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La Xunta de Galicia investigada por la Fiscalía por irregularidades en los informes de los parques eólicos

Fiscalía ha solicitado que se le remita un informe “acerca de quién es el titular del órgano administrativo que ha suscrito cada una de las evaluaciones de impacto ambiental”, así como la ha instado a que “adjunte copia de la resolución en la que se emite informe ambiental favorable”

La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto una investigación contra la Xunta de Galicia, para investigar si desde el Gobierno de Rueda se llevó a cabo una confabulación con las eléctricas, para que sean las compañías las que realicen las declaraciones de impacto ambiental de las que depende la autorización de los parques eólicos que solicitan esas mismas compañías.

La investigación se halla en una fase pre-procesal y se produce tras una denuncia presentada por el Sindicato Labrego Galego, que, tras revisar las declaraciones de idoneidad ecológica firmadas por la Directora Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, María Sagrario Pérez Castellanos, alega que, de los metadatos de esos documentos se desprende que la huella digital de como mínimo seis de ellos, muestra que sus autores son trabajadores de las empresas eléctricas que promueven los parques eólicos, en lugar de funcionarios públicos.

De esos informes depende la autorización administrativa de los negocios eólicos, por lo que, de confirmarse los hechos denunciados, resultaría que los informes fueron elaborados por personal de las empresas beneficiarias. Las promotoras de los proyectos cuya declaración de impacto ambiental se pone bajo sospecha en la denuncia son Enel Green Power, Green Capital Power y Greenalia, que han negado que su personal participe en la elaboración de los informes, a pesar de que entre los seis documentos investigados hay uno de Enel en el que figura el nombre de uno de sus responsables del área de desarrollo de negocio de renovables gallegas; otro de Green Capital en el que figura el responsable de promoción en Galicia; otro de Greenalia en el que aparece una persona cuyo nombre coincide con el de su responsable de tramitación, y por último otros tres más de Greenalia, donde aparece un nombre que coincide con el de un empleado que realizó funciones idénticas en un momento anterior.

Los seis proyectos sobre los que el Sindicato Labrego Galego cuestiona la declaración favorable de impacto ambiental son los de Bustelo, Campelo y Monte Toural  de Greenalia, entre los municipios coruñeses de Coristanco, Santa Comba y Carballo; los de Banzas, de Green Capital Power, en los municipios coruñeses de Mazaricos, Negreira y Outes; también el de Serra da Piñeira, de Enel, en los ayuntamientos lucenses de Baralla, Láncara y Becerreá; y por último el de Penas Boas, también de Greenalia, entre Aranga y Oza-Cesuras, en A Coruña.

El nombre de Greenalia aparece por tanto en un lugar destacado de la investigación; casualmente uno de los miembros del Consejo de Administración de esta empresa es Beatriz Mato, exconselleira de Medioambiente de la Xunta en la época de Feijóo, a la que los contactos e información adquiridos en la Consellería le fueron al parecer muy útiles para fichar por Greenalia en 2020, dos años después de cesar en el cargo y uno después de presentarse sin éxito a la alcaldía de A Coruña; en 2021 pasó a formar parte del Consejo de Administración de la empresa.

La Fiscalía ha solicitado a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático que le remita un informe “acerca de quién es el titular del órgano administrativo que ha suscrito cada una de las evaluaciones de impacto ambiental”, así como la ha instado a que “adjunte copia de la resolución en la que se emite informe ambiental favorable”, para comprobar quiénes son los responsables de la elaboración de los documentos oficiales puestos en entredicho.

La versión al respecto del gobierno gallego es que todo se debe a un “error informático”, causado por el corta y pega de los textos que las compañías eléctricas remiten a la Xunta, de los que se sirven para confeccionar los informes públicos.  Es decir, según la versión de la Xunta, los informes son confeccionados por funcionarios, que cortan y pegan los textos que les mandan las compañías que a posteriori se benefician de la explotación del negocio autorizado por la Consellería. De ser cierta esta versión, los funcionarios responsables tampoco salen muy bien parados.

Al gobierno de Rueda le estalla otro cisne negro en plena campaña electoral, y una vez más, bajo la sospecha de irregularidades que tienen como consecuencia que el dinero público de todos los gallegos acabe en los bolsillos de empresas vinculadas con la gran familia del Partido Popular de Galicia.