Gabriel Boric en reunión sobre migraciones
Chile en campaña define su proceso constitucional
Los resultados de diciembre determinarán el rumbo del país suramericano por los próximos dos años, es decir lo que resta del mandato de Boric
Chile volverá a las urnas el próximo 17 de diciembre para votar un nuevo proyecto constitucional, el segundo que llega a plebiscitarse en poco más de un año, pero esta vez con la impronta de las derechas que tuvo el Consejo redactor cuya mayoría estuvo en manos de los sectores conservadores más extremos. Los pronósticos apuntan a que ahora la opción “en contra” —que es apoyada por las izquierdas y otros sectores democráticos— podría erigirse con el triunfo.
Así lo indica la última encuesta Pulso Ciudadano difundida este domingo, según la cual se impondría el rechazo a la propuesta constitucional por un 66,3% por sobre un 33,7% de quienes apoyan el nuevo texto. Como sea, para el gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric, se trata del último intento por cambiar la Constitución de 1980 elaborada durante la dictadura civil militar que lideró el general Augusto Pinochet.
La semana pasada el gobernante chileno recalcó ante el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) reunido en San Francisco (EEUU), que «hemos tenido, desde hace algunos años, cierta incertidumbre, por ejemplo, en nuestro proceso constitucional, pero les puedo asegurar que después del plebiscito, cualquiera que sea el resultado que el pueblo elija, ese proceso llegará a su fin”.
Una primera propuesta, elaborada por una asamblea constituyente en que la izquierda fue mayoría y apoyada por el presidente Boric, se rechazó por amplia mayoría en el plebiscito de septiembre de 2022. En la ocasión el “rechazo” comandado por la derecha y sectores desgajados de la antigua Concertación que gobernó por más de 20 años, obtuvo casi un 62% de apoyo, contra el 38% de los votos favorables, lo que significó una derrota profunda para las fuerzas oficialistas. Por entonces, el gobierno y su alianza se jugaron por dar continuidad al proceso constitucional en acuerdo con las derechas, lo que condujo a la elección de un nuevo Consejo Constitucional.
La votación del 7 de mayo de este año configuró un cuerpo redactor de 50 convencionales, de los cuales 23 fueron representantes de la ultraderecha organizada en el Partido Republicano —colectividad liderada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast—, a los que se sumaron otros 11 delegados elegidos por la Coalición Chile Vamos, integrada por los tradicionales partidos derechistas Renovación Nacional y la Unión demócrata Independiente (UDI), que ha gobernado en dos periodos con el ex presidente Sebastián Piñera.
Así las cosas, las elecciones de mayo fueron nuevamente desfavorables para el oficialismo. La coalición de Boric —integrada por el Frente Amplio, los partidos Comunista y Socialista, además de otras colectividades socialdemócratas de la ex Concertación—, obtuvo un 28% de los votos y solo 16 de los escaños. Esto permitió a las derechas ejercer su mayoría sin contrapesos, conducir un proceso de debates acotado, sin ninguna necesidad de negociar con el oficialismo y redactar un texto constitucional identitario, programático y conservador que ha terminado por empujar a los grupos socialdemócratas y a partidos como la Democracia Cristiana —que se opusieron a la propuesta de la izquierda del año pasado— a rechazar este nuevo texto de fuerte sello ultraderechista.
Desde el viernes pasado los bloques en competencia se han lanzado a la captura de los sufragios de más de 15 millones 400 de votantes habilitados, entre los que encuentran más cuatro millones de electores que debutaron en el plebiscito de septiembre de año pasado, al entrar en vigor la nueva ley de voto obligatorio. Las encuestas indican que serán estos cuatros millones de personas —ahora obligadas a ir a las urnas— las que decidirán los resultados.
Eso se nota en la franja gratuita de propaganda electoral de la televisión abierta que partió el viernes, donde los bloques “a favor” de las derechas y “en contra” de la izquierda y los sectores progresistas, emiten mensajes con fuertes contenidos emocionales presentados con paisajes y grupos familiares similares a la publicidad comercial, evitando la “politización” y en la búsqueda del votante de “centro”.
Aun así, mientras la derecha afirma que su propuesta asegura la gobernabilidad, da garantías de estabilidad, genera climas propicios para las inversiones, entrega más libertad a las personas para elegir (educación, sistema de salud, pensiones) con menos intervención de Estado, las fuerzas de izquierdas y progresistas hacen hincapié en el retroceso en derechos ya conseguidos, como la educación gratuita o los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, o en la consagración a nivel constitucional del sistema privado sanitario o el de jubilaciones.
“Se han levantado algunas voces para denunciar algo que parece increíble, pero es cierto. La propuesta de Constitución reduce la cantidad de impuestos que pagan aquellos sectores de mayores ingresos. En otras palabras, le quita recursos a quienes más lo necesitan para transferírselos a los que más tienen. El mundo al revés”, alerta el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, partido integrante del gobernante Frente Amplio. Y explica que el nuevo texto constitucional elimina el pago de impuestos a los propietarios de primeras viviendas radicadas en las comunas más ricas, las que aportan más de mil millones de euros a aquellas más pobres, con lo que se profundizan las desigualdades territoriales al desfinanciar al Estado.
Beatriz Hevia, militante del Partido Republicano, presidió el Consejo Constitucional y en su discurso en la ceremonia de entrega del nuevo texto al presidente Boric dijo que esta es la Constitución de los “verdaderos chilenos”, con lo que levantó una polémica acerca de qué tanto este cuerpo favorece la unidad del país. El diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social que integra el Frente Amplio, retrucó: “Yo quiero que todos los chilenos se sientan verdaderos chilenos. Quiero que Beatriz Hevia se sienta verdadera chilena y Elisa Loncon (mujer mapuche que presidió el proceso anterior) también. Esa oportunidad, sin duda, el Partido Republicano la desechó”.
La ex presidenta Michelle Bachelet, al anunciar su voto “en contra”, apuntó a que el texto propuesto “pone un límite a lo que muchas mujeres hemos impulsado por décadas: una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria”. Y añadió que se puede “ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. También tenemos que hablar sobre nuestro niños, niñas y adolescentes, son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza precisamente sus derechos y deberes”. La unidad “es crucial para enfrentar temas de Estado, es lo que esperábamos de la nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad”, puntualizó.
El también socialista y ex presidente Ricardo Lagos argumentó que “lo que tenemos hoy es el texto de un sector que se cree con el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos. La inspiración ideológica, que puede ser legítima en otro ámbito del debate político, se ha impuesto de forma que nos entrega un texto partisano, sin ninguna posibilidad de representar a la Nación como un todo”.
A su vez, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, resumió los contenidos de la propuesta de carta magna: “Este texto profundiza el Estado subsidiario y la política neoliberal, transforma derechos en mercancías, la previsión, salud, educación se someten mucho más a las leyes del mercado.
En un acto masivo realizado en un recinto de Santiago, el dirigente comunista enfatizó que “el resultado del plebiscito, qué duda cabe, incidirá en el futuro inmediato y de corto y largo plazo”, toda vez que Chile está en un ciclo electoral que sigue —luego del plebiscito de diciembre— con las elecciones de gobernadores regionales y municipios en octubre del próximo año, que a su vez es antesala de las parlamentarias y presidenciales de 2025.
En definitiva, los resultados de diciembre determinarán el rumbo del país suramericano por los próximos dos años, es decir lo que resta del mandato de Boric, quien ha visto cómo la derecha ha puesto un freno al programa de transformaciones con el que llegó a La Moneda.
Madrid –
