Ocho años después, Alfonso Rojo y Eduardo Inda deberán indemnizar a los titiriteros de Madrid

Según el abogado de los artistas, la persecución que sufrieron se trató de “uno de los primeros casos de lawfare contra Podemos”


Raúl y Alfonso fueron detenidos en Madrid por exhibir una pancarta que decía “Gora Alka-ETA” y acabaron detenidos en Soto Del Real. Fue durante el Carnaval de Madrid, en el marco de una función artística, y contra ellos se desató una campaña de persecución política y de censura al arte y la cultura sin precedentes en la política municipal de la capital. Por aquel entonces, los llamados “ayuntamientos del cambio” recién habían echado a andar y la derecha mediática y judicial no dudó en cargar contra ellos de todos los modos posibles, valiéndose, especialmente, de la Cultura.

Pero casi ocho años después, la justicia se abre paso, aunque quizá tarde para reparar el daño  que produjo el caso de “los titiriteros”, que trascendió con mucho a un mero capítulo del municipalismo madrileño y tuvo ecos políticos hasta nuestros días. Raúl García y Alfonso Lázaro, que fueron entonces acusados de exaltar el terrorismo, ven ahora reconocido su derecho a ser compensados por los periodistas que los difamaron. El Tribunal Supremo ha sentenciado al medio digital OKdiario y a su director, Eduardo Inda, a pagar 4.000 euros a cada uno por calificarlos como «proetarras» cuando el caso ya había sido archivado, una compensación similar a la que Alfonso Rojo tuvo que abonar junto a su medio, Periodista Digital, en un proceso legal previo. 

Y es que la justicia nunca pudo demostrar las acusaciones contra los titiriteros, si bien el juicio paralelo que se produjo en medios y opinión pública determinó el devenir municipal. Manuela Carmena, cedió a las presiones y se sumó al señalamiento de los artistas, para dejar finalmente caer al equipo de Cultura —Celia Mayer era por entonces la Consejera Delgada del Área—. Sin embargo, una gran ola de solidaridad emergió entonces desde el tejido cultural y artístico municipal, al que arroparon a los artista represaliados ante la operación de censura y persecución que sufrieron. 

En declaraciones a eldiario.es, Jaime Montero, abogado defensor de los titiriteros, considera que su caso fue “el primero de los casos de lawfare contra Podemos” para minar a los “ayuntamientos del cambio”. “Esos cinco días en prisión no son entendibles si no se vinculan con esa circunstancia, con ese gobierno, y es importante resaltarlo ahora que los jueces se hacen cruces con este tema”. 

Y es que el lawfare y su pata mediática no se detuvo ni se detiene en el mundo político, sino que tuvo en personas como estos artistas el vehículo para imponer sus intereses.


Madrid –

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