Helicópteros trabajando en la extinción de los incendios — Matias Basualdo / Zuma Press / ContactoPhoto

Chile afronta las amenazas del fuego y el crimen organizado

El domingo, en Chile, sobre todo en la zona central y el centro sur, había más de 90 focos de incendios activos, muchos de ellos —sospechan las autoridades— producidos intencionalmente


Al palacio de La Moneda llegaron este lunes las catorce personas representantes de distintas entidades que integran el Consejo de Seguridad Nacional, que se ha reunido convocado por el presidente chileno Gabriel Boric para afrontar la agudización de los problemas de seguridad pública en el país, pero que además tuvo como telón de fondo los incendios más letales y destructivos que han sufrido algunas ciudades de la región de Valparaíso, principalmente Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de Santiago.

La cita del órgano consultivo establecido en la Constitución tuvo por objetivo recoger opiniones sobre la implementación del proyecto de ley para la protección de infraestructura crítica y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que liberen a las fuerzas policiales para que se dediquen al combate al crimen organizado. Por petición expresa del gobernante la reunión no abordó los grandes incendios de origen forestal que afectan a las ciudades de la región de Valparaíso que ya han dejado en solo un par de días a más de 120 personas muertas, casi dos centenares de desaparecidos, unas 15 mil viviendas afectadas y miles de hectáreas arrasadas por el fuego, atizado por las altas temperaturas y el fuerte viento. El domingo, en Chile, sobre todo en la zona central y el centro sur, había más de 90 focos de incendios activos, muchos de ellos —sospechan las autoridades— producidos intencionalmente. De todas maneras, el encuentro inició con un “minuto de silencio” por las víctimas de los incendios.

La reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) fue anunciada el pasado jueves 1 de febrero por Boric luego de una oleada de crímenes de alta connotación pública, que incluyó el asesinato de dos agricultores asaltados y acribillados en la carretera cuando regresaban de vender sus productos agrícolas en un mercado de Santiago. La policía consiguió capturar a los cuatro asaltantes, pero ello no redujo las fuertes protestas de los agricultores y transportistas que reclamaron medidas más efectivas para reprimir la delincuencia. De la protesta de los productores a la presión de distintos sectores políticos no hubo demora, y ya se venía encima la amenaza de una paralización de faenas y la ocupación y cortes de las carreteras.

El Cosena solo puede ser convocado por el Presidente de la República y está integrado por los poderes del Estado (los presidentes de las cámaras del Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría y ministros de distintas áreas) y los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y las policías, los que deliberan sobre los asuntos en consulta y hacen recomendaciones, que no son vinculantes Eso no siempre fue así. El Cosena fue ideado por Pinochet como un organismo que podía autoconvocarse con el acuerdo de dos jefes militares y podían “representar” sus posiciones y opiniones ante el poder civil.

Retirado del poder, Pinochet usó la instancia como medio de presión para impedir ser investigado por los crímenes de la dictadura y por el enriquecimiento ilícito de él y su familia. Todo cambió con la reforma constitucional que hizo el gobierno socialdemócrata de Ricardo Lagos en 2005, que restó poder a las Fuerza Armadas y el órgano quedó solo como una instancia consultiva. Por entonces, Pinochet ya había estado bajo arresto en Londres, había regresado a Chile y acumulaba decenas de querellas criminales en su contra. La última que había sido convocado el Cosena ocurrió en noviembre de 2019 por el entonces presidente Sebastián Piñera, en plena crisis generada por la revuelta popular de octubre de ese año.

El gobierno de Boric ha hecho frente a un recrudecimiento de la actividad criminal generada por bandas delictuales con participación del crimen organizado internacional. Se trata de crímenes de mayor connotación, como secuestros, el sicariato, ejecuciones y ajustes de cuentas entre pandillas del narcotráfico y otras de alto impacto en la población, que percibe mayor inseguridad en las calles y sus barrios de vivienda. Según analistas policiales,  hay indicios que en Chile estarían operando organizaciones criminales de origen en México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil que —todo indica— entran en disputa por mercados, vías de tráfico y líneas de abastecimiento de la droga. A ello se suma otros delitos, como la trata y tráfico de personas, principalmente en la frontera norte, que ya se encuentra bajo estado excepción y los militares están desplegados para el control fronterizo sobre todo en los pasos ilegales de ingreso.

Pese a que el gobierno ha conseguido aprobar más de treinta leyes para otorgar más facultades a los tribunales y las policías en el combate al crimen organizado, y ha elevado los presupuestos  para los organismos persecutores, aun hay cuerpos legales pendientes como una nueva ley de inteligencia, las reglas del uso de la fuerza y la de infraestructura crítica, así como otras que han encontrado la férrea resistencia de las derechas, como el levantamiento del secreto bancario, vital para dar seguimiento a la ruta del dinero que genera el narcotráfico.  El gobierno espera conseguir la aprobación parlamentaria a los proyectos pendientes en marzo próximo, dijo la ministra de Interior Carolina Tohá.

Chile —dijo el presidente Boric este lunes— “está enfrentando un complejo escenario en materia de seguridad pública que ha causado conmoción y preocupación. Si bien hemos mejorado algunos indicadores, la criminalidad sigue amenazando la tranquilidad de las familias, perturba la vida cotidiana de los ciudadanos y causa víctimas que son inocentes”.

«Más allá de los números y los datos duros, la sensación de inseguridad incide en la posibilidad del ejercicio de otros derechos que se ven restringidos producto de este temor. En este escenario, el Estado tiene que actuar como un sólo cuerpo, con unidad de acción, de propósito», agregó el gobernante.

“El objetivo general”, añadió Boric, “también tomando en cuenta la situación regional, me refiero a otros países de la región, es impedir a toda costa la instalación y consolidación del crimen organizado en nuestro país”. “Chile y su pueblo sabe que los grandes desafíos que enfrentamos en materia de seguridad solo los vamos a sacar adelante con unidad, unidad de propósito y unidad de acción”, puntualizó. Y, al finalizar, el gobernante indicó que “hoy hemos dado un paso adelante, porque de una estrategia de Gobierno para combatir la delincuencia, pasaremos a una estrategia de Estado con todas las instituciones y la sociedad involucrada”.


Madrid –

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