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Igualdad insiste en la importancia de la detección temprana durante el último Comité de Crisis

El mecanismo impulsado desde el Ministerio estudia los últimos casos para mejorar la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres

«Todas las violencias, todas las víctimas, todas las obligaciones». Con ese mandato que ha atravesado la legislatura, el Ministerio de Igualdad ha convocado hoy el sexto Comité de Crisis ante la alerta machista que vive nuestro país.

Los Comités de Crisis, creados en junio de 2022 desde la cartera de Igualdad cuando se concentran cinco o más asesinatos en el mismo mes son un mecanismo surgido de la necesidad de dar una mejor respuesta a los repuntes de feminicidios, con un mejor análisis de los casos y coordinación, como comunicó entonces el propio Ministerio. A ellos asisten las comunidades autónomas donde se han cometido los asesinatos, las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, representantes de los ministerios de Interior y de Justicia, así como la Fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer.

El comité celebrado ayer miércoles analizaba los casos de las 10 mujeres asesinadas durante el mes de septiembre de 2023. Tras el mismo, la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell comparecieron para comunicar las principales deliberaciones durante las casi cinco horas de encuentro. Rodríguez ha afirmado que este era uno de los peores septiembres, y recordaba la cifra de 50 mujeres asesinadas a lo largo de 2023. Recordaba asimismo el papel de los poderes públicos y de las administraciones como titulares de obligaciones, conminando a todos ellos a «hacer lo que no se está haciendo, y lo que se está haciendo, hacerlo mejor».

Desde Igualdad trasladaban también la importancia de implicar a los entornos y los diferentes engranajes que pueden abrir la puerta a los recursos de atención a las víctimas, desde las familias a la vecindad o los entornos laborales. El Ministerio pide un «ejercicio de responsabilidad social» así como el abandono del negacionismo y del silencio cómplice frente a las agresiones, para poner el foco en la detección proactiva.

Desde Igualdad también insistían en priorizar los sistemas de detección en el seno de instituciones clave en el contacto con las víctimas como son los servicios de sanidad, salud mental, educación o atención a la discapacidad, así como los recursos de emergencia. La formación especializada y las herramientas de detección precoz, apuntaba Irene Montero en Twitter, son también imprescindibles en los turnos de oficio de abogacía y personal de los juzgados, especialmente de familia, ya que los procesos de divorcio ocultan muchas veces la salida a situaciones de violencia de género.

La Ministra de igualdad subrayaba también la importancia de implementar la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley solo Sí es Sí, para contar con servicios y profesionales especializados de salud mental para las víctimas de violencia de género y sexual.

Igualdad pide un «ejercicio de responsabilidad social» y el abandono del negacionismo y del silencio cómplice frente a las agresiones, para poner el foco en la detección proactiva

Igualdad anunciaba también el refuerzo del servicio ATENPRO, que ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, 24 horas del día 365 días del año y que desde diciembre se ha ampliado también a casos de mujeres en los que no se ha interpuesto denuncia para garantizar su atención y seguridad. Durante el Comité se han planteado también las problemáticas concretas de perfiles de especial vulnerabilidad, como las mujeres extranjeras. Igualdad también propone una mayor coordinación a nivel europeo mediante los sistemas de seguimiento policial en el espacio Schengen.

Por último, las diferentes representantes de Igualdad han insistido en la difusión de los recursos de información disponibles a través del teléfono 016. Para el Ministerio, «llegar a tiempo» es una prioridad que implica asumir la implicación y la mejora continua de los sistemas coordinados a todos los niveles administrativos, invirtiendo tanto en recursos para combatir las violencias machistas —Igualdad ha aumentado un 217% el presupuesto durante su legislatura— como a través de los diferentes mecanismos de coordinación entre administraciones que, como los Comités de Crisis, permiten acelerar los diagnósticos y plantear mejoras con más eficacia y celeridad.