Vicente Guilarte , presidente suplente del CGPJ a su salida de un pleno extraordinario sobre la amnistía — Carlos Luján / Europa Press
Recopilatorio de las (muchas) maniobras golpistas de la derecha
El juez que salvó de sentarse en el banquillo a Cospedal y Rajoy. El CGPJ, con el mandato constitucional caducado hace ya casi un lustro. Una asociación de magistrados conservadora. El ex ministro del PSOE que diseñó la escala de penas de la ley sólo sí es sí. La agrupación ultra de la Guardia Civil y la Policía. Y hasta un puñado de obispos y arzobispos
Después de unos resultados electorales insuficientes para poder gobernar, de una investidura fallida (pese al voto de confianza del Rey) y de una moción de censura abocada al fracaso desde su concepción, la derecha política, judicial, policial y mediática está utilizando sus últimas balas para tratar de torpedear la línea de flotación de la investidura de Sánchez: la ley de amnistía. Hagamos un repaso de las últimas maniobras golpistas de la derecha para impedir la conformación de gobierno.
En primer lugar, se produjeron una serie de pronunciamientos que hablaban del “fin de la democracia” y el “fin del Estado de derecho”. El pistoletazo de salida lo dio Aznar con unas declaraciones durante la inauguración del Máster de Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, vinculado por cierto a la fundación FAES, en las que señalaba a Sánchez como un riesgo para la democracia española y llamaba a actuar para frenarlo. Aznar estaba preparando el terreno para los movimientos que vendrían después.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, publica un comunicado, titulado “La APM en defensa del Estado de Derecho” en el que afirma que la amnistía del ‘Procés’ no es admisible en la Constitución del 78; que pone en cuestión la labor de los jueces; deslegitima el Estado de derecho; quiebra la separación de poderes; y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes. Desde la APM, aseguran también que no les corresponde a ellos valorar la ética y los principios de los actores políticos que están pactando la ley de amnistía, pero aprovechan para definir a unos como aquellos que “en otros momentos históricos trataron de conseguir la independencia con la fuerza del terror”, y a acusar a otros de eximir de responsabilidad penal a una clase de personas por motivaciones políticas. El comunicado cierra definiendo al Poder Judicial, como “el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.
Paralelamente, los vocales del PP del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato recordemos que lleva casi cinco años caducado, solicitaban la celebración de un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional crítica con la ley de amnistía. El texto acusa a Pedro Sánchez de buscar una amnistía para conseguir un “beneficio personal y político” a costa de “abolir el Estado de Derecho”. Sánchez confunde el interés de España con su interés personal en “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” algo que es “manifiestamente incompatible con la alternancia política”, asegura el texto. La declaración institucional fue finalmente aprobada este lunes gracias a los votos de los nueve vocales conservadores del órgano. De este modo, los magistrados nombrados a propuesta del PP, han logrado que el órgano más importante de la judicatura, se pronuncie contra la despenalización del Procés, en un claro intento de entorpecer las negociaciones de investidura. La declaración institucional del CGPJ, como la de la APM, no tiene ningún efecto práctico, pero un enorme eco mediático, que a fin de cuentas es lo importante…
La asociación ultraderechista de la Policía Nacional, Jupol, y sus homólogos de la Guardia Civil, Jucil, también se han pronunciado contra las negociaciones de amnistía. Lo han hecho a través de la red social X, acusando a Pedro Sánchez de “felón” por poner sus intereses personales por encima de, cito textualmente, “la libertad del pueblo español”. El Ministerio ha requerido a los servicios jurídicos de la Guardia Civil el análisis del tuit para ver si se ha incurrido en algún tipo de falta disciplinaria teniendo en cuenta que la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exige “neutralidad política” a sus miembros.
Y para cerrar, el broche de oro, la Iglesia. Los arzobispos de Valladolid y Oviedo y los obispos de Alicante y Huelva han tildado de “profundamente inmoral” la ley de amnistía. El obispo onubense, ha publicado de hecho una carta, titulada “Valoración moral del nacionalismo”, en la que asegura que la Iglesia no debe “intervenir directamente en la acción política y en la organización de la vida social”, pero censura a los nacionalismos que “niegan unilateralmente la soberanía de España”. Además, el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha asegurado que “no es aceptable” desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia “la secesión unilateral”.
La judicatura, la policía, la Iglesia saliendo con todo para impedir la formación de gobierno… Y todos estos pronunciamientos contra la ley de amnistía se hacen sin tan siquiera conocer aún sus contenidos: No se ha hecho público aún ningún borrador ni texto preliminar de la ley.
Pero aún hay más. Ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó un auto con el que imputaba al líder de Junts, Carles Puigdemont; a la ‘número dos’ de ERC, Marta Rovira, y a otros nueve independentistas por organizar las protestas contra las sentencias del Procés. García Castellón, recibió un informe de la Jefatura de la Guardia Civil el pasado viernes que ponían en el punto de mira a Rovira y Puigdemont. Menos de 48 horas después, redactaba el auto afirmando que “existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo” en concurso con otro delito de desórdenes públicos.
No parece una casualidad que, habiendo pasado más de cuatro años desde las protestas que se juzgan, sea precisamente ahora, en plenas negociaciones con Junts y ERC, cuando García Castellón, uno de los jueces más próximos al PP, decida desempolvar la carpeta del caso. Y no sólo eso, sino que, para enturbiar aún más las negociaciones, cita además como testigo al líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegui. La otra causa de la Audiencia Nacional que se ha acelerado milagrosamente en la recta final de las negociaciones de investidura es la que tiene que ver con los doce miembros de los Comités de Defensa de la República procesados por terrorismo. El pasado viernes el tribunal confirmó que los envía a juicio.
García Castellón aprovechó su intervención en un acto público celebrado el pasado domingo en Ourense, para referirse a una posible ley de amnistía. Dijo que no podía pronunciarse sobre el asunto como juez, al instruir actualmente causas relacionadas (la del Tsunami Democrátic y los CDR), pero que lo haría “como ciudadano”: “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón.
Y, para terminar, una “extraña” coincidencia. Al mismo tiempo que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por cierto por el PSOE, era detenido acusado de agresión sexual, se filtraba la inadmisión a trámite de un recurso interpuesto por la ministra Irene Montero. Se trataba de un recurso interpuesto contra la condena del Tribunal Supremo por una supuesta vulneración del derecho al honor del marido de María Sevilla cuando Montero pronunció, en 2022, una defensa de las madres protectoras en línea con la posición política del Gobierno. Pues bien, ¿Quién era el firmante de la inadmisión? Juan Carlos Campo, el exministro de justicia y uno de los principales escollos para que la Ley del Sólo Sí es Sí saliera adelante tal y como fue planteada desde Igualdad, actual magistrado del Tribunal Constitucional. El PSOE color caoba sumándose a la cacería.
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Madrid –
