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Carles Puigdemont

Reunión del PSOE y Junts la semana pasada en Bruselas

Let’s agree to disagree: PSOE y Junts pactan la amnistía y acuerdan seguir discrepando en todo lo demás

A pesar de la ausencia de acuerdos concretos más allá de la amnistía, se garantiza la investidura de Pedro Sánchez «con el voto a favor de todos los diputados de Junts» y se compromete la «estabilidad de la legislatura» pero «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos»


Se acaba de conocer el documento del acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. En pocas palabras, los dos partidos han acordado arrancar la legislatura a cambio de la ley de amnistía y seguir negociando todo lo demás desde un punto de partida discrepante.

En un formato inédito de acuerdo, que no recoge una lista de puntos en común sino una lista de importantes diferencias, junto con la voluntad de ir avanzando en un diálogo que pueda acercar posturas, los de Sánchez y los de Puigdemont arrancan el documento hablando del inicio de una «nueva etapa» en la que se comprometen a «contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura».

A partir de ahí, el documento establece la naturaleza política del conflicto catalán, la necesidad de desjudicializarlo y la «oportunidad histórica» que se abre para poder hacerlo tras los resultados de las elecciones del 23 de julio.

Hasta ahí, lo esperable en un acuerdo político. La parte dispositiva —titulada «ACUERDOS»— es, sin embargo, algo mucho menos habitual. Ya desde el principio, podemos leer: «El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral.» A pesar de ello, constatan inmediatamente a continuación que «se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones». Para hacerlo, apelan de forma ambigua a «un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue».

Es en ese marco, continúa el documento, donde se tendrán que acordar una serie de elementos, la mayoría de los cuales partirían de posiciones iniciales de ambos partidos completamente discrepantes.

Así, en el ámbito del reconocimiento nacional de Catalunya, por ejemplo, el documento recoge abiertamente que los dos partidos propondrán cosas diferentes: «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya.»

Lo mismo ocurre en el ámbito de financiación y autogobierno: «Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya.»

Es únicamente respecto de la Ley de Amnistía donde el documento recoge algún tipo de acuerdo concreto. Así, se especifica que la ley «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos» y se remite a una serie de «comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura» y a las conclusiones que de ellas se deriven, que deberán ser tenidas en cuenta «en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Para finalizar, se hace una referencia poco concreta a la «ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales».

A pesar de la ausencia de acuerdos concretos más allá de la amnistía, en el penúltimo punto, se garantiza la investidura de Pedro Sánchez «con el voto a favor de todos los diputados de Junts» y, en el último, se compromete la «estabilidad de la legislatura» pero guardándose la posibilidad de lo contrario al especificar inmediatamente después que dicha estabilidad estaría «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo».


Aquí puedes leer el documento completo del acuerdo:


Madrid –

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