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La traducción del catalán, gallego o euskera costará ocho veces menos que la Casa Real

La monarquía cuesta 8,4 millones anuales mientras que el plurilingüismo en la Cámara Baja rondará los 950.000 euros.

El diario de sesiones de la Cámara Baja del 19 de septiembre de 2023 pasará a la historia del parlamentarismo español por recoger las intervenciones del primer pleno en el que se autorizó a los diputados a hablar en cualquiera de las lenguas oficiales de España: castellano, catalán o valenciano, euskera y gallego. También pasará a los anales de la historia la reacción de los diputados de la ultraderecha que, en señal de protesta, han abandonado el hemiciclo tirando los auriculares en el escaño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. 

Una de las principales críticas de los sectores contrarios a la medida impulsada por PSOE y Sumar, obligados por la necesidad de contar con los votos de los partidos independentistas para lograr la investidura, es el coste del operativo para garantizar la traducción simultánea. El presupuesto del Congreso hasta finales de año ronda los 3.000.000 euros. Según fuentes parlamentarias, el coste anual podría ascender a los 950.000 euros, aproximadamente, ya que la Cámara aún no ha presupuestado el año 2024, lo que se realizará toda vez que haya quedado aprobada la reforma del reglamento para darle sostén jurídico a la inclusión del plurilingüismo. 

No obstante, siendo el coste anual de la traducción simultánea del catalán o valenciano, gallego y euskera alrededor de 950.000 euros, costará ocho veces menos que lo que se gasta el Estado en financiar el presupuesto de la Casa Real, institución cuestionada por amplios sectores de la sociedad y sobre la que el CIS no pregunta desde 2015 para no darle alas al debate sobre la democratización de la Jefatura del Estado.

La monarquía cuesta 8,4 millones anuales mientras que el plurilingüismo en la Cámara Baja rondará los 950.000 euros.

En los Presupuestos Generales de Estado para 2023, la asignación a la Casa Real supera los 8,4 millones de euros, de los cuales el 56,25% del total va destinado a pagar al personal que presta servicio a la monarquía, un 32,89% es para gastos corrientes en bienes y servicios, un 8,85% para inversiones y un 1,99% para fondo de contingencia.

De los Presupuestos Generales del Estado salen también los sueldos que la propia Casa Real asigna Felipe VI, a Leticia Ortiz y a la princesa heredera. El jefe del Estado cobra al año 269.000 euros, 148.000 euros percibe Leticia Ortiz y la princesa de Asturias ingresa 121.000 euros. Este presupuesto tan abultado da lugar que a la Casa Real le sobre dinero a final de año. 

En 2021, la institución monárquica tuvo un superávit de 600.000 euros y en 2022, ahorró 273.000 euros, lo que automáticamente pasó a engrosar a cuentas bancarias de su propiedad privada. Actualmente, la familia real guarda en diversas entidades financieras más de seis millones de euros fruto del dinero que le sobra anualmente de la asignación de los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier otra institución, el dinero que no se gasta regresa de nuevo a la hacienda pública y en el próximo ejercicio se vuelve a presupuestar para otro cometido.