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Represión contra el activismo climático pacífico: Futuro Vegetal denuncia 15 detenciones

España está persiguiendo al activismo climático cuando 2023 va camino de ser el año más cálido de la historia y mientras los países de la COP28 siguen sin tomar medidas para frenar la crisis climática

Las señales que está emitiendo el Estado respecto al activismo climático en España son preocupantes si se tiene en cuenta que la crisis planetaria avanza sin freno y que 2023 ha sido el año más caluroso de la historia desde que hay registros. En septiembre la Fiscalía General del Estado en su informe anual incluyó actividades de organizaciones ecologistas como Extinction Rebelion y Futuro Vegetal en el epígrafe Terrorismo Nacional. Después de las protestas desde la sociedad civil la FGE rectificó. Sin embargo, desde noviembre vienen sucediéndose detenciones por parte de la Policía Nacional a activistas climáticos de estas organizaciones.

El jueves 21 de diciembre, Futuro Vegetal ha denunciado la detención de 15 activistas contra la crisis climática en distintos puntos del país acusados de «organización criminal». Según el colectivo ecologista, con estas 15 ya serían una treintena de activistas detenidos desde el 1 de diciembre. La Policía Nacional ha evitado confirmar las detenciones de este jueves al tratarse de «una operación en curso», según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Ya hace 3 semanas, el 1 de diciembre y coincidiendo con la COP28, tal y como informaba Pablo Elorduy en El Salto, dos militantes de la organización ecologista Futuro Vegetal fueron “detenidos por la Brigada de Información de la Policía Nacional en la tarde del 1 de diciembre en Madrid por supuesta pertenencia a una organización criminal. Antes de las 23h han sido puestos en libertad con cargos”. El periodista afirmaba en su pieza que las detenciones de ese día suponían “un salto de escala en el tratamiento de estos grupos. Encaminados, según temen los militantes de esta organización, a que el caso pase de los juzgados ordinarios a la Audiencia Nacional, instancia en la que se juzgan los casos de terrorismo”. También recordaba en el texto que el pasado junio, el Ministerio de Interior francés declaró “ecoterrorista” al grupo de activistas Soulèvements de la Terre, pero este mismo mes el Consejo de Estado ha revertido esa decisión.

Respecto a las 15 detenciones, el grupo ecologista considera que las detenciones forman parte de una «macro-operación policial para desarticular» a Futuro Vegetal y asegura que dos de las detenciones se han producido en Francia. Consideran que «es absurdo reprimir a activistas climáticas no violentas» y que «la criminalización de la protesta que está haciendo la Policía Nacional es irracional y desproporcionada». La entidad considera que la imputación de «organización criminal» es «rídicula» teniendo en cuenta que «el Código Penal exige para considerar una organización como criminal que su finalidad sea la comisión de delitos» y, según fuentes del colectivo, «no han sido condenados por ningún delito y el ejercicio de la desobediencia civil es un derecho reconocido por la propia ONU».

Una de las portavoces de Futuro Vegetal ha exigido en el momento de su detención que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique «cómo es posible que en una sociedad presuntamente democrática se acuse a activistas que luchan por modelos de sociedad más sostenible de organización criminal mientras siguen sin investigarse tramas de corrupción a todos los niveles en las administraciones públicas y las grandes corporaciones».