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Policías de Ecuador realizando detenciones — RTVE / YouTube

CELAG: “Las políticas de Lenin Moreno y Lasso favorecieron la implantación del narco en Ecuador”

En un informe sobre la situación que vive Ecuador el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica dirigido por Alfredo Serrano apunta a las políticas neoliberales de desmantelamiento del Estado como incentivadoras del auge y consolidación del narco en Ecuador


La crisis de violencia en Ecuador se encuentra estos días en su pico más alto, una situación que se viene fraguando desde la consolidación de los grandes cárteles del narcotráfico favorecidos por el debilitamiento del Estado propiciado por las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Lenin Moreno y Lasso durante los últimos siete años. Las medidas de austeridad desmantelaron el área de seguridad del Estado, dejando sin recursos y financiamiento a las cárceles y a la policía, facilitando así la implantación del narco en el territorio ecuatoriano.

Los gobiernos de Rafael Correa situaron a Ecuador como el segundo país más seguro de América Latina. Tras el paso por el poder de los gobiernos neoliberales, la situación de inseguridad y de violencia se ha visto agravada hasta el punto de situar al país andino como uno de los menos seguros en la actualidad.

Todo comenzó con la llegada al poder de Lenin Moreno en el 2017. La línea de su Gobierno fue abandonar las tesis correístas, empezando por desmantelar todas las instituciones y equipos que pudieran tener cualquier tipo de influencia del anterior presidente. Posteriormente, el Gobierno de Lasso, chantajeado por la policía por las conexiones de su entorno con el narcotráfico, profundizó en los recortes presupuestarios y la minimización del Estado, agravando la crisis de seguridad.

Estudios del CELAG muestran como el sistema financiero de Ecuador se enriquece del narcotráfico (el gran negocio), lavando unas cantidades de dinero que oscilan entre los 3.500 y los 4.000 millones de dólares a lo largo de 2022. El desmantelamiento de la Unidad de Investigación de Lavado de Activos creada por Rafael Correa y el hecho de que el dólar sea la moneda del país, dejaron vía libre al blanqueo de capitales.

Un caldo de cultivo perfecto para que las bandas criminales del narcotráfico se hicieran poco a poco con el control de cárceles, calles, zonas y hasta ciudades como se ha podido constatar en los últimos meses.

Cuando Daniel Noboa asume el poder el pasado 23 de noviembre, el equilibrio de fuerzas entre el Estado y el narco arrastraba ya una gran descompensación: las bandas criminales y cárteles son muy poderosas, con infiltraciones en todos los poderes del Estado, y con un Poder Ejecutivo sin mando en el ejército y la policía. La situación extrema de violencia de los últimos días ha obligado a Noboa al reconocimiento de la existencia de un “conflicto armado interno” y dotando al ejército de facultades para llevar a cabo “operaciones militares”.

Esta decisión política, cortoplacista y arriesgada porque su fracaso dejaría sin alternativas al presidente, puede responder a dos planteamientos del Gobierno: reducir el narcotráfico a una facción más minoritaria con la que poder negociar un “narcotráfico no violento” y para dar una imagen de rigidez frente a la escalada de violencia. La mejora en materia de seguridad, reclamo transversal entre todos los sectores de la sociedad (incluida la élite empresarial entre la que se encuentra el presidente), interesa ser visibilizada de cara a las próximas elecciones en Ecuador.

Los próximos acontecimientos dictaran sentencia sobre los resultados de las decisiones de Noboa, que recibe ahora el apoyo de todos los grupos políticos en un cierre de filas temporal. El papel del Ejército será trascendental y verá incrementado su poder de influencia, con independencia del éxito del último decreto del presidente: si fracasa y el Gobierno muestra debilidad se podría ejecutar un cuasi golpe de Estado; si triunfa el decreto, el Ejército reforzaría su poder sobre Noboa atribuyéndose los méritos del control de la situación.

Habrá que estar atentos a los acontecimientos, ya que la urgencia de medidas para reforzar la seguridad del país, pueden estar creando un caldo de cultivo perfecto para la aparición de la “bukelización” y un punitivismo duro en la acción del Gobierno de Noboa para lograr sostenerse hasta las elecciones de 2025.

Informe completo publicado por el CELAG:


Madrid –

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