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Chile bajo la sombra de la justicia militar

El pasado 27 de abril, una columna de soldados conscriptos fue llevada a una zona del extremo norte de Chile, a más de 4.000 metros de altura y a bajas temperaturas, el soldado Franco Vargas, de 19 años de edad, murió por causas que todavía se investigan


El asesinato de tres policías chilenos hace diez días en la zona que habita el pueblo mapuche ha resultado útil a la derecha opositora para intentar reponer los tribunales y la justicia militar, pese a que dicha jurisdicción ha sido restringida en un proceso que se inició hace 34 años, tras la recuperación democrática que puso fin a la dictadura civil militar que lideró el general Augusto Pinochet. La muerte de un joven soldado también hace diez días en el marco de una maniobra militar puso a la justicia castrense de nuevo en el debate público.

La ejecución de los tres efectivos de Carabineros de Chile —la policía uniformada y militarizada— produjo una fuerte conmoción ciudadana que obligó el gobierno y al Congreso a poner un acelerador a fondo en el trámite legislativo para aprobar leyes para hacer frente el crimen organizado. Cuatro cuerpos legales, entre otros, adquirieron prioridad: las Reglas del Uso de la Fuerza (una normativa que fija el marco de cómo la policía y las Fuerzas Armadas usan sus armas letales); nuevas reformas a la Ley Antiterrorista (que existe desde los tiempos dictatoriales pero no se aplica por sus deficiencias de diseño); aprobar una Ley de Inteligencia (que faculte nuevos medios y métodos intrusivos para combatir el crimen); y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública (separado del actual Ministerio del Interior).

En medio del debate en la comisión parlamentaria especializada sobre las Reglas del Uso de la Fuerza, la derecha usó su mayoría para reponer facultades de la justicia militar para investigar y sancionar delitos en los que estén involucrados fuerzas uniformadas, policiales y militares. Llevada la ley al plenario de la Cámara de Diputadas y Diputados, el viernes pasado fue declarada inadmisible por 72 votos contra 71, una diferencia tan pequeña que despertó la preocupación del oficialismo, pero sobre todo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. “La ultraderecha está apostando al diseño de un Estado cada vez más policiaco”, acusó una activista de las agrupaciones de víctimas de la dictadura.

La reducida diferencia de votos hizo que de inmediato la derecha anunciara que esta semana buscará reponer la justicia militar en el Senado. “Lo que hay que hacer es fortalecer y garantizar la labor de las policías, de las Fuerzas Armadas cuando les toca intervenir, particularmente cuando estamos en estado de excepción constitucional, en la macrozona (sur de Chile), en fin, y en otros que debieran venir en los lugares en donde el crimen organizado está desatado”, dijo el presidente del ultraderechista Partido Republicano, Arturo Squella, para quien las Reglas del Uso de la Fuerza no sirven de nada” sin tener tribunales militares que investiguen eventuales delitos: “Solo se va a entorpecer la labor policial (…) más aún si un fiscal ideologizado empieza a hacer el análisis de cómo actuó ese policía”, añadió.

Hace 50 años, cuando fue derrocado el gobierno socialista de Salvador Allende, Chile fue declarado en estado de guerra por los militares golpistas y durante 17 años estuvo vigente la justicia militar y sus tribunales. Decenas de Consejos de Guerra a lo largo del país llevaron a centenares de personas ante pelotones de fusilamiento. Fue la forma de dotar de alguna “legalidad” los crímenes que al final de la dictadura sumaban más de tres mil víctimas entre ejecuciones —la mayoría sumarias— y desaparecidos. Por entonces, la justicia militar era inapelable.

La recuperación democrática abrió espacios para un proceso que fue restringiendo las facultades de la justicia militar, pero no la redujo por completo. José Huenante Huenante tenía 16 años de edad en septiembre de 2006 cuando fue arrestado por una patrulla policial. Desde entonces el joven mapuche está desaparecido. El caso quedó en manos de la justicia militar, los ejecutores fueron identificados, llamados a retiro, pero nunca fueron encarcelados; es más, después fueron reincorporados a la fuerza policial. Su caso está en la impunidad.

Destino similar tuvo el asesinato del joven estudiante Manuel Gutiérrez, de 16 años de edad, quien observaba las protestas estudiantiles de 2011 en Santiago cuando fue acribillado por un carabinero. El crimen fue investigado por la justicia militar, pero el autor recibió una condena remitida de 400 días de reclusión, confirmada por la Corte Suprema, luego de once años de proceso. Las altas dosis de impunidad que garantizó la justicia militar llevaron a organismos humanitarios a presentar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 27 de abril, una columna de soldados conscriptos fue llevada a una zona del extremo norte de Chile, a más de 4.000 metros de altura y a bajas temperaturas, para realizar una marcha de “supervivencia” de más de 10 kilómetros. Los jóvenes voluntarios del Servicio Militar iniciaron la marcha bajo un trato vejatorio y humillante —declaran los testigos— y sin la ropa adecuada. El soldado Franco Vargas, de 19 años de edad, murió en la marcha por causas que todavía se investigan, pero que la primera autopsia apunta a un fallo cardíaco. Otros 45 de sus compañeros fueron hospitalizados, con intoxicación por ingesta de alimentos al parecer en mal estado, dos de los cuales permanecen en estado grave. El comandante de la marcha, un mayor del Ejército, fue separado de su cargo, mientras el jefe de la Institución, el general Javier Iturriaga, atribuyó a los soldados la responsabilidad de los hechos: “Este fue el vestuario sugerido para los soldados (…) algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera y si se requirió inicialmente guantes para que ellos efectivamente enfrentaran los primeros momentos de la marcha. Ellos deciden con qué ropa van”, dijo el jefe militar.

La investigación de la muerte de Franco Vargas, los tratos vejatorios y humillantes, así como las responsabilidades del mando militar ha tomado dos rutas: una indagatoria sumaria de una fiscal del Ejército que luego entregará a la justicia militar; y la investigación en la justicia ordinaria gatillada por una querella por torturas interpuesta por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los familiares de Vargas y los de decenas de soldados afectados.

¿Qué justicia prevalecerá en este caso que afecta al Ejército, una de las instituciones que ha usado la justicia militar intensamente a lo largo de su historia?

El abogado de derechos humanos y litigante en causas llevadas a tribunales internacionales, Branislav Marelic, explica: “Hay investigaciones tanto en la jurisdicción militar como en la civil, ya que el código justicia militar no se ha reformado completamente para quitarle toda jurisdicción sobre delitos comunes. En este caso el Código de Justicia Militar todavía contempla la hipótesis de que los crímenes comunes cometidos por militares en contexto de servicio militar obligatorio son conocidas por la jurisdicción castrense. Esa posibilidad choca con los estándares internacionales que mandan a que todos los delitos comunes sean conocidos por la jurisdicción ordinaria. Probablemente lo que va a ocurrir en este caso es una contienda de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar, que será resuelta finalmente por la Corte de Apelaciones, la que en la protección judicial, debería respaldar la investigación ordinaria y cerrar la militar”.

Luego de 34 años y un proceso largo de encuadramiento de la justicia militar, esta jurisdicción parece ganar terreno a la democracia. Un grupo de destacados abogados publicó este martes una breve carta en la que indican que la normativa castrense “atenta contra un mínimo de imparcialidad judicial que un Estado de Derecho exige y es contraria a las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos”.


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