Enero 2024, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina —Daniella Fernandez Realin / Zuma Press / ContactoPhoto
Denuncian la muerte de 32 personas en acciones de las fuerzas de seguridad en 35 días del Gobierno de Milei
CORREPI ha lamentado que, «con la aprobación de la ley ‘ómnibus’, que legaliza el gatillo fácil y profundiza toda la política represiva, sólo se puede esperar que el escenario empeore»
Los cuerpos y fuerzas de seguridad de Argentina han acabado con la vida de 32 personas desde que el actual presidente del país, Javier Milei, asumió el cargo hace 35 días, según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
«Llevamos sólo 35 días del Gobierno de Milei como presidente y Bullrich como ministra de Seguridad. Ya son 32 las personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales», ha denunciado CORREPI en una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter.
En concreto, la organización social ha especificado que doce de las víctimas murieron fusilados de «gatillo fácil», es decir por violencia policial, 16 muertes tuvieron lugar en cárceles o comisarías, otro de los crímenes fue un «femicidio de uniforme» y los tres restantes fueron «asesinatos intrafamiliares».
A este respecto, CORREPI ha lamentado que, «con la aprobación de la ley ‘ómnibus’, que legaliza el gatillo fácil y profundiza toda la política represiva, sólo se puede esperar que el escenario empeore».
«Estas 32 muertes a manos del aparato estatal son apenas los casos de los que nos enteramos por los medios o por consulta directa, lo que indica que cuando hagamos la búsqueda sistemática del año, resultarán muchos más», ha explicado la titular de la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú, en declaraciones recogidas por medios locales argentinos.
Verdú ha señalado que «estos impactantes números ya indican una tendencia que sólo se explica a partir de las decisiones e iniciativas ya encaradas por el Gobierno desde el 10 de diciembre pasado» y ha defendido que no pueden «permitir que esta política represiva avance más todavía».
«Debemos enfrentar este intento de imponer un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías con unidad, organización y lucha», ha sentenciado la abogada.
Madrid –
