Registro policial en la sede de la asociación ultraderechista Manos Limpias en 2016 — Eduardo Parra / Europa Press
La asociación ultraderechista Manos Limpias intenta activar el lawfare contra el Gobierno por la amnistía
La denuncia considera que la medida de gracia estaría “hurtando” competencias del Ejecutivo y Legislativo al poder judicial
A la Sala Penal del Tribunal Supremo llegará de forma inminente una petición de suspensión cautelar de la tramitación de las proposiciones de ley de amnistía, sin ni siquiera estar registrada aún en el Congreso de los Diputados para dar comienzo su tramitación parlamentaria. La asociación ultraderechista Manos Limpias tiene previsto presentar denuncias por usurpación de funciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la eurodiputada Iratxe García Pérez y el diputado Óscar Puente.
La entidad ultra considera que la medida de gracia es “un gran fraude de ley” y “un trueque o moneda de cambio” para que Pedro Sánchez pueda seguir de presidente del Gobierno de España. En el escrito, de cuya admisión a trámite se deberá pronunciar el Alto Tribunal, Manos Limpias apuntan que los denunciados podrían haber cometido un delito de usurpación de atribuciones, castigado con penas de prisión de seis meses a un año a quien en el ejercicio de su autoridad se apropie de atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución judicial.
La pena puede alcanzar los dos años de prisión cuando atenta contra la independencia de los jueces o magistrados, dándoles instrucciones, órdenes o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo.
Miguel Bernard, presidente de la entidad ultraderechista Manos Limpias y que fue condenado a cuatro años de cárcel por el Caso Ausbanc, considera que, en caso de que el Supremo suspenda cautelarmente la tramitación parlamentaria, no se estaría invadiendo competencias del Ejecutivo ni del Legislativo, ya que el Gobierno y el Legislativo serían quienes están “hurtando” competencias al poder judicial, a quien Bernard atribuye “el derecho y el deber de impedir esa usurpación aunque la efectúe el poder ejecutivo, que debe respetar la legalidad vigente”.
La denuncia de Bernard recalca que la ley de amnistía supone utilizar una norma como “cobertura o enmascaramiento” de una situación con el fin de evitar un resultado concreto, ya que, a su juicio, la Constitución “no autoriza los indultos generales”. La argumentación jurídica de Manos Limpias se sustenta en que la iniciativa pactada entre PSOE y Junts desautorizaría y dejaría “sin efectos” la sentencia del ‘procés’ del Tribunal Supremo y, las órdenes de busca y captura que pesan sobre Puigdemont dictadas por el juez Pablo Llarena, así como los procesos contra dos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesos por terrorismo y contra Tsunami Democràtic.
MARTA ROVIRA
Justamente este viernes, en plena negociación de la ley de amnistía y la investidura, la Guardia Civil ha hecho entrega a la Audiencia Nacional de un informe sobre el funcionamiento de Tsunami Democràtic que lideró las protestas tras las sentencias del ‘procés’.
La decisión de la Guardia Civil, que se enmarca dentro de la guerra jurídica del Estado profundo contra los líderes independentistas, considera que la número dos de Esquerra Republica, Marta Rovira, fue una de las cabecillas de Tsunami Democràtic.
Madrid –
