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La Comunidad de Madrid deja en el limbo la ayuda psicológica a los afectados por la Línea 7B del metro

El servicio psicológico se puso en contacto esta semana con los afectados para comunicarles que a partir de la próxima semana el servicio sería de pago

Se trata del último episodio por el que pasan los afectados por la ampliación hecha durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Según fuentes de los afectados, la Comunidad de Madrid asegura, después de la comunicación del equipo psicológico con los afectados, “Que su prioridad son los vecinos afectados […] Este proyecto nació con una primera fase para analizar y evaluar la necesidad que tenían los vecinos de recibir este tratamiento […] tras la intervención de los profesionales, se concluye, que del total de personas atendidas, unas serán dadas de alta, otras deberán pasar al servicio madrileño de salud y otras continuar con tratamiento psicológico que, por supuesto, será sufragado por la Comunidad de Madrid”, aseguraban también que se pondrían en contacto con los afectados para gestionar la situación, pero no ha sido así.

El tramo de la Línea 7B del Metro de Madrid pasa por su noveno cierre desde que se inaugurará, esta vez afectando al tramo entre San Fernando de Henares y Hospital del Henares. Se estima que para finales de mayo de 2023 había un total de 600 familias afectadas como consecuencia de la ampliación express de la línea realizada por la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre la presidía poco antes de las elecciones autonómicas de 2007.

La Comunidad de Madrid acabaría multando a Dragados, la empresa constructora propiedad de Florentino Pérez como responsable de la ejecución defectuosa de las obras, la empresa recurrió la sanción ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el cual acabaría dándole la razón declarando responsable a la Administración por no tener en cuenta las singularidades del terreno.

De las 600 viviendas afectadas, 73 van a ser derribadas y la mitad ya lo han sido mientras

solo 1/6 de los vecinos han sido reconocidos

como afectados

Según declaraciones de Alejandro Escribano, miembro de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B del Metro: “No es la primera vez que la Comunidad incumple las medidas acordadas, cuando se desarrollaron los primeros planes de vivienda para realojar a los vecinos afectados, estos no llegaron a ejecutarse en su totalidad, se ha obligado a los vecinos a pagar buena parte de los alquileres relativos a los realojos. Sabemos que no es un error de la Comunidad, es el intento de quitar un servicio fundamental a los afectados los cuales al dar una voz de alarma han conseguido dar la vuelta al criterio inicial de la Comunidad. De las 600 viviendas afectadas, 73 van a ser derribadas y la mitad ya lo han sido mientras solo 1/6 de los vecinos han sido reconocidos como afectados, lo único que pedimos es el reconocimiento de las indemnizaciones pertinentes por los daños generados a los vecinos, el expediente está asentado y la Comunidad tiene que empezar a negociar sobre el asunto principal y dejar las medidas paralelas”.