voto al PP es mayoritario, casi cien veces más que en todo el distrito de Vallecas, tradicionalmente obrero y de izquierda. En el distrito de Ciudad Lineal, con zonas de diversos niveles de poder adquisitivo, asociaciones de vecinos sospechan que el Ayuntamiento se dedica a levantar y volver a construir aceras en buen estado con el objetivo de enriquecer a empresas constructoras y justificar los fondos.
El tejido productivo español recibió, siguiendo los datos de contabilidad nacional publicados por la Comisión, 7.600 millones entre 2021 y 2022. En el ejercicio de 2023 la cantidad será de entre 13.500 millones, según el ejecutivo comunitario, y casi 22.000 millones, según el Gobierno. Estas cifras coinciden con las de la Intervención General de la Administración del Estado, que sitúa el gasto en 28.000 millones acumulados desde 2021 hasta final de septiembre del presente año.
Ya hemos dicho que lo recibido hasta ahora a fondo perdido no es todo lo que le corresponde a España en el plan europeo. Hay que añadir hasta un techo de 84.000 millones de euros en créditos blandos, dinero que debe devolverse abonando un interés razonable, que el Gobierno estima actualmente en un 3%. Así, la totalidad del plan español llegaría a los 163.000 millones de euros adjudicados. La cantidad correspondiente a España es, tras la de Italia, la mayor de la UE, por el tamaño de ambos países y porque fueron de los más afectados por la pandemia. También es el único estado miembro que ha recibido tres pagos porque ha cumplido todos los compromisos de reforma adquiridos con Bruselas.
Los Next Generation son la oportunidad de que España no se quede al margen de los avances industriales por primera vez en la historia, pero también de que la generación de empleo y la garantía de un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos sea parte esencial de la revolución del siglo XXI. Es difícil ser optimista al respecto en un momento donde predomina la óptica neoliberal centrada en el incremento de ganancias de las grandes corporaciones. Estamos en manos de las decisiones políticas, crucemos los dedos.
Madrid –
