Grietas en casa de un vecino afectado — Eduardo Parra / Europa Press
San Fernando de Henares solicitará la Declaración de Zona Catastrófica
La plataforma de afectados por la línea de metro 7B asegura que el Ayuntamiento finalmente ha accedido a la solicitud que llevan haciendo durante años.
Con esto se pretende dar respuesta a un problema enquistado en el municipio desde su inauguración en 2007. Algunos seguros hicieron ofertas para arreglar daños en las viviendas a inicios del problema, sin embargo, con el anuncio de la demolición de muchos inmuebles estas no servían, desde entonces las aseguradoras no han proporcionado ningún tipo adicional de ayuda.
La declaración de zona catastrófica supondría poder adoptar medidas de tipo económico en beneficio de quienes hayan visto sus viviendas y enseres de primera necesidad afectados, exenciones fiscales a particulares y empresas, subvenciones y compensaciones a daños en infraestructura municipal y red viaria. Desde la aprobación de la Ley en 2015, este mecanismo ha sido usado 14 veces, la última en septiembre del año pasado por la DANA, que afectó a nueve comunidades autónomas.
La gran mayoría de los precedentes fueron por desastres naturales o fenómenos meteorológicos adversos, no obstante, existe un precedente con responsabilidad sobre alguien y fue el de la explosión de un almacén de pirotecnia en Tui, Pontevedra, que conforme las peticiones de la Fiscalía en el juicio pendiente afectaron a 430 viviendas, 76 vehículos y a 36 personas, así como los daños a los servicios públicos, empresas y el matrimonio fallecido en el suceso. Por otro lado, se le acusa al responsable de dos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, delitos de riesgos catastrófico provocado por explosivos, un delito imprudente de estragos y delito de daños imprudentes, con una suma de penas de 14 años de prisión. Con este precedente, en el que la responsabilidad del desastre partió de un sujeto, la declaración como zona catastrófica de aquella parte del trazado de la línea de metro 7B que ha afectado a más de 600 viviendas, incluyendo la demolición de algunas y los desalojos que se alargan ya años parece viable tanto en términos del desastre que supone como en posibles responsables, ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró responsable de no contemplar los informes sobre posibles problemas futuros debido al suelo a la Comunidad de Madrid, anulando la multa que inicialmente impuso a Dragados por haber ejecutado mal la obra.
El 18 de mayo del año pasado, los afectados enviaron documentos a todos los partidos a nivel local, autonómico y estatal con motivo de las elecciones señalando la importancia de impulsar la Zona Catastrófica, las alegaciones en contra siempre fueron en el sentido del difícil encaje legal que puede tener la situación. También aseguran estar ahora trabajando en los procesos contencioso-administrativos para las familias en situación de riesgo, cuando estos terminen valorarán desarrollar algún proceso penal al respecto, pero ahora mismo no están en un horizonte inmediato.
Se intentó sin éxito contactar con el Ayuntamiento acerca de esta declaración.
Madrid –
