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Beatriz Mato, exconselleira de la Xunta de Galicia — Jorge Gil / Europa Press / ContactoPhoto

La Xunta de Galicia demandada por condonar deudas millonarias a la empresa de la exconselleira Beatriz Mato

Nuevo episodio del capitalismo de amiguetes del Partido Popular de Galicia. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, acaba de destapar un nuevo escándalo de la Xunta de Galicia


Adega acaba de presentar una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción correspondiente de Santiago de Compostela dirigida a Paula Uría, ex directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta en la época en la que Feijóo era su presidente. Se la acusa de cometer los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los hechos considerados como indicios de delito se refieren a la condonación a la empresa Greenalia de una deuda con la hacienda pública. Sí, la misma Greenalia en la que se sienta en el Consejo de Administración una exconselleira de Feijóo y que también está implicada en irregularidades en los informes sobre los que se establece la declaración de impacto ambiental de los parques eólicos, de los que esta empresa es la principal beneficiaria. Hablan de una cantidad condonada “de forma arbitraria y en contra del ordenamiento jurídico”, de unos 12 millones de euros.

Los hechos objeto de la querella se produjeron en julio de 2021, con la firma por parte de Paula Uría de una resolución administrativa que daba el visto bueno a una propuesta de Greenalia. En la resolución se introducía una modificación del plan industrial asociado a la adjudicación de megavatios para el parque eólico Campelo, relativo al concurso de 2010.

En ese procedimiento, la empresa promotora, Kaekias Eólica SA, logró la potencia eólica solicitada para la construcción del parque eólico Campelo, aunque se estableció una condición de ejecutar el plan industrial asociado al mismo. En 2017 la titularidad del proyecto y sus derivados pasaron a manos de Greenalia, que en 2019 rechazó hacer frente a la monetización del plan industrial y por tanto al pago de los casi 12 millones de euros correspondientes a la hacienda gallega. Greenalia presentó una nueva propuesta, en la que daba por ejecutado el plan industrial. La nueva propuesta no tenía nada que ver con lo aprobado en 2010, pero, aun así, Paula Uría dio luz verde al cambio en julio de 2021. Paula Uría abandonó posteriormente su cargo en junio de 2023, hace ocho meses.

Adega refleja en su querella que Paula Uría “podría haber actuado con radical arbitrariedad y total ausencia de base legal, desviándose de la normal praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente”, añadiendo en su argumentación que Uría habría dado por ejecutado un plan industrial que condujo a la condonación de una deuda de casi 12 millones de euros que Greenalia mantenía con la hacienda pública, basándose en actividades para las que la empresa recibió generosas ayudas públicas para su desarrollo.

Dinero público, contratos irregulares y empresas con antiguos cargos populares de la Xunta en su Consejo de Administración, un cóctel que vuelve a acabar en los tribunales y por habitual no deja de ser indignante. A este gobierno del Partido Popular de Galicia se le acumulan los cisnes negros en la campaña electoral. Tal vez por eso a Rueda se le ve más nervioso que nunca, también a Feijóo. Isabel Díaz Ayuso se mantiene expectante con la guadaña preparada.


Madrid –

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Editorial

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