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El presidente Gabriel Boric reunido con su equipo de trabajo — Twitter (X)

Chile vive una batalla por su sistema de pensiones

El actual sistema de jubilaciones fue creado durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet en 1980 y está en manos de empresas privadas conocidas como AFP, varias de ellas pertenecientes a corporaciones financieras transnacionales


La reforma al sistema de pensiones chileno ha estado en el corazón del programa de gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric. El proyecto gubernamental de cambios fue presentado en noviembre de 2022, pero ha sido persistentemente bloqueado por la oposición de las derechas. Recién la noche del lunes, una comisión parlamentaria abrió el camino para el inicio de su tramitación y eventual aprobación. Pero como todo proyecto legislativo ha sufrido modificaciones y ya no es el mismo.

“Para poder llegar a un acuerdo que beneficie a los chilenos, todos debemos ceder respecto a nuestras posturas ideales. Como gobierno lo hacemos porque sabemos que quienes han trabajado toda su vida, en especial las mujeres que han sido discriminadas por el actual sistema, no pueden seguir esperando”, dijo Boric, al comentar los acuerdos a los que llegó el gobierno con sectores centristas con representación parlamentaria, como la Democracia Cristiana, en cuanto al destino de un nuevo aporte a las pensiones con cargo a los empleadores, así como a la mantención de la ley que da existencia a las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La propuesta del gobierno fue visada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, pasó a la Comisión de Hacienda que la discutirá en los próximos días y luego deberá llegar al pleno de la cámara baja, donde aún hay incertidumbre sobre su aprobación. Recién a partir de marzo el proyecto llegará al Senado, donde la derecha también tiene mayoría y el gobierno requerirá de nuevo los votos del centrismo en incluso de parlamentarios de derechas.

El actual sistema de jubilaciones fue creado durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet en 1980 y está en manos de empresas privadas conocidas como AFP, varias de ellas pertenecientes a corporaciones financieras transnacionales. Estas empresas funcionan como un monopolio que recibe las cotizaciones obligatorias de los trabajadores que alcanzan al 10 por ciento de los salarios, lucran con ellas y obtienen ganancias del sistema financiero; sin embargo, pagan pensiones por debajo del salario mínimo —que en Chile alcanza a 460 euros— o, incluso, inferiores a la línea de pobreza.

Cambiar esta estructura ha sido uno de los objetivos principales del programa de gobierno de Boric, luego de los intentos fracasados que hicieron los presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Esta última, sin embargo, consiguió en 2008 crear un pilar solidario que mejoró las pensiones más bajas y pagar jubilaciones básicas a quienes casi no habían cotizado, mientras Piñera durante la pandemia viral aprobó la Pensión Garantizada Universal (PGU) que favorece principalmente a las mujeres que tienen “lagunas” en sus cotizaciones por la precariedad de sus empleos, porque ganan menos que los hombres o porque se han dedicado a labores de cuidados. La PGU, que es cobrada por unas 2 millones 500 mil personas, llega a casi 210 euros.

Al recordar estas medidas, Bachelet dijo que fueron “un gran avance para miles de personas”. Sin embargo, añadió hace una semana ante un auditorio mayoritariamente de mujeres que “todos estos avances son más bien compensatorios y no resolvieron el problema de fondo”.

“La PGU es un componente nuevo en el sistema previsional, que surge como una medida del gobierno para contener la crisis derivada del fracaso de las AFP para financiar pensiones suficientes”, indicó en un informe la Fundación SOL, que en el mismo documento señala que “al mes de septiembre de 2023, el sistema de AFP conformado por apenas 7 empresas acumuló ganancias por más de $349 mil millones (346 mil millones de euros), logrando un incremento de un 11,4% en comparación a los resultados obtenidos a septiembre del año anterior. Cada día que ha pasado del año 2023, las AFP han ganado más de $1.279 millones”.

¿A quiénes beneficia el sistema de AFP?, pregunta la Fundación SOL: “Por un lado, están las propias empresas dueñas de las AFP, que en su mayoría son compañías de seguros extranjeras, pero también beneficia a los grandes grupos económicos del país, que reciben inversiones de capital fresco para operar, sin la necesidad de contraer deuda en el sistema financiero a costos más altos”.

El proyecto original de reforma al sistema de pensiones que presentó Boric suponía el término de las AFP y su reemplazo por una plataforma estatal. Ante la resistencia de los grupos económicos la nueva ley creará un sistema para la administración de los fondos que será licitado y que funcionará con independencia de las empresas inversoras. De alguna forma, las AFP desaparecen tal como lo son ahora.

También el nuevo sistema suma a los 10 puntos de cotización obligatoria de los trabajadores, un 6 por ciento que aportarán los empleadores, que originalmente el gobierno proponía que fueran directamente a un fondo solidario para elevar las jubilaciones. Las derechas se atrincheraron n la postura de que ese 6 por ciento debía ser destinado a las cuentas individuales de los trabajadores. La fórmula que ha sido aprobada es una salomónica división de 3 por ciento para un lado y el 3 por ciento restante al otro. Si bien la iniciativa presentada por la Democracia Cristiana destrabó el problema, aunque igual fue rechazada por la derecha, no resuelve el objetivo de subir las pensiones a un nivel digno y aumentar la PGU a 250 euros como quiere el gobierno.

Es más, el aumento de la PGU —dice el gobierno— solo es posible con nuevos recursos que deberían obtenerse de una reforma tributaria; pero, de nuevo, la derecha ha rechazado esa posibilidad.

La promesa de mejorar las pensiones de quienes han jubilado o se jubilarán los próximos años no tiene su éxito garantizado. De hecho, durante las semanas que vienen el Congreso será el escenario de una batalla encarnizada entre quienes buscan reforma el sistema y quienes lo protegen para mantener la danza de millones que genera el negocio más rentable de Chile en el que participan solo siete empresas.


Madrid –

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