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El juez Salvador Alba, actualmente en prisión, a su llegada a un juicio en su contra — Foto cedida por Canarias Ahora

También desde la cárcel se puede hacer lawfare

Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista canario Carlos Sosa


Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora (cabecera asociada a eldiario.es desde las islas).

El encargado de abrir el juicio oral es un juzgado de Madrid por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa, motivo por el que el magistrado lleva dos años en prisión. La jueza, que asume parte de los postulados de la querella del exmagistrado, exige a Sosa una desproporcionada fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Este caso nos pone frente a una nueva modalidad de Lawfare, donde el delincuente lo ejerce desde la cárcel y hace creer a la opinión pública que la víctima de acoso es el victimario. Se trata de un ataque frontal a la libertad de información ya que al exigir una fianza tan elevada envía un peligroso aviso a navegantes para cualquier medio independiente que quiera (porque debe) denunciar la corrupción política y judicial

Este caso nos pone frente a una nueva modalidad de Lawfare, donde el delincuente lo ejerce desde la cárcel y hace creer a la opinión pública que la víctima de acoso es el victimario. Se trata de un ataque frontal a la libertad de información ya que al exigir una fianza tan elevada envía un peligroso aviso a navegantes para cualquier medio independiente que quiera (porque debe) denunciar la corrupción política y judicial.

Por el momento, hasta cuatro asociaciones de prensa han mostrado su apoyo al periodista canario. Desde la Asociación de prensa de Las Palmas se decidió en junta directiva y por mayoría absoluta amparar a Carlos Sosa y mantiene que se le acusa de estos delitos por el mero hecho de ejercer la profesión periodística. “Entendemos que el compañero ha cubierto los principios deontológicos”, aseguran en un comunicado.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de investigación también respaldan públicamente a Sosa y ven “con profunda preocupación la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada en contra del criterio de Fiscalía”. La última organización en mostrar su apoyo ha sido Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en un comunicado rechaza el auto judicial de apertura de juicio oral contra Sosa y exige que se respete el derecho a la libertad de información y rechazan “que se intente asfixiar el periodismo libre”.


Madrid –

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Editorial

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