Antonio Garamendi (CEOE) con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank — Lorena Sopena / Europa Press

Guerra política entre la patronal española y la patronal catalana

Mientras el empresariado catalán cree que la amnistía puede provocar que vuelvan las empresas que se fueron por la independencia, el mundo económico de Madrid asegura que se lanza un mensaje de incertidumbre a los inversores extranjeros


El líder de la patronal española, Antonio Garamendi, se posiciona en contra de la amnistía porque, argumenta, defiende la estabilidad. Su homólogo en la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, se posiciona a favor de la medida de gracia por el mismo motivo que Garamendi: la estabilidad. Mientras el presidente de la CEOE participa de manifestaciones en contra del acuerdo del PSOE con Junts, el presidente de Foment del Treball plantea proponer un acuerdo económico de legislatura con el que sentar en una misma mesa al PSOE, Junts y PNV, con el objetivo de evitar que Bildu, ERC o Sumar condicionen la agenda económica del Gobierno a la izquierda, en contra de los intereses del empresariado catalán.

Este lunes, Garamendi reunió a su cúpula para emitir un comunicado en contra de la investidura y con ello introducir al mundo económico dentro del carrusel de declaraciones opositoras contra Pedro Sánchez. Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ya adelantó el contenido de lo que iban a tratar este lunes en la dirección de la CEOE: “Toca defender el Estado de Derecho y la Constitución”.

Mientras la patronal catalana cree que la amnistía puede conseguir que regresen las empresas que se fueron de Cataluña por la declaración unilateral de independencia, la patronal española cree que el mensaje que se lanza al exterior provoca inseguridad jurídica a los inversores que no querrán venir a España con un Gobierno que cambia las leyes en contra de las opiniones de las élites judicial, económica y de la oposición.

El gran capital español, a través de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, o Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, se han posicionado en las últimas semanas no tanto en contra de la amnistía sino en contra de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a prorrogar el impuesto extraordinario a los beneficios de la banca y las energéticas. Dancausa tiene el tributo recurrido en los tribunales.

En el fondo, tanto la patronal catalana como la española defiende lo mismo: sus negocios. El empresariado catalán, menos cercano a la Corte madrileña, cree que el dinero se impulsa logrando incluir a Junts en la institucionalidad para que vuelva a ser una formación de derechas en lo económico, como en su día lo fue la CiU de Jordi Pujol y Artur Mas. Por su parte, los grandes empresarios españoles, demasiado dependientes de la Corte madrileña, no ven con buenos ojos un Ejecutivo donde Bildu, ERC o Sumar, formaciones progresistas, puedan condicionar la agenda económica del PSOE. 


Madrid –

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Editorial

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