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El presidente Gabriel Boric en un acto, Coquimbo, La Serena, Chile — Twitter (X)

El Frente Amplio chileno apuesta por su unificación

El proceso unificador del Frente Amplio (FA) apunta a dos objetivos, dar continuidad a su proyecto político de transformaciones que aspira a ir más allá del actual mandato presidencial y aumentar su caudal electoral


En la búsqueda de más sustento político y social al gobierno del presidente chileno Gabriel Boric, las alianzas que le apoyan están abocadas a generar mayores y mejores niveles de unidad. Un paso en esa dirección ha sido el anuncio de los diez partidos de la coalición oficialista de competir en las próximas elecciones municipales de octubre con candidaturas únicas en los cargos unipersonales, es decir gobernadores regionales —que son 16— y en los 345 sillones edilicios, pero esta vez sumando a la centrista Democracia Cristiana, que permanece fuera del gobierno.

En paralelo, una parte de la izquierda que se representa en el Frente Amplio, integrado por los partidos Convergencia Social —donde milita Boric—, Revolución Democrática, Comunes y Plataforma Socialista —un movimiento de militantes escindidos del Partido Socialista que no tiene existencia legal— trabaja un fusionarse y dar origen a una nueva formación. El Frente Amplio tiene como aliado al Partido Comunista, por la izquierda, y hacia la centroizquierda al llamado “Socialismo Democrático” formado por el bloque socialdemócrata de la ex Concertación que gobernó por 20 años con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, esta última por dos periodos.

El proceso unificador del Frente Amplio (FA) apunta a dos objetivos, dar continuidad a su proyecto político de transformaciones que aspira a ir más allá del actual mandato presidencial y, por cierto, aumentar su caudal electoral para hacer viable el primer propósito. De concretarse con éxito el proyecto unificador, el FA podría transformarse en el partido más grande de la izquierda e incluso del país, con unos 65 mil militantes.

Fundado hace siete años, el FA emergió a contracorriente e impugnación al consenso binominal forjado luego del término de la dictadura militar en 1990 entre la derecha que apoyó al general Augusto Pinochet y la oposición integrada por la Democracia Cristiana y los partidos socialdemócratas, principalmente el Socialista.

El modelo bipartidista de dos grandes coaliciones que se alternarían en el poder perdió fuerzas, sufrió desgaste y aunque tuvo logros, como la disminución de la pobreza, la modernización del país y el desarrollo de programas sociales focalizados, no pudo desprenderse del carácter subsidiario del Estado heredado de la dictadura, con el predominio de los grandes grupos económicos que retuvieron la propiedad de los fondos de pensiones, el negocio de la educación privada y la salud, y la minería, entre otros. Los movimientos sociales de distinto tipo (estudiantes, trabajadores, feministas, ecologistas, y otros sectores precarizados) terminaron por abrir grietas y fisuras hasta provocar la gran rebelión popular e 2019.

Aunque en la fundación del FA concurrieron distintos sectores sociales y agrupamientos políticos, la hegemonía estaba en manos de quienes lideraron las movilizaciones estudiantiles de 2006 en adelante. De hecho, los principales dirigentes de esas jornadas —entre ellos el propio Boric— construyeron una fuerza que avanzó hacia la ocupación de espacios en la institucionalidad, al tiempo que ampliaban alianzas hacia el sindicalismo, el feminismo y los movimientos medioambientalistas. En ese camino, en el 2013, quienes fundarían el FA más tarde en 2017 llegaronal Congreso con tres diputados -Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. El bloque legalizó sus partidos, eligió más parlamentarios, compitió y ganó las elecciones primarias de 2021 al candidato presidencial comunista, y luego la presidencial del mismo año en segunda vuelta al ultraderechista José Antonio Kast.

La llegada del FA a La Moneda en marzo del 2022, a poco andar demostró las dificultades de gobernar con una oposición de derechas con mayoría en la Cámara Baja y en el Senado. A los pocos meses de iniciar el mandato tomó cuerpo el proceso constituyente, cuya propuesta —apoyada por la izquierda— sufrió una fuerte derrota el ser rechazado por el 62%de los votos. Luego la alianza de gobierno —que ya se había ampliado al PS y otros sectores de la ex Concertación— sufrió otro duro revés en el Congreso, cuando la derecha bloqueó la posibilidad de legislar una reforma tributaria, pieza clave para financiar el programa de transformaciones y sobre todo los proyectos de derechos sociales, como la reforma al sistema de pensiones y mejorar el sistema de salud.

Los hechos iban poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer las bases de apoyo político y social del gobierno. En ese contexto, en junio del año pasado, cuando Boric asistió al acto del cuarto aniversario de su partido, Convergencia Social, con una breve frase entregó una orientación que ya comenzó a tomar forma: “Les invito compañeros y compañeras en este cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social, estoy adelantando, a que pensemos en grande”.

Semanas después tres representantes de cada partido iniciaron los trabajos de diseño del proyecto de unidad. Se formaron casi una decena de comisiones técnicas de trabajo para definir líneas de debates sobre objetivos, programa político, integración de directivas desde la cúpula hasta las bases; estudiar la factibilidad legal de la unificación y llegar a tiempo a la inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre de este año; otra para unificar los estatutos y reglamentos internos; el funcionamiento de los tribunales partidarios, el modelo de finanzas y otros asuntos administrativos.

Pero llegaron tres noticias, dos malas y una buena. El 16 de junio del año pasado, un periódico local de la nortina ciudad de Antofagasta reveló que una fundación integrada por militantes de Revolución Democrática había recibido millonarias transferencias desde la oficina regional del Ministerio de Vivienda, sin reportar rendiciones de cuentas. Seis funcionarios fueron despedidos, dos de los directivos de la fundación están encarcelados y la derecha buscó involucrar a Giorgio Jackson, quien renunció al ministerio de Desarrollo Social que encabezaba y afrontó una acusación constitucional que no prosperó, como tampoco la dirigida contra el ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes. El caso está abierto, se investiga como corrupción, aunque hasta ahora no se ha comprobado que los fondos hayan ingresado a cuentas personales. El daño está hecho y ha deteriorado la imagen pública del partido.

En paralelo el Servicio Electoral abrió causa contra el Partido Comunes por las irregularidades en la rendición de cuentas de los aportes financieros que recibió en la campaña de 2020, que involucró a sus máximos dirigentes de entonces, incluida la candidata a la Gobernación de la Región Metropolitana. El organismo público, en diciembre pasado, pidió la disolución del partido, justo en el momento en que tomaba cuerpo el proceso unificador del Frente Amplio. El punto más grave es que pone en riesgo la posibilidad de seguir el proceso y además podría cancelar el eventual pacto electoral del oficialismo para las elecciones venideras.

La buena noticia es que el mismo Servicio Electoral estima que es posible la unificación de las fuerzas frenteamplistas, para lo cual debe realizar un plebiscito en cada partido para aprobar la iniciativa, en marzo como fecha máxima, para inscribir la nueva colectividad en julio.

Las directivas del Frente Amplio han seguido trabajando, hace dos semanas iniciaron consultas a las bases partidarias sobre un proyecto de estatutos, sobre el carácter de la nueva fuerza, y organización del plebiscito de marzo.

Serán puestos en debate y decisión once principios que guiarán al nuevo partido unificado: “socialismo”, “defensa de los derechos sociales, económicos y culturales”, “feminismo y paridad”, “medio ambiente y ecología”, “probidad y transparencia”, “inclusión y diversidades sexuales”, “democracia participativa”, “activismo territorial”, “articulación con organizaciones sociales y gremiales”, “respeto y defensa de los derechos humanos” y “justicia social y tributaria”.

En carpeta aun quedan otras definiciones importantes que eventualmente irán a la consulta de toda la militancia: el nombre del nuevo partido (hay quienes estiman que la “marca” Frente Amplio está desgastada); la integración de la dirección y sus distintas instancias y organismos (nacional, regional, comunal e internacional); y la propuesta de algunos sectores de apurar un congreso (ideológico y orgánico) de la nueva fuerza de la izquierda chilena.


Madrid –

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