Actualidad

La cacería contra Mónica Oltra: 48.000 emails, 16 meses después y ni rastro de delito

La exvicepresidenta tuvo que dimitir por un caso de guerra jurídica o lawfare impulsado por la derecha y la ultraderecha

El juez ha levantado el secreto del sumario de la pieza que investigaba las comunicaciones de la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, con los funcionarios y colaboradores de su la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigía. 

16 meses después de su dimisión, forzada por el expresident valenciano Ximo Puig, por el sector vinculado a Joan Baldoví dentro de Compromís —que luego sería elegido candidato a la presidencia de la Generalitat por este partido en sustitución de Oltra— y por la cacería mediática de La Sexta, especialmente por Antonio García Ferreras y Ana Pastor, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia detalla que la Policía no ha encontrado rastro de “confabulación o directrices para influir presuntamente o elaborar un informe con el fin de desacreditar el informe de la víctima”, después de que Oltra se enterara de que su exmarido estaba implicado en un caso de abuso sexual contra una menor de 14 años tutelada por la Generalitat Valenciana.

En concreto, tres agentes han “filtrado y analizado” más de 48.000 correos electrónicos de las 15 personas imputadas en la causa, funcionarios y cargos de confianza de la Consellería. Lo que sí encuentra la Policía Judicial son 48 emails con la directora del centro de menores donde trabajaba el exmarido de Oltra para abordar el asunto, en ningún caso para tratar de ocultarlo. Hay cinco correos de Miquel Real, exjefe de gabinete de Mónica Oltra, para pedir información sobre el caso. 

A pesar del levantamiento del secreto de sumario, Mónica Oltra no ha recibido aún ninguna notificación. Es decir, los órganos judiciales han filtrado antes el sumario a los medios de comunicación que a las partes afectadas en el proceso. A la espera de que se archive la causa, la única certeza es que Oltra tuvo que dimitir por un caso de guerra jurídica o lawfare impulsado por la derecha y la ultraderecha. 

Cabe recordar que la denuncia contra Mónica Oltra fue archivada en primera instancia, pero la acusación particular —la fundadora de Vox Cristina Seguí y José Luis Roberto, líder neonazi de España 2000— recurrió el archivo y la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert —vinculada al PSPV—, emitió un duro informe en el que acusaba a la exvicepresidenta valenciana de haber dado una “orden verbal” para “desvirtuar la credibilidad de la menor”. 

Tres agentes de la Policía Judicial han «filtrado y analizado» más de 48.000 correos electrónicos de las 15 personas imputadas en la causa, funcionarios y cargos de la Consellería que dirigía Oltra

El juez incluso llegó a considerar “indicios plurales” que todos los funcionarios hubieran declarado que Mónica Oltra no se había comunicado con ellos para pedirle ocultación de pruebas o encubrimiento de su exmarido. El socialista Ángel Luna, síndic de greuges —defensor del pueblo valenciano—, llegó a firmar un informe de la institución que dirige en el que afirmaba que se había producido una intervención por parte del departamento de Mónica Oltra a favor de su exmarido. 

Todas las acusaciones se han caído como un castillo de naipes, a la espera de que se archive la causa. Horas y horas de televisión y radio y kilómetros de tinta en periódicos que se saldaron con la dimisión de Oltra, con un daño irreparable a su honor, con la pérdida para la izquierda de la Generalitat Valenciana en las elecciones de mayo de 2023 y con una prueba más de que a la derecha, si no puede ganar en las urnas, siempre le queda la utilización de los poderes judicial y mediático para destruir a sus adversarios políticos.