Plaza de las Tres Culturas, momentos previos al ataque
México: 55 años de la matanza de Tlatelolco
El 2 de octubre de 1968 el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz ordenó una matanza contra el movimiento estudiantil. 55 años después recordamos aquel crimen que marcó a una generación de militantes y que condicionó la historia del país
Eran las cinco y treinta de la tarde del 2 de octubre de 1968. Miles de estudiantes y vecinos de la plaza de las tres culturas en la Ciudad de México escuchaban a los oradores en un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga, la asamblea máxima del movimiento estudiantil que desafió al autoritarismo mexicano. Antes de que los representantes estudiantiles dejaran de hablar por micrófono a la multitud, un helicóptero sobrevoló la plaza y luces de bengala iluminaron el cielo. El desconcierto se hizo presente y la muerte llegó con los disparos de francotiradores militares contra cualquier persona. Soldados y agentes civiles respondieron a diestra y siniestra desde la plaza. Las autoridades ocultaron el nombre de los responsables de la masacre y el número de víctimas ante la interpelación y denuncia de sobrevivientes y familiares de víctimas. Después de cinco décadas, las nuevas generaciones se niegan a olvidar lo ocurrido.
La huelga estudiantil en 1968
El 22 y 23 de julio de 1968 decenas de adolescentes preparatorianos se enfrentaron a golpes. En el segundo día de disturbios intervinieron casi doscientos policías granaderos, militares y hasta agentes del servicio especial. Los estudiantes, inexpertos en política, terminaron combatiendo juntos para defenderse de los uniformados. Días después, en la marcha solidaria con Cuba del 26 de julio sucumbieron las primeras víctimas de ese verano convulso. La madrugada del día 30, un bazukazo militar derribó la puerta virreinal del Colegio de San Ildefonso, sede de la preparatoria universitaria. Las agresiones policiacas y militares hacia la juventud determinaron las demandas del pliego petitorio que exigieron reparar a las familias de las víctimas, desaparecer el cuerpo de granaderos e investigar quiénes ordenaron la represión. Así inició uno de los hitos de la historia reciente de México.
Los primeros días de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las instituciones de educación superior más grandes del país, se declararon en huelga. El movimiento estudiantil se desplegó por la ciudad a través de las brigadas 24/7 y de las marchas multitudinarias. Algo cambió a partir del 27 de agosto, debido a la tensión ocasionada por la ausencia de diálogo. Entre el 18 y el 24 de septiembre el ejército ocupó Ciudad Universitaria y la zona politécnica de Zacatenco. El lunes 30 los militares entregaron las instalaciones universitarias y el primero de octubre los huelguistas declararon que no retornarían a clases en tanto no se cumpliera el pliego petitorio pero tampoco impedirían los Juegos Olímpicos, los primeros en Latinoamerica que se inaugurarían once días después, el 12 de octubre.
El 2 de octubre en casa del el rector universitario Barros Sierra se reunieron estudiantes del Consejo Nacional de Huelga con representantes del Presidente de la República para hablar sobre un posible diálogo. A las 15.30 inició el mitin en Tlatelolco. Después de dos horas parpadearon señales rojas y verdes en el cielo. Tras escucharse unas rágafas de metralleta, agentes del Batallón Olimpia y compañías militares desplegadas en la plaza dispararon sin motivo aparente hacia cualquier persona. La violencia política se desplegó en la capital del país a los ojos del mundo, visibilizando la represión y el autoritarismo denunciado en el pliego petitorio. La férrea fidelidad de las instituciones y los hombres del régimen han impedido que las responsabilidades civiles y militares se castiguen en el transcurso de cinco décadas, pese a que es posible afirmar que fue un plan de Estado.
La férrea fidelidad de las instituciones y los hombres del régimen han impedido que las responsabilidades civiles y militares se castiguen en el transcurso de cinco décadas, pese a que es posible afirmar que fue un plan de Estado
La Operación Galeana del 2 de octubre de 1968
Cuando el movimiento estudiantil de 1968 irrumpió en México, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ofreció su mano tendida a la juventud y se dijo dispuesto a restablecer la paz quebrantada. Pero ese abogado poblano de 57 años, colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y heredero de una política anticomunista, no realizó ningún esfuerzo para escuchar y comprender la movilización estudiantil y su pliego petitorio. Díaz Ordaz, su gabinete y los operadores del corporativismo obrero desprestigiaron al estudiantado señalándolo como una juventud antipatriótica, carente de legitimidad y manipulada por fuerzas extranjeras, destabilizadoras y comunistas.
El esclarecimiento histórico sobre el pasado reciente en México ha sido un esfuerzo arduo y multidisciplinario entre testigos e investigadores. En el 2000 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue derrotado en las urnas, después de 70 años ininterrumpidos en el poder. El relevo político permitió la desclasificación y consulta de algunos fondos documentales de la Secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, lo que impactó en la producción de conocimiento histórico e impulsó procesos de justicia.
Hoy se tiene la certeza de que el movimiento estudiantil fue vigilado y espiado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la institución que realizó tareas de seguridad nacional entre 1947 y 1985. Como parte de una coordinación de élite, su entonces director Fernando Gutiérrez Barrios junto con Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional, trazaron una operación para desarticular la movilización estudiantil. Ambos hombres de Estado decidieron que, con la detención de los jóvenes delegados del Consejo Nacional de Huelga, ese 2 de octubre finalizaría el movimiento estudiantil. Los agentes del Batallón Olimpia resguardarían el edificio Chihuahua, especialmente los balcones del tercer piso con vista a la plaza desde los cuales los oradores se dirigían a las miles de personas reunidas. Se desplegaron más de cinco mil militares organizados en tres grandes grupos para cercar el perímetro y dispersarse por toda la plaza de Tlatelolco. El operativo acompañado con más de 300 tanques militares fue imponente.
Sin embargo, lo sucedido la tarde del 2 de octubre no fue la Operación Galeana sino un plan B gestado en silencio por el Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, su Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez y los militares Luis Gutiérrez Oropeza y Mario Ballesteros Prieto, jefes del Estado Mayor Presidencial y del Estado Mayor de la Defensa Nacional, respectivamente. En el cónclave decidieron colocar a 10 francotiradores en el Molino del Rey, un edificio vecino al Chihuahua desde el cual dispararon a la multitud, ya fueran estudiantes, vecinos, soldados o agentes del Olimpia. Ningún dirigente mundial optó por eliminar a sus juventudes en 1968 como lo hicieron el Presidente y las fuerzas armadas de México.
El desconcierto entre los soldados, los agentes del Batallón Olimpia y de la Federal de Seguridad no les impidió disparar a los pocos segundos en contra de las casi 10 mil personas que permanecían en la plaza. Tampoco frenó la detención de más de 1300 personas conducidas al Campo Militar número 1, ni el allanamiento de decenas de departamentos y los actos de rapiña y extorsión para permitir entrar o salir de la zona de guerra. El ataque militar fue publicitado por la prensa como una reacción oficial ante la agresión de estudiantes armados. La versión era falsa, pese a la radicalidad de una minoría estudiantil. El Congreso de la Unión protegió al Presidente Díaz Ordaz, un homicida confeso que declaró “asumir íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos” de 1968. En 1977 fue nombrado embajador de México en España, encargo en el que permaneció poco tiempo debido a las acusaciones de lo sucedido en Tlatelolco.
En los días subsecuentes a la masacre el gobierno contabilizó 26 víctimas, la embajada estadunidense 150 y el corresponsal de The Guardian señaló 325. Hasta hoy se ha acreditado la muerte de 40 civiles y 4 militares en esa tarde noche en la que la pólvora y la lluvia inundaron la plaza. A lo largo de las décadas, la obstrucción de las autoridades en las investigaciones y la opacidad en las cifras ha provocado que la sociedad imagine cientos de víctimas. El Comité del 68, un colectivo integrado por sobrevivientes, en 1998 demandó por el delito de genocidio a las autoridades civiles y militares de la época, investigación que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado consignó ante un Juzgado Federal Penal en el 2004. El único procesado fue Luis Echeverría Álvarez, quien permaneció en prisión domiciliaria entre el 2005 y el 2009.
Si el esclarecimiento histórico en México ha sido complicado, alcanzar la justicia penal por violencia política en el pasado se antoja imposible. Sin embargo, ha habido avances: hoy comprendemos que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco no fue un exceso de la fuerza estatal sino que formó parte de un proceso contrainsurgente de la segunda mitad del siglo XX en el que instituciones civiles y militares, con el uso de recursos públicos, cometieron múltiples violaciones graves a los derechos humanos, como cientos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales pendientes de esclarecerse, castigarse y repararse. Hoy, en un país con más de 110 mil personas desaparecidas, entendemos que olvidar el pasado inmediato no es una opción.
Ciudad de México –
