Parque eólico de Serra do Larouco, en Esgos, Ourense, Galicia — Agostime / Europa Press / ContactoPhoto
Los macroeólicos como amenaza al ecosistema gallego
De llevarse a cabo todos los proyectos de parques eólicos actualmente en tramitación con impacto en el país, Galicia contaría con un total de 8.237 aerogeneradores
Nos encontramos ante una cuestión controvertida, ya que la utilización de energía eólica como alternativa a los combustibles fósiles es algo positivo, pero no lo es sin embargo el recurrir a la misma a través de grandes parques macroeólicos con un impacto muy negativo sobre el entorno natural.
El ecosistema de Galicia se ve amenazado por proyectos eólicos mal planificados, con un impacto que también afecta a la vida de las personas. Los molinos de nueva generación miden 200 metros de altura, pero según los proyectos planificados, solo estarán separados de los núcleos de casas por apenas 500 metros. Además, no solo estarán los molinos, proliferarán junto a ellossubestaciones eléctricas y líneas de alta tensión para evacuar la energía.
El estudio “Macroeólicos Galicia”, elaborado en 2022 por la Asociación Rural Contemporánea, en colaboración con plataformas vecinales, colectivos y personas a título individual de todo el país, nos muestra la relación pormenorizada de elementos patrimoniales afectados por esas infraestructuras.
De llevarse a cabo todos los proyectos de parques eólicos actualmente en tramitación con impacto en el país, Galicia contaría con un total de 8.237 aerogeneradores. Un total de 106.878 viviendas quedarían dentro de la superficie de estos polígonos de las cuales 13.122 estarían a menos de 500 metros de un aerogenerador.
Hay 38 elementos considerados como Bien de Interés Cultural (BIC) catalogados que quedan dentro de estos polígonos: el Monasterio de Monfero, el Monasterio de Caaveiro, el Castro de Borneiro, el Castillo de Moeche, el Castillo de Naraío, o Dolmen de Piedra Moro son por ejemplo algunos de los más emblemáticos.
Además, 169 elementos BIC quedarían a menos de dos km de los parques eólicos, entre ellos, el Castillo de San Felipe, el barrio de Ferrol Viejo, el dolmen de Dombante, el Convento de Sano Francisco en Hervón o el casco viejo de Corcubión, entre otros.
La Rede Galega STOP Eólicos agrupa a una treintena de organizaciones que creen que la legislación actual, de 1996, es demasiado laxa con los parques eólicos. En los últimos dos años han convocado diversas movilizaciones en Curtis, Lugo, Pontevedra, A Mariña lucense o la zona de Os Ancares, para protestar contra estos proyectos tal y como están planteados, así como advirtiendo de un impacto “singular e irreparable” en el conjunto de montañas e incluso sobre la puesta en riesgo de la supervivencia del rural gallego y el equilibrio ecológico. Reclaman un nuevo modelo energético, que tenga como principios fundamentales la protección de la naturaleza, así como la preservación de los caladeros de pesca y los corredores ecológicos marinos ante los proyectos de implantación de la eólica marina, que también ha puesto en alerta a todas las cofradías de pescadores, no solo de Galicia, sino de la cornisa cantábrica en su conjunto.
Hay alternativas al modelo propuesto para abandonar la energía dependiente de los combustibles fósiles, que nos hacen más contaminantes, productores de gases efecto invernadero y dependientes de materias primas externas.
La alternativa a los combustibles fósiles no puede ser un remedio igual o peor que la enfermedad, los criterios ecológicos y de preservación del patrimonio cultural e histórico deben primar siempre sobre los meramente económicos, no a la inversa.
Se debe apostar por la planificación territorial para el desarrollo de renovables, sobre los ejes de equilibrio y protección territorial. La transición energética debe llevar aparejadas actuaciones de mejora del medio rural y de recuperación de la biodiversidad, con una constante interlocución y participación de las comunidades vecinales implicadas.
El sector público debe tener un papel protagonista en la transición energética y en las estructuras sobre las que se lleve a cabo, con la finalidad de que los recursos vayan destinados a garantizar la accesibilidad y el derecho a la energía por parte del territorio y su población, para propiciar las condiciones de cara a la creación de una empresa pública de energía para combatir además los precios abusivos de la electricidad, para ello debería ser clave la participación de las entidades locales, a través de la constitución de comunidades energéticas comarcales.
Madrid –
