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Incremento precios al consumo en Argentina

Suba de precios en un supermercado de Buenos Aires — Roberto Almeida Aveledo / Zuma Press / ContactoPhoto

El consumo de los argentinos en supermercados y farmacias se hunde a niveles récord

Simplemente, los argentinos sufren un hundimiento de su poder adquisitivo en un arco que va de la clase baja a los segmentos de pobreza estructural más profunda


Mientras el presidente ultraderechista Javier Milei asalta la televisión pública cerrando canales y programas, desfinancia al cine, privatiza las empresas estatales, despide a empleados públicos, negocia con gobernadores de provincias, diputados y senadores obtener poderes especiales para acelerar todo lo anterior e intenta impulsar una supuesta ley “antimafia” contra el narco de Rosario que en realidad implica penas más duras contra sindicalistas por protestar, mientras todo eso ocurre, los argentinos compran menos cosas y toman menos medicamentos.

Los datos oficiales que afloran en Argentina estos días sirven para analizar el efecto devastador de la inflación en los primeros 100 días del Gobierno de La Libertad Avanza. Y hay dos números demoledores en materia de consumo. El primero es la Encuesta de Supermercados que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): las ventas a precios constantes cayeron un 13,85% entre enero de 2023 y enero de 2024. Es la segunda caída más grande de la serie histórica medida en esos términos.

El desplome récord del consumo en los supermercados se produjo durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando sus políticas librecambistas hundieron la economía argentina —hasta hoy— y provocaron un rescate del FMI de 50.000 millones de dólares que todavía tiene que devolver Argentina. Entre abril de 2018 y febrero de 2020, las ventas en supermercados cayeron ¡19 meses seguidos! El récord se estableció en marzo de 2019, cuando la variación interanual se precipitó un 14,5%.

“Por primera vez en mi vida estoy ahorrando en comidas”, cuenta Pablo, que trabaja en comunicación, tiene tres hijos, tiene ingresos considerados de clase media-alta y pide no dar su apellido. “En la casa de mis viejos ni faltaba ni sobraba plata, pero como ellos habían conocido estrecheces nunca derrochaban ni salíamos fuera. Cuando me fui a vivir solo con 25 años, me dije a mí mismo que ahorraría en otras cosas, no en comer. Pero ahora, mi dinero alcanza hasta el día 20 del mes y luego tengo que tirar de ahorros [los argentinos ahorran comprando dólares principalmente]. Y como una compra boluda y chiquita son 20 lucas [20.000 pesos, aproximadamente 20 euros], sí o sí tengo que ahorrar. Así que en casa vemos ahora que falta alguna cosa, no podemos repetir tres veces”.

“Así, trasladé la compra a comercios de barrio, que son más baratas. Por ejemplo, cosas congeladas. Las alitas de pollo congeladas en el super me salen a 7.000 pesos el kilo y en Casa Granja a 5.000”, añade el consultado. Un artículo en La Nación publicado estos días revela las tensiones sobre la mesa en una negociación entre el Gobierno y los empresarios para contener los precios: “La gaseosa más popular en el país cuesta más que en España, la pasta de dientes es más cara que en Francia y la Argentina tiene los pañales más caros del mundo”.

Los pañales más caros del mundo

El economista peronista Pablo Tigani acusa desde hace semanas al Gobierno en los medios medios de financiar a los bancos vía carry trade al pagar a las entidades una tasa nominal de interés con capitalización diaria para llenar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en dólares (lo que está permitiendo mejorar los indicadores financieros como el superávit o reducir la brecha entre el cambio oficial y paralelo a cambio de recortes). “Están haciendo todo eso mientras destruyen la economía real”, dice Tigani. “Estamos con la motosierra bajando el gasto en educación, salud, seguridad, y pagando esos recortes con intereses a los bancos para obtener dinero al día”, ha comentado el economista en la emisora Radio 10.

El segundo dato relacionado con el desplome del consumo es el Índice de Ventas Minoristas, que mide la evolución de las ventas en comercios minoristas a partir de datos del INDEC. De los cinco rubros analizados en febrero, las ventas en farmacias cayeron un 39% respecto al mismo mes del año pasado. En enero, el descenso fue del 45%. Es decir, la compra de remedios ha caído prácticamente a la mitad en los dos primeros meses completos de Milei en la Casa Rosada.

“Siempre tengo una caja de remedios con ibuprofeno u otros”, dice Eloísa, empleada del hogar que acude a diario a las seis de la mañana desde Quilmes, en el conurbano, hasta la capital y regresa a la provincia al caer la noche. “Pero ahora no me alcanza la plata para comprar una caja así nomás”.

En febrero, las ventas de alimentos y bebidas bajaron un 33,3%; las de ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayeron un 28,2%; bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, un 22,7%; calzado y marroquinería, un 21,4%. Simplemente, los argentinos sufren un hundimiento de su poder adquisitivo en un arco que va de la clase baja a los segmentos de pobreza estructural más profunda.

Tal es la inflación cotidiana, que el Gobierno ha anunciado la apertura de las importaciones para aliviar los precios. Algo que ha llevado al Ejecutivo libertario a enfrentarse con patronales alimentarias como la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que a su vez han estallado internamente. Estos días Copal decidió el relevo a su presidente desde hace 16 años, Diego Funes de Rioja, enfrentado a grandes cadenas como Arcor, Coca Cola o Unilever.

Miles de despidos el 31 de marzo

Fuera de los supermercados y farmacias, Milei multiplica sus batallas de manera cada vez más alocada. Se han producido miles de despidos en diferentes instituciones públicas (PAMI, Agencia Nacional de la Discapacidad, AYSA, ENACOM, Conicet, Incaa —cine—, la agencia de noticias Télam, Inadi, Secretaría de Derechos Humanos, Instituto de Agricultura Familiar), pero el 31 de marzo vencen más de 70.000 contratos de empleados públicos y se prevén para ese día decenas de miles de licencias. Y ya no hay semana en que no se movilicen varios gremios contra los recortes.

Para prevenir el conflicto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha impulsado cambios en la Ley de Seguridad y, parapetándose en la necesidad de una ley antimafia contra el auge de los crímenes ligados al narcotráfico en la ciudad portuaria de Rosario (provincia de Santa Fe), promueve penas más duras contra piqueteros. Bullrich quiere incrementar la prisión de un año a tres años y seis meses a aquellos sindicalistas que “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Es decir, más represión por protestar. La ministra ha acusado sin dar datos concretos de detectar peticiones que incluyen favores sexuales a personas a cambio de protestar, en el enésimo intento de demonizar las protestas. Bullrich en estos momentos está además enfrentada al ex presidente argentino Mauricio Macri, quien va a desplazar a la que fuera su aliada —cada vez más unida a Milei— de la presidencia del PRO.


Buenos Aires –

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Editorial

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