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Abogado de 42 años, criado en Estados Unidos se reúne con su madre por primera vez — YouTube

Chile: Niños secuestrados se reencuentran con sus verdaderas familias

Secuestrados por una organización en la que participaban funcionarios públicos, personal sanitario y eclesiástico, se reencuentran más de 40 años después algunos de los bebés robados durante la dictadura de Pinochet


Los medios chilenos han optado por un eufemismo al nombrar como «adopciones irregulares o forzadas» el secuestro o robo de recién nacidos ocurridos masivamente durante la dictadura civil militar que encabezó por 17 años el general Augusto Pinochet. En ese periodo —según determinó un juez que investigó las denuncias— ocurrieron más de 20 mil casos de bebés recién nacidos que fueron separados de sus madres y mediante mecanismos fraudulentos entregados en adopción a familias de Estados Unidos, Canadá Suecia, Alemania, Holanda y otros países de Europa.

Más de 40 años después de sus secuestros, este domingo recién pasado cinco personas ya adultas, varias de las cuales no hablan español, llegaron al aeropuerto de Santiago para fundirse en un abrazo a sus madres biológica que no conocían, a sus hermanos recién descubiertos y a pisar un país que hasta hace poco les parecía lejano. «Hemos vuelto a nacer», dijo uno de los arribados desde Estados Unidos, que estarán en Chile por una semana y que en su primer día en la capital recorrieron partes turísticas de la ciudad acompañados de sus familiares recién conocidos, como forma de facilitar los primeros acercamientos, en varios casos con la participación de un traductor.

«A las madres les dijeron, a muchas de ellas, que sus bebés habían muerto. Ellas lo olvidaron o lo quisieron dejar en el pasado por el dolor que le provocaban, y hoy prácticamente esos bebés vuelven a nacer», dijo Juan Luis Insunza, el vicepresidente de la fundación Connecting Roots que ha gestionado el encuentro.

No es la única organización chilena que se ha abocado a la búsqueda de lazos familiares entre madres —a quienes les dijeron que sus hijos habían muerto al nacer— e hijos que en Europa o en América del Norte se preguntaban por las notorias diferencias físicas con otros niños o con sus propios «padres». Las distintas organizaciones dedicadas a la búsqueda del destino de los 20 mil niños que fueron robados han conseguido reconectar a menos de 300 de estos con sus familias biológicas.

En 2018 el juez Mario Carroza, un magistrado que buena parte de su vida en el poder judicial se dedicó a investigar los crímenes de la dictadura y envió a la cárcel a decenas de represores, tomó los casos de los lactantes sacados del país ilegalmente. El jurista pudo establecer algunos patrones de cómo se realizaba el delito: en la mayoría de los casos a las madres se les informaba de la muerte del lactante al nacer, no se les entregaba los cuerpos, mientras los niños y niñas eran enviados a residencias, a la espera de confección de la documentación ideológicamente falsa para ser entregado a parejas extranjeras que salían del país con su «nuevo hijo» e ingresaban al propio como una familia.

Para la ejecución del delito había participación de personal médico en las clínicas y hospitales, sacerdotes y monjas en las residencias de espera, funcionarios públicos que facilitaban la documentación —verdadera en cuanto a su origen material pero falsa en cuanto a la información del niño— y otros agentes del Estado. No era solo una red delictiva la responsable de los 20 mil secuestros, actuaron varias sin conexión unas con otros, solo las unía la legislación de la dictadura que facilitaba estos delitos y la política estatal que los estimulaba.

Las víctimas también tenían características comunes: eran en su mayoría mujeres pobres, muchas de ellas analfabetas, sin ninguna capacidad de reclamo o protesta ante el poder del Estado o del dinero, en la mayoría de los casos mujeres jefas de hogar a cargo de personas mayores y a veces de muchos hijos.

Karen Alfaro es una doctora en historia y reconocida académica que ha investigado a fondo el sistema que facilitó las adopciones ilegales. «La revisión de la literatura internacional me permitió saber que Chile fue uno de los principales proveedores de niños, fundamentalmente en la década del 70 y 80, con un alza entre el 75 y el 82. Precisamente en ese periodo se implementó una política de infancia desde la dictadura que entre sus líneas de trabajo tuvo la promoción de la adopción, para lo cual se flexibilizaron todos los trámites de adopción: una familia extranjera o centros internacionales de adopción podían llevarse un niño o una niña chilena en 24 horas», describió en una entrevista publicada en agosto del año pasado en el medio digital chileno El Mostrador.

«La adopción se veía como un mecanismo para reubicarlo en otras familias consideradas más aptas que sus familias de origen de sectores populares. También hay otro tipo de adopción nacional donde se reubicaban hijos de jóvenes de la clase alta, y en esas opciones medió fundamentalmente la iglesia, como el caso del cura Gerardo Joannon», añadió la académica, arrojando luz sobre otra red que funcionó para los sectores altos de la sociedad.

El sacerdote Joannon pertenecía a la congregación Sagrados Corazones, de fuerte influencia en las clases altas que junto a su reconocimiento de haber entregado niños a través de adopciones ilegales, fue acusado de mantener amoríos con algunas de sus feligresas y de haber cometido abuso sexuales. «Yo estaba para defender la vida y mi consejo era intentar salvar vidas», dijo el cura, que también informaba a las jóvenes que sus hijos habían muerto al nacer, solo que para ello contaba con la complicidad de los padres conservadores de las jóvenes.

¿Qué tan complejo resulta ubicar a los niños secuestrados, entregados en adopción fraudulenta y que residen en más de veinte países? La doctora Karen Alfaro explicó: «Uno de los grandes problemas que existe a la fecha es que, dada la legislación de la época, salían del país con una identidad, pero luego eran adoptados en el extranjero y ambas identidades no dialogan entre sí. Y además se borraba toda la documentación de origen dada la ley de legitimación adoptiva. Por eso hoy día no hay documentos en los organismos oficiales, sobre todo aquellos que salieron del país. De las adopciones nacionales sí hay registro, pero de las internacionales no, y son la mayor cantidad de casos: no hay registro público».

Y las historias parecen repetirse, como un guion ya conocido: María Mariza Mansilla de la Torre, de 67 años, emigró de Chiloé a Punta Arenas a los inicios de los 80 junto a su esposo Jorge Leyton, poco después de supuestamente perder a su hijo durante el parto, cuyo cuerpo nunca pudo ver. Este domingo lo conoció, se llama Peter Smiloff y no habla español. El padre biológico de Peter murió en el 2020, sin siquiera enterarse que tuvo un hijo.


Madrid –

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