Gustavo de la Paz / Europa Press
La vulneración del derecho a la protesta en España crece en 2022-23 según el informe de Defender a quien Defiende
El informe de DqD expone que en los últimos dos años, el Estado español ha vulnerado 1.184 derechos en lo que respecta a protesta social
Defender a quien Defiende (DqD) publicó un informe hace unas semanas respecto a los casos de vulneración de derechos a la protesta en el Estado Español durante 2022 y 2023 en el que se contabilizan detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos.
La Constitución del 78 tiene una sección dedicada a Derechos fundamentales y libertades públicas donde se enumeran varios artículos que están estrechamente ligados a los derechos vulnerados que menciona el informe de DqD, derechos como a la libertad de expresión, derechos de reunión y manifestación, derecho de asociación, libertad de sindicación y derecho a la huelga son algunos de ellos. Estos derechos fundamentales están refrendados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero, aun así, son sistemáticamente vulnerados en el Estado español.
En los dos años que se han analizado las vulneraciones de derechos, se han registrado 1.184, las cuales pertenecen a 261 casos sistematizados. DqD señala que estas cifras no representan el total de casos y vulneraciones de derechos pues no existe un registro oficial por parte de la Administración que contabilice caso a caso, por lo que son una aproximación a la realidad que muestra una imagen parcial de la represión.
La primera información que se desprende del Informe es que entre 2022 y 2023, por cada caso ocurrido se vulneraron más de cuatro derechos pues, tanto el mismo individuo puede padecer varias vulneraciones, violencia policial y represión judicial, como que en cada caso haya varias personas a las que se le vulneren derechos.
Adentrándonos más profundamente en el Informe, se diferencian los casos de 2022 (83 casos y 314 vulneraciones) de los de 2023 (178 casos y 870 vulneraciones), confirmando que la persecución de los derechos de protesta ha aumentado significativamente, más del doble.
En 2022 las protestas más perseguidas según la categoría fueron las de vivienda y okupación, seguidas de las de ecologismo, libertad de expresión y comunicadores, sindicalismo… Siguiendo con la tendencia iniciada en 2017 en la que las movilizaciones de vivienda y ocupación encabezan la lista de movimiento social más encausado y donde más se producen la vulneración de derechos.
Por Comunidades Autónomas (CCAA), Catalunya es la que más casos registró en 2022 (35), seguido de Madrid (19) y muy alejadas de Andalucía y País Valencià (8). El informe de DqD cruza los datos de las CCAA y categorías de protesta donde más se vulneran derechos dando como resultado que en Catalunya, la vivienda y okupación es la categoría más vulnerada (12), en Madrid el ecologismo (8), en Andalucía la vivienda y sindicalismo (5), en País Valencià es la vivienda y okupación (3) y en Euskadi el sindicalismo (2).
El análisis que realizan sobre la vulneración de derechos evidencia que el método que más se ha llevado a cabo es el de la detención (124 casos), seguido de represión judicial (82) e identificación (60). Siendo el sindicalismo la categoría más desproporcionada por su bajo número de casos recogidos, pero con mayor número de multas y procesos judiciales a sus espaldas.
2023 es un año en el que aumentan notablemente los casos registrados y las vulneraciones de derechos llevadas a cabo por el Estado español, 178 casos y 870 vulneraciones. En cuanto a la represión según la categoría de movilización, hay que señalar especialmente el crecimiento de la persecución al ecologismo que ha pasado a ser la categoría con más casos (43) y la inclusión de una nueva categoría que se sitúa entre las cuatro con mayores casos de persecución en 2023, las movilizaciones en solidaridad con Palestina (17).
Respecto a las CCAA, Madrid es la que más casos cosecha (70), siendo el ecologismo y la libertad de expresión las categorías con mayor persecución y Catalunya ocupa el segundo lugar con 63 casos, siendo la vivienda y la ocupación, el independentismo y la solidaridad con Palestina las categorías con mayores casos de represión.
Los casos contabilizados según el mes en el que ocurrieron esclarecen que mientras que los primeros nueve meses de 2023, tanto la protesta como la represión de esta fue baja y constante, a partir de octubre se da un crecimiento prominente durante los últimos meses del año, coincidiendo con el inicio de los bombardeos de Israel en Palestina y por lo tanto, con las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino.
Defender a quien Defiende plantea los obstáculos implantados en el Estado español y que amenazan directamente a la libertad y el derecho a protestar. En primer lugar, señalan que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por “Ley Mordaza”, es la principal causa de vulneración de derechos fundamentales de reunión y expresión. En segundo lugar, reclaman modificar el art. 557 del Código Penal que regula el delito de desórdenes públicos y que se ha reformado recientemente, pues se ha sustituido el término “amenazas” por el de “intimidación”, lo que difumina la conducta sancionatoria e introduce dos supuestos utilizados habitualmente por los movimientos sociales, obstaculización de vía pública e invasión de instancias o edificios.
Respecto a las intervenciones policiales y el uso de la fuerza por su parte, señalan que la utilización de material antidisturbios ha aumentado en estos años estudiados en materia de control migratorio en la frontera sur y denuncian la ocultación de la normativa sobre la utilización de balas de goma y foam que son muy peligrosas.
Además, DqD señala las nuevas metodologías policiales para llevar a cabo un control de los movimientos sociales organizados y las infiltraciones policiales que en los últimos años se han destapado en distintos movimientos sociales de todo el Estado español.
Por último, en el informe se hace hincapié en la criminalización de varios movimientos sociales, Tsunami Democràtic, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal y los sitúa como las organizaciones que más represión padecen por parte del Estado.
Madrid –
