Cae el máximo jefe policial chileno por burlar leyes anticorrupción
El policía es acusado por la Fiscalía de Santiago de filtrar información reservada en al menos cinco causas, y vulnerar las leyes que castigan el lavado de activos
En solo doce horas la vida del máximo jefe de la policía de investigaciones de Chile tuvo un vuelco radical. Sorpresivamente, a las 6 de la mañana, una brigada anticorrupción de Carabineros allanó la casa particular de Sergio Muñoz y, en simultáneo, sus oficinas en el cuartel central de la Policía de Investigaciones (PDI). El policía es acusado por la Fiscalía de Santiago de filtrar información reservada en al menos cinco causas, y vulnerar las leyes que castigan el lavado de activos. Entre las causas, una que afecta a su antecesor en el cargo, el ex director Héctor Espinoza, quien enfrenta a la justicia por malversación de caudales públicos y mal uso de fondos reservados. Luego de intensas reuniones en el palacio de La Moneda, un encuentro entre el jefe policial y la ministra del Interior, incertidumbre sobre su permanencia en el cargo y cierta ambigüedad entre las autoridades de gobierno Sergio Muñoz decidió presentar su renuncia. El día terminó con la policía civil descabezada y con otro jefe policial —el de Carabineros— a la espera de ser formalizado por omisión en los atropellos a los derechos humanos ocurridos en la protesta social de 2019.
Luis Hermosilla ha sido un prestigiado abogado de la plaza que durante la dictadura defendió a perseguidos políticos desde la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, militante del Partido Comunista y que luego de la recuperación de la democracia asumió la representación de la familia de Jaime Guzmán, uno de los principales asesores de Pinochet, ideólogo de la Constitución y senador, asesinado en abril de 1991 por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Desde entonces, Hermosilla se ha transformado en un abogado requerido por empresarios, políticos y sobre todo por personeros de la derecha.
Hace seis meses se hizo pública una reunión entre Hermosilla, un empresario y una jurista en la que el letrado dijo que los asuntos problemáticos con el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero se resolvían con pago de coimas, y explicó cómo lo hacía. Desde entonces es investigado por la justicia. Una de las causas que tuvo que dejar de defender ha sido la del ex director de la PDI Héctor Espinoza.
Cuando la policía allanó el domicilio y el despacho de Hermosilla también incautó su teléfono celular. Una revisión realizada por la brigada anticorrupción detectó las comunicaciones que recibía del hoy renunciado director de la PDI, el traspaso de archivos e información sobre la investigación que hay contra Espinoza y otros cuatro casos. Sergio Muñoz, el jefe policial renunciado que será formalizado este martes, fue subordinado de Espinoza, cuando ocupaba la jefatura de Inteligencia policial. Los nexos entre cada protagonista de este episodio van configurando una red de influencias e intereses cruzados que cuando operaba no reparaba en la comisión de delitos. En la audiencia de formalización de cargos contra el renunciado jefe policial eventualmente se podrían conocer las motivaciones de su actuar, ya que pocos creen que se trate solo de los lazos de amistad.
Las crisis que afectan a las dos policías chilenas estallan en momentos en que la seguridad ciudadana y los crímenes de alta connotación se han tomado la agenda pública y, desde distintos sectores, incluidas fuerzas y autoridades municipales que apoyan al gobierno, piden la intervención de los militares en las tareas de combate al crimen. Casi 50 nuevas leyes impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric que refuerzan la seguridad pública, entrega nuevas facultades a las policías, aumenta los presupuestos para personal y equipos, y renovadas legislaciones contra la corrupción no han sido suficientes para “cambiar el clima” en la sociedad chilena, donde el temor a sufrir asaltos, secuestros y ser víctima de otros delitos similares sigue marcando alto en las encuestas.
El golpe que recibió la Policía de Investigaciones dejó al gobierno sin capacidad de respuesta durante varias horas durante el viernes, no solo porque no tenía antecedentes de las pericias e hilo de indagación que involucraba al director general de la PDI, sino porque ya en el caso del general de Carabineros Héctor Yáñez, investigado por causas de derechos humanos ocurridos en 2019, optó por esperar la audiencia de formalización de la justicia, prevista para mayo. La doctrina fue reiterada por el subsecretario de Interior Manuel Monsalve: “La formalización de cargos es un momento de inflexión, es cuando el gobierno toma decisiones en estos casos”.
Pero todo se precipitó cuando el Consejo de Defensa del Estado —el organismo que vela por los intereses del Estado— anunció que presentó una querella contra Sergio Muñoz y, por tanto, se hará parte de la causa judicial. Ese hecho llevó a que el director de la PDI llegara por la noche a La Moneda y luego de una reunión con el presidente abandonó el palacio de gobierno, ya renunciado.
Madrid –
