Chiapas, terror y violencia en el sureste mexicano
Los grupos del crimen organizado buscan reclutar aquí fuerza de trabajo entre la juventud y las infancias que han vivido ya en la violencia resultado de la marginación estructural
Batallas con armas de grueso calibre en pleno San Cristóbal de Las Casas, la ciudad colonial más turística de Chiapas; cadáveres en los caminos; retenes ilegales en las carreteras; toques de queda de grupos armados; incendio de casas y campos de cultivo. Secuestros, tortura, desapariciones, ejecuciones. Un día sí y otro también, esta galería del horror es la realidad que se vive en Chiapas, el estado mexicano que se hiciera mundialmente famoso en 1994 con la insurgencia esperanzadora del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El terror criminal que impera en gran parte de México ha adquirido en Chiapas características particulares y preocupantes que son un aviso a navegantes.
La violencia armada en Chiapas no es un fenómeno nuevo. Para enfrentar y desarticular a las comunidades autónomas zapatistas, el Estado mexicano desplegó desde 1994 una estrategia contrainsurgente por medio de —entre otras tácticas— la formación de violentos grupos paramilitares que buscaban ahogar a las bases de apoyo zapatistas y comunidades simpatizantes con sus demandas. Las masacres cometidas, como las de Acteal, El Bosque y Viejo Velasco, nunca fueron castigadas y los paramilitares nunca fueron desarmados ni desarticulados; sus herederos siguen actuando hoy en día.
Esta violencia paramilitar, cuya historia vale la pena revisar, comenzó a diversificarse aproximadamente en el año 2006. Estos grupos armados pasaron a la ofensiva contra cualquier pueblo o agrupación que no se plegara a los intereses políticos y económicos de las autoridades locales y caciquiles. Organizaciones gremiales corporativas antes afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como transportistas, e incluso algunas asociaciones que antes enarbolaban demandas sociales (por ejemplo, campesinos buscando mejores precios para sus productos) comenzaron a ser fagocitados por este funcionamiento de los poderes políticos-criminales locales.
A esta reconversión del paramilitarismo se suma el altísimo valor que ha adquirido el estado para los cárteles de crimen organizado: Chiapas comparte con Guatemala 685 kilómetros de frontera; esta situación geográfica le hace paso obligado de los flujos de personas migrantes que vienen de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos, y de todo tipo de mercancías legales e ilegales. En ese contexto, dos grupos criminales (llamados Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa o del Pacífico) se disputan el control de los territorios, los recursos y las vidas en comunidades indígenas y ciudades.
Los grupos del crimen organizado buscan reclutar aquí fuerza de trabajo entre la juventud y las infancias que han vivido ya en la violencia resultado de la marginación estructural. Por medio de engaños, las y los jóvenes son obligados a contraer deudas con los grupos criminales y son enganchados al consumo de estupefacientes. Además de mano de obra para el sicariato, los grupos criminales —que se asocian/fusionan con los herederos del paramilitarismo y las organizaciones reconvertidas a él— obtienen recursos del tráfico de personas, la explotación sexual forzada, el creciente cobro de piso (extorsiones violentas a comerciantes y transportistas), el manejo de votos y el despojo de tierras. Comunidades han visto invadidas sus tierras por grupos criminales, como en la Zona Lacandona, donde se han construido pistas clandestinas de aterrizaje. Otras son obligadas a participar en bloqueos o peleas entre cárteles, como en algunos municipios fronterizos.
El periodista Luis Hernández Navarro, experto en movimientos sociales y profundo conocedor del estado, explica que esta espiral de violencia se exacerbó desde 2019, ya con el gobierno de Rutilio Escandón. Desde entonces, señala, se han registrado más de 110 ataques violentos tan sólo contra bases de apoyo zapatistas, dirigidos a arrebatarles las tierras que recuperaron con el alzamiento y a desarticular su resistencia. Estos ataques se extienden hacia otras comunidades indígenas, líderes de los pueblos, defensores de derechos humanos y sectores vulnerables, como indígenas viviendo en las periferias de las ciudades. Los ataques buscan desarticular los sistemas de gobierno propios para sustituirlos por el control de las organizaciones corporativas-criminales. La lectura de los diarios y portales noticiosos locales dan un panorama de lo que sucede día a día en el estado.
La magnitud de este terror se comprende si dejamos de pensar en la ausencia del Estado como culpable. En realidad, el dominio de amplios territorios y parcelas de la actividad económica y social por parte de grupos criminales solamente se puede explicar por la imbricación de diferentes niveles del Estado en estas actividades. En Chiapas hay más de 70 cuarteles castrenses, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional, y en muchas poblaciones los señalan de facilitar la entrada de un grupo criminal. También se han constituido cárteles locales autónomos que logran encumbrar a sus representantes en la política institucional, tanto a nivel local como estatal, cambiando de siglas partidistas tanto como sea necesario e insertándose en los tres poderes.
Para las personas que viven bajo estas condiciones de terror y control, las consecuencias son devastadoras. Entre 2010 y 2022 más de 16 mil personas indígenas han sido desplazadas, lo que pone en riesgo su existencia como pueblos vinculados profundamente a la tierra. La violencia armada ha desgarrado en muchos casos el tejido social, enfrentando a las comunidades. Dirigentes religiosos y comunitarios han sido asesinados y desaparecidos. Los feminicidios crecen. Y las soluciones estructurales están totalmente ausentes de los discursos institucionales. Nada más allá de intervenciones puntuales, o de la promoción de programas sociales que han sido ampliamente cuestionados en cuanto a su pertinencia.
Desgranaje
El EZLN ya había advertido que un infierno se aproximaba. En semanas recientes, han emitido una serie de comunicados que explican que han decidido transformar sus estructuras organizativas para defender su autonomía y el futuro de las siguientes generaciones.
Sectores campesinos, estudiantiles y magisteriales también siguen resistiendo. Iniciativas artísticas y ecologistas nacen y persisten. El movimiento antiminero sigue activo. La convergencia ecuménica de iglesias comprometidas con los pobres continúa acompañándolos. La esperanza aquí no se ha rendido.
La autora agradece la colaboración de Ana Pohlenz, David Barrios y Luis Hernández Navarro para la redacción de este artículo.
Madrid –
