Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
Las mujeres serán las víctimas del compromiso del Gobierno español de aumentar el gasto en defensa
Sumada a la austeridad, la inversión militar provocará la reducción de ayudas sociales o la congelación de presupuestos para la igualdad y contra la violencia de género
Los 31 estados miembros de la OTAN se comprometieron el pasado mes de julio a incrementar su gasto militar hasta el 2% del PIB de cada uno de ellos. El Gobierno español ha establecido para conseguirlo un plan de inversiones, que se cerrará en 2030 con un incremento acumulado desde 2022, de al menos 57.579 millones de euros. Como al mismo tiempo se ha suscrito con la Unión Europea un acuerdo fiscal que obliga a mantener el déficit público en el 3% del PIB, lo que supone un ajuste de 10.000 millones solo en 2024, está claro que deben reducirse otras partidas presupuestarias. Ya dijo en el siglo XX Simone de Beauvoir que, en cuanto hay una crisis, se cuestionan los derechos de las mujeres. Con toda probabilidad el belicismo y el rearme que se extiende por Europa y España las tendrá como principales víctimas.
La perspectiva de drenaje de recursos es mayor al constatar que el gasto militar real no es solo el presupuestado, 12.827 millones. El Grupo Antimilitarista Tortuga, que hace el seguimiento de los gastos militares en los Presupuestos del Estado y las decisiones del Consejo de Ministros, asegura que hay «un gasto militar oculto» realizado a través de ministerios distintos al de Defensa, especialmente Hacienda e Industria. En 2023, el Gobierno ha comprometido 16.800 millones de euros en gasto militar, una cifra equivalente a los presupuestos de Agricultura, Cultura, Igualdad, Política territorial, Universidades, Presidencia y Consumo.
Actualmente se nos bombardea con la idea de que la igualdad entre mujeres y hombres está plenamente conseguida en España, que los «techos de cristal» se rompen en forma de altos cargos de bancos y empresas, ministras, catedráticas o periodistas, con lo que no quedaría nada por hacer. Incluso dejando al margen la realidad de la violencia de género, que ya es mucho dejar, las cifras económicas ponen de relieve una situación muy alejada de lo que presuntas feministas que se autodefinen como clásicas quieren hacernos creer.
El dato fundamental es el desempleo. Debemos recordar que en España viven casi un millón más de mujeres que hombres. Este mes de febrero se crearon 103.621 empleos, la cifra mayor desde 2007, alcanzando 20,71 millones de trabajadores. Según el Ministerio de Seguridad Social, 9,79 millones son mujeres, las trabajadoras son un 47,3% de la afiliación; pero, según el Paro Registrado, son también el 60% de los parados. Hay una realidad evidente, el importante descenso del paro que se produce en España no afecta igual a hombres que a mujeres. El desempleo masculino ha pasado del 26,7% de 2013 al 10,3% actual, y el femenino, que entonces era del 27,3%, ha bajado solo al 13,4%, según la EPA del cuarto trimestre de 2023. Si se produce una vuelta gradual a la austeridad, la creación de empleo frenará y, como ha sucedido en todas las crisis, el incremento del paro afectará más a las mujeres.
La igualdad idílica que se nos describe tampoco es cierta en materia salarial. Legalmente a igual trabajo las mujeres cobran lo mismo que los hombres, pero la brecha sigue existiendo porque los empleos precarios están feminizados. Esta diferencia implica que las mujeres obtienen menos ingresos a lo largo de su vida, lo que se traduce en pensiones más bajas y un mayor riesgo de pobreza en las mayores. Según el INE, el salario medio de las mujeres ascendió en 2022 a 1.941,7 euros al mes, el 84,2% del salario medio de los hombres, 2.303,5 euros, con una brecha de 15,8 puntos. De los trabajadores con jornada parcial, ocho de cada diez son mujeres, casi dos millones, y se concentran en los salarios menores. Un informe de 2023 del Ministerio de Universidades concluye que en el conjunto de las universidades públicas hay una brecha salarial del 12,7%, lo que demuestra que el problema lo sufren también trabajadoras muy cualificadas.
Las mujeres son las principales perceptoras de ayudas sociales, un universo difícil de cuantificar porque se distribuye entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. En estas dos últimas administraciones muchas veces las potenciales beneficiarias no saben que lo son o no optan a las prestaciones por lo complicado que es pedirlas, también pueden estar infradotadas, con lo que el presupuesto se acaba sin cubrir a todas las demandantes. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) depende del Estado. En febrero ha llegado a 557.405 hogares en los que viven 1.669.361 personas, según la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El 66,6% de los titulares del IMV son mujeres; el 66,1% de los hogares tienen menores y de estos el 26,7% son monomarentales. El gobierno actual reconoce que debe trabajar para que el ingreso llegue a todos quienes tienen derecho; pero la austeridad fiscal y el rearme podrán dificultar este esfuerzo.
Cuando se hacen recortes en el gasto no se empieza por la sanidad y la educación, aunque siempre acaban siendo afectadas, sino por los ministerios que se consideran prescindibles, como Cultura o Igualdad. En la crisis de 2008, Zapatero suprimió este último departamento. En la pasada legislatura, el presupuesto del Ministerio de Igualdad creció en 392 millones de euros, un 217%, pasando de 181 millones en 2019 a 573 millones en 2023. Tras el veto a Irene Montero y su sustitución por una ministra de perfil bajo, es de esperar que en los Presupuestos de 2024, actualmente negociándose, se congele o hasta se reduzca la cantidad que reciba el departamento, perjudicando las actuaciones contra la violencia de género y las medidas para acabar con los «suelos pegajosos» que impiden la igualdad real de las mujeres corrientes.
En los últimos años, muy especialmente tras la pandemia y antes de la guerra de Ucrania, el feminismo logró instalar en la sociedad internacional el concepto de la economía de cuidados, que tiene como prioridad la sostenibilidad de la vida. Se trata de revertir la desigualdad social y de género, luchando contra el cambio climático para conseguir un futuro mejor. Los cuidados recaen sobre las mujeres, sin remuneración o con empleos precarios de salarios bajos. El objetivo es generar trabajo de calidad en el sector de los cuidados, que contribuya al bienestar social y al crecimiento. El componente 22 del Plan de Resilencia de España es un «plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» y prevé una inversión de 3.932,05 millones de euros en formación, mejorar el IMV o las ayudas a los más desfavorecidos. No tenemos datos de la ejecución de este plan, por eso tememos que esté en peligro ante el avance de la economía de guerra.
«Debemos impulsar nuestra capacidades industrial de defensa en los próximos cinco años», dijo hace unos días la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, olvidando que la Unión Europea se fundó para garantizar que la guerra no volviera a arrasar las tierras de Europa controlando precisamente esta industria. Sorprendentemente es otra mujer, Nadia Calviño, quien al frente del Banco Europeo de Inversiones promete suministrar miles de millones para la industria militar, esquivando las condiciones que le ponen límites en la entidad que preside.
Como dice Raúl Sánchez Cedillo, gobernar para la guerra es «una decisión del capitalismo mundial», producir para la guerra. No se trata solo de aumentar el gasto militar, sino de apostar por una gestión económica que moviliza a la población y el capital identificando el crecimiento con la seguridad y la guerra, olvidando que la violencia de un enfrentamiento militar en el propio territorio, como estamos viendo en Gaza, destruye vidas de niños y mujeres, no solo de esos soldados a los que Macron quiere enviar al frente.
Cuando toda la propaganda mundial se vuelca en difundir el mensaje belicista, es muy difícil mantener el relato a favor de la economía de los cuidados, pero esa es la obligación de las feministas. Este 8 de marzo el grito de las mujeres debe exigir la paz y que no se prepare la guerra. Ante las elecciones europeas de junio, las feministas deben tener claro quienes defienden los intereses de las mujeres, incluyendo su propia integridad física y la de sus hijos, y votar en consecuencia. Solo una presencia importante de la racionalidad femenina en el Parlamento Europeo podrá alejarnos de la catástrofe.
Madrid –
