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Los bancos ganan más que nunca en 2023, pero no quieren pagar impuestos
Presumen de buena gestión, pese a que sus beneficios salen de la gran subida de tipos de interés y del «maltrato» a los clientes. Mientras se presentan como adalides de la economía sostenible, las entidades reclaman un nuevo gobernador del Banco de España que las respalde aunque lo designe el PSOE
“Un impuesto a la banca no ayuda a la economía”, aseguró prepotente Ana Botín al presentar los resultados del Banco Santander en 2023, con un beneficio neto de 11.076 millones de euros, un 15% más que el año anterior. La primera entidad española y tercera de la Unión Europea por activos, de no haber tenido que pagar el nuevo impuesto, habría incrementado en España su beneficio el pasado ejercicio en 1.035 millones, un 66% más que en 2022. Al abonarlo, ‘solo’ ha ganado 811 millones más, un alza del 52%.
La heredera del fundador del Santander, su abuelo, y de su padre —los dos Emilio Botín— no es la única mujer en la cúpula de la banca española. Méritos similares a los suyos, con una familia de políticos que transicionó desde el franquismo al Partido Popular, tiene María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, el quinto banco español, que ascenderá a presidenta en los próximos meses. Según ella, mantener el impuesto indefinidamente “vulnera la seguridad jurídica”.
Quizá porque en un entorno muy masculino, un hombre no tiene que exhibir tanta dureza como sus colegas mujeres, Carlos Torres, presidente del BBVA, segundo del ranking español, se suma a las críticas, pero pide una fórmula más amable para ahorrar en el nuevo impuesto, deducciones fiscales, “a través de la canalización de financiación para inversiones en cuestiones estratégicas como la digitalización o la transformación energética”. Todas las entidades se presentan como adalides de la economía sostenible y sacan pecho de sus inversiones en transformación tecnológica o teóricamente beneficiosas para el medio ambiente.
“Lo hemos hecho muy bien”, proclamaba Botín para justificar sus resultados, cuando la realidad es que tanto los suyos como los del resto de los grandes se deben muy especialmente a la política monetaria del Banco Central Europeo. Las cinco mayores entidades —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter— ganaron en conjunto 26.088,1 millones de euros en 2023, un 25,96% más que un año antes, los mayores beneficios de su historia. Casi la mitad de esta cifra, 11.428,1 millones, la obtienen de su negocio en España, impulsado por el alza de tipos del BCE, repercutido sobre las hipotecas y otros préstamos a familias y empresas.
También influye en los resultados lo que asociaciones de usuarios y abogados especializados califican de “maltrato” a los clientes, empezando por una remuneración del ahorro muy inferior al precio de los créditos. Respecto a los abusos, habría que recordar el papel de las informaciones engañosas en la estafa de las participaciones preferentes que, entre 2003 y 2014, arruinaron a multitud de pequeños ahorradores. Para los actuales resultados el cobro de comisiones ayuda, lo mismo que los recortes en servicios y en número de oficinas. Los directivos de los cinco grandes auguran que 2024 será “aún mejor” que el pasado ejercicio, especialmente porque en el primer semestre se mantendrá el precio del dinero en el 4,50% y tienen todavía parte de la cartera de préstamos sin subir. De lo que no hablan es de que ellos están entre los banqueros mejor pagados de la UE. Botín sería la primera y Torres, el cuarto.
Estos banqueros multimillonarios participan como todos los ricos en la difusión del dogma neoliberal: se merecen sus privilegios porque son más eficientes que el resto de los mortales y no deben pagar al fisco porque son los grandes benefactores de la sociedad. La patronal bancaria, AEB, inmersa en la digitalización de la economía como todos sus afiliados, difunde en Twitter (X) un vídeo titulado “¿Sabías que más de la mitad de los resultados de los bancos se destinan al pago de impuestos?”, donde afirma que la banca asume riesgos y por eso cobra comisiones e intereses, “definidos por la política monetaria del BCE”. Es decir, que la maligna Europa les obliga a exprimir a sus clientes. Asegura además que los resultados tienen tres destinos. El primero, reservas, para poder seguir financiando proyectos contra el cambio climático o a favor de la España rural, mientras la dejan sin servicios. El segundo, dar dividendos, “especialmente a pequeños inversores” — falso, los accionistas mayoritarios son fondos de inversión o empresas patrimoniales de milmillonarios—. El tercero, el pago de impuestos, que, según un estudio de PwC, se lleva el 50% y financia el Estado del Bienestar —el propio presidente del BBVA afirmó que en 2023 los impuestos, incluido el extraordinario, detrajeron una tercera parte—.
El Gobierno sabía que iban a llegar estos beneficios históricos, por eso, el PSOE, arrastrado por Podemos, creó un impuesto extraordinario por dos años, prorrogado luego a tres con el compromiso de hacerlo permanente. Los cinco grandes pagaron casi 1.050 millones de euros por la nueva tasa en 2022, una cantidad que habrá subido entre un 30% y un 40% en 2023. El sector lo ha recurrido en los tribunales, aunque asume que se mantendrá porque lo apoya la opinión pública. En este caso, la izquierda ha ganado el relato.
Pero los banqueros no cejan en su victimismo. Tras la marcha de Nadia Calviño al BEI, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los ha recibido uno a uno y ellos han aprovechado para reclamarle una revisión del impuesto, pidiendo que, “por lo menos” se hagan cambios “para evitar que sea discriminatorio”. La tasa solo se aplica a las entidades con más de 800 millones de margen de intereses y comisiones netas en España en 2019, lo que deja fuera a entidades extranjeras que operan en España, como ING o Deutsche Bank, y a las cajas rurales. Esto, según ellos, les fuerza a competir en desventaja.
Los impuestos no son la única preocupación de estos ricos que “también lloran”, como decía una telenovela mexicana de gran éxito a finales de los años 70. También desean que todas las autoridades del Estado les sean afines. El próximo mes de junio termina el mandato del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, designado en 2018 por Mariano Rajoy. Los gobernadores tienen un mandato de seis años y los nombra el rey a propuesta del presidente del Gobierno. La ley no obliga a que intervenga en este asunto ningún partido que no esté en el ejecutivo, pero hay un pacto no escrito entre los dos protagonistas del bipartidismo, PP y PSOE, por el cual quien está en el poder elige al gobernador y el de la oposición al subgobernador. En la situación de tensión actual entre ambos, con el CGPJ bloqueado cinco años, hay quien apuesta por que Pedro Sánchez decidirá los dos cargos como tímida represalia. Otros temen que se mantenga el pacto o hasta se opte por un gobernador de la cuerda neoliberal —en realidad lo han sido todos— como intercambio para renovar el poder judicial.
A medio plazo otro nombramiento inquieta a la banca. Se está tramitando el anteproyecto de ley que creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo que recibirá las reclamaciones de los usuarios, ahora repartidas entre el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Temen que quien presida este organismo se ponga de parte de las asociaciones de consumidores. Las entidades financieras, aunque presumen de lo contrario, se resisten a aplicar sentencias judiciales hasta que se ven obligadas a ello. Tampoco cumplen los códigos de buenas prácticas inventados por ellas mismas, que deben yacer enmarcados en algún almacén ignoto.
Madrid –
