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Jesús Prieto / Europa Press

La directiva europea contra la violencia machista deja fuera el delito de violación

Las presiones y dudas de varios estados han limitado la aprobación de un texto falto de ambición y que no abordará el consentimiento


La largamente esperada directiva europea para regular las diferentes formas de violencia contra las mujeres en un marco común para toda la Unión avanza, pero dejando gran parte de su espíritu por el camino.

La norma, —una de las que España buscó impulsar durante la pasada Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, en la anterior legislatura— prometía ser un hito histórico en la normativa comunitaria. En junio de 2023, el pleno del Parlamento Europeo confirmaba que defendería durante las negociaciones del texto con los gobiernos europeos que el sexo sin consentimiento fuera tipificado como delito de violación y perseguido en toda la Unión Europea, siguiendo el modelo del «sí es sí» de estados como el español, con el fin de reforzar la protección de las mujeres. Sin embargo, los Veintisiete se mostraban reticentes ya entonces, porque consideraban que la reforma que discutían no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación.

Esta semana, y para evitar que decayera el proyecto de ley, Eurocámara, Consejo de la UE y Comisión han pactado un borrador de directiva en el que, aunque instan a “trabajar por una cultura del consentimiento” en las relaciones sexuales a los estados miembros, no se avanzará más allá, dejando legislaciones como la española muy por delante de la norma que regirá a la Unión.

Si bien algunas de las voces del europarlamento implicadas en el impulso de la norma celebran el avance, la decepción por parte de los movimientos feministas es compartida. La directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie, declaraba en un comunicado que el acuerdo «es profundamente decepcionante y queda muy lejos del histórico paso adelante en la lucha contra la violencia basada en el género por la que llevamos tiempo haciendo campaña”. Desde Amnistía denuncian que durante las negociaciones del texto se ha rechazado innecesariamente iniciativas enérgicas y necesarias como la introducción de una definición de violación armonizada y basada en el consentimiento, (bloqueada, entre otros, por estados como Francia o Alemania) o la obligación de garantizar unos mecanismos de denuncia seguros para las mujeres en situación irregular”. También apuntan la a que, aunque el texto recoge el reconocimiento de la discriminación interseccional en la Directiva, se omite la mención explícita a grupos que corren mayor riesgo de violencia de género.

Si hace una década el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sentaba un importantísimo precedente regional para combatir la violencia contra las mujeres, esta Directiva parece marcarse objetivos mucho menos ambiciosos. Según afirma la experta en violencia sexual Bárbara Tardón, se trata efectivamente de una la oportunidad perdida. «El hecho de que no aparezca y no pueda aparecer o no vaya a aparecer la violación en la futura directiva lo que nos está señalando aún es todo el largo recorrido que queda para situar en la agenda internacional la violación como una vulneración de derechos humanos transversal a la vida de todas las mujeres». Tardón apunta además a lo llamativo de que sean estados como Francia, Hungría o Alemania quienes hayan bloqueado esos puntos del texto: «Los tres países lo que están es significando un debate que hay dentro del propio feminismo, pero también un debate que hay dentro del movimiento reaccionario en contra de los derechos de las mujeres.» La experta lamenta lo que significa haber dejado caer la posibilidad de legislar el «sí es sí» a nivel comunitario, «porque a saber cuándo vamos a poder otra vez tener la oportunidad de incluir una definición del consentimiento conforme establecen los estándares internacionales de derechos humanos, como el Convenio de Estambul», algo que el anterior Ministerio de Igualdad intentó impulsar intensamente durante la presidencia europea, frente a los pocos esfuerzos desde el Ministerio de Justicia por presionar en esa agenda.

Bárbara Tardón: «El hecho de que no aparezca y no pueda aparecer o no vaya a aparecer la violación en la futura directiva lo que nos está señalando aún es todo el largo recorrido que queda para situar en la agenda internacional la violación como una vulneración de derechos humanos transversal a la vida de todas las mujeres»

«La violación o la agresión sexual es una de las violencias mater de todas las violencias contra las mujeres» afirma la experta, «que en una directiva de violencia no aparezca es una deslealtad hacia las mujeres, hacia sus derechos y hacia el movimiento político feminista».

Como puntos positivos, la directiva sí tipificará como delitos, según el actual texto, determinadas formas de violencia de género que no están aún en legisladas en muchos estados como el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina, así como medidas específicas contra los delitos online, como la difusión de material íntimo o el ciberacoso. Todas ellas, formas que en nuestro país ya están reconocidas en la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual (Ley solo Sí es Sí)que incorporó las recomendaciones internacionales en la materia de forma mucho más exhaustiva que la Directiva. La norma comunitaria obligará también a establecer servicios de atención telefónica gratuita y 24 horas, basada en hitos como el servicio 016 de España, creado en 2004 y que desde 2020 se amplió para atender todas las formas de violencia contra las mujeres y atender también por vías digitales y whatsapp.

La nueva norma incide también en el acceso a la justicia y la obligación de los estados miembros a garantizar protección y apoyo especializados, cuestiones que han sido claves en el debate sobre la violencia sexual en nuestro país y que ya refleja la ley Solo Sí es sí, cuya parte integral incidía en cuestiones la formación especializada de operadores jurídicos, la reparación de las víctimas o la obligatoriedad de contar con Centros de Crisis 24 horas en todas las provincias españolas antes del fin del 2024.


Madrid –

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Editorial

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