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Nuevo Pacto de Migración y Asilo, viejas costumbres

Varias organizaciones advierten de la legalización de abusos y una profunda externalización de las fronteras europeas

Hasta 5 reglamentos relativos a la política común de migración y asilo se someten esta semana a votación en el Parlamento Europeo en contra de muchas organizaciones en la UE y en terceros países que se ven afectados por las migraciones hacia esta. Términos legales poco exactos, ampliaciones de plazos que de por sí ya no se cumplen y más burocracia para acceder al procedimiento de asilo, son solo algunas de las cosas que se proponen en estas modificaciones.

Estos criterios y modificaciones vislumbran una reforma más orientada al control y externalización de los flujos migratorios que a garantizar los derechos de las personas en tránsito hacia la UE. CEAR en su informe acerca de este nuevo pacto, entiende que no se solucionan ni se aprende de las experiencias pasadas y que hay un énfasis excesivo en el incremento de los retornos con lo cual se corre el riesgo de que estos se produzcan a países no seguros, así mismo, incrementa las posibilidades de limbo jurídico y detenciones. Entre sus medidas más graves introduce sanciones en caso de incumplimientos por parte de los solicitantes, donde una de las sanciones es un peor nivel de vida proporcionado a los migrantes mientras estuvieran a cargo de los Estados, amplia plazos de responsabilidad para el examen de entrada de un año a tres y un control previo en las fronteras exteriores que implica un no acceso directo a las protecciones y derechos que derivan de la propia solicitud de asilo.

No Name Kitchen, organización presente en fronteras como la de Bosnia-Herzegovina con Croacia, Bulgaria con Turquía o la de Ceuta, teme que esta sea la legalización de los abusos que ya se cometen, aseguran: “es común en estas fronteras encontrarse con personas que, intentando llegar a zonas más interiores de la UE, son atrapadas, robadas e incluso en algunas ocasiones torturadas y deportadas de manera ilegal por parte de los cuerpos policiales”. Varios informes de ONG como Amnistía Internacional advierten de estas prácticas en las fronteras europeas e incluso el Comité contra la tortura del Consejo de Europa público uno sobre Croacia en el que se destacó la poca colaboración por parte de las autoridades locales y pudieron comprobar de primera mano los malos tratos a las personas migrantes, prácticas de este tipo se han encontrado en la mayoría de fronteras exteriores de la UE. En su comunicado acerca de este pacto aseguran: “Las personas migrantes se verán obligadas a procedimientos acelerados que omiten la asistencia legal o la evaluación de la vulnerabilidad, cosa que ya sucede, pero es considerada ilegal, en los últimos seis meses el 25% de las personas que informaron sobre una devolución en caliente violenta no tuvieron acceso a traductor y el 10% se vieron obligados a firmar documentos legales. Se establecerá un sistema de vigilancia masiva que actualmente contemplaba solo las huellas dactilares, pero con la aprobación del pacto incluirá los datos faciales y amplía la edad de recopilación hasta niños de 6 años, esta recopilación además afectaría a las personas racializadas reforzando controles de identidad racistas y excluyentes. Incluye una cláusula de regulación de crisis y fuerza mayor que permite a la UE establecer excepciones en materia de Derechos Humanos denegando el derecho al asilo o la libertad en casos de “afluencia masiva” o “instrumentalización”, términos vagos que dan el poder a los estados de ignorar los Derechos Humanos.”

Denuncian también la externalización de los flujos migratorios, por un lado, mediante un nuevo Reglamento que introduce un control previo antes del acceso al procedimiento de asilo con el fin de determinar si la persona debe ser devuelta o debe acceder al asilo en las fronteras externas de la UE o incluso en el extranjero, limitando la libertad de circulación de las personas y creando una carga para estos países, esto ya venía sucediendo, sin embargo, la aprobación de este pacto legaliza estos controles e incluso los convierte en un requisito, por tanto, consideran probable que esto de lugar a detenciones sin procesos judiciales, violaciones de los Derechos Humanos y un empeoramiento de los lugares en los que se tiende a agrupar a las personas migrantes. Además, se incluirá la ampliación del principio de “terceros países seguros”, esto dificultará la concesión o admisión de la solicitud de asilo de las personas migrantes, ya que será mucho más probable que sean deportados a países en donde su vida y derechos corren peligro.

Otra parte de esta externalización denunciada son los acuerdos entre países como el que se firmó entre el gobierno italiano de Giorgia Meloni y el gobierno albano mediante el cual los migrantes atrapados en el Mediterráneo por barcos italianos serán llevados a campos de internamiento en territorio albano, sin embargo, estos acuerdos en el pasado han sido corruptos y ha dado lugar a abusos de los Derechos Humanos, como el de la UE con Libia, donde los informes muestran condiciones inhumanas en centros de detención, torturas, violaciones y trabajos forzados. Existen también acuerdos de este tipo con Turquía, Níger y Marruecos.

Consecuencias de estas actuaciones que buscan legalizarse es el caso de los 55 niños expulsados desde Ceuta en agosto de 2021, donde a pesar de la vulnerabilidad contemplada en la Ley hacia los menores esta se llevó a cabo igualmente y fue reprobada por el Tribunal Supremo por no estar acorde a la legalidad española, condenando la actuación del Gobierno. La semana pasada se conoció de la desestimación de los recursos de Salvadora Mateos, exdelegada del gobierno en Ceuta y Mabel Deu, exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma ante la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de prevaricación administrativa continuada relacionado con esta deportación en caliente, con lo cual tendrán que sentarse en el banquillo para determinar su responsabilidad en este caso. Solo cabe interpretar esta depuración de responsabilidades como el sacrificio necesario por parte del PSOE para que el ministro del interior y desatascador de este pacto, Fernando Grande-Marlaska, permanezca en su cargo después del pronunciamiento del Tribunal Supremo.