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Gustavo Petro, presidente de Colombia — Cristian Bayona / Zuma Press / ContactoPhoto

El gobierno Petro y el proceso constituyente en Colombia

Hoy en Colombia se está discutiendo sobre el futuro, y no sólo por el estímulo del gobierno Petro, sino sobre todo porque las comunidades y los colectivos de base llevan mucho tiempo desarrollando —a pesar de todas las violencias— sus propias reivindicaciones


Las discusiones importantes siempre regresan. Una constitución política no es un libro sagrado, no es un texto dictado por una sabiduría divina o redactado en un arrebato místico, sino un pacto de convivencia fundamental, y que habla menos del futuro que de la correlación de fuerzas en el momento en el que se escribe. Eso fue la Constitución política de Colombia de 1991. Los cambios en la sociedad, la cronificación de las violencias, los nuevos desafíos, pero sobre todo el Proceso de Paz con el M-19 impulsaron la necesidad de un nuevo pacto. Y fue un cambio radical de paradigma: no sólo se acabó con el Estado confesional, se reconocieron las minorías, la pluralidad y el multiculturalismo, sino que además se estableció todo un aparato de derechos económicos, sociales y culturales que son judicialmente exigibles. Desde entonces, todo colombiano puede demandar por vías legales el cumplimiento de sus derechos fundamentales. La Constitución de 1991 no fue el resultado de un acuerdo de paz: fue el acuerdo mismo.

Pero aunque fue un cambio de paradigma, la Constitución no impidió la agudización del conflicto armado, ni la arremetida neoliberal de los años siguientes que importó la violencia social y económica del régimen de Pinochet en Chile, ni fue capaz de garantizar realmente esos derechos fundamentales que estaban redactados con tanta claridad. El escepticismo público de Carlos Gaviria Díaz en 1991 se volvió un hecho comprobable: ninguna constitución arregla todos los problemas, por más admirable que sea, porque siempre habrá una desconexión fatal entre la realidad y el texto.

Así que en los años del último Proceso de Paz entre el Estado y las FARC la discusión regresó con fuerza: ¿acaso no era la hora de un nuevo pacto fundamental de convivencia, una nueva discusión en clave constituyente? Y la idea regresa ahora en el marco del primer gobierno popular y de izquierdas de la historia de Colombia. La lanzó el presidente Gustavo Petro en Puerto Resistencia, en Cali, luego de un análisis de la coyuntura política, los desafíos que se multiplican, y la hostilidad evidente del viejo régimen ante el mandato popular de reformas. Dijo:

Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó (…), entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado; son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente.

Aspavientos coloniales

Algunos representantes de la oligarquía, como Germán Vargas Lleras, acogieron con entusiasmo la propuesta de Petro, porque la vieron como la oportunidad de una batalla electoral que saben ganar con maquinaria y dinero. Pero la gran mayoría del arco de las derechas —que va desde la ultraderecha uribista hasta la burocracia neoliberal del autoproclamado centro— recibieron la propuesta con escándalo impostado, con resoplidos agónicos, y empezaron a decir que lo mismo hizo Chávez en 1999, y que era justo lo que ellos habían advertido desde siempre. Al consultar los grandes medios en Colombia en los días siguientes cualquier observador desprevenido habría dicho que Gustavo Petro había empezado su plan macabro de destrucción de la patria.

Las élites confunden su propaganda y sus fantasías, y no pueden evitar reaccionar con espanto ante toda mención de la participación real del pueblo en el sistema político. Esa fue la primera lectura. Pero al ver surgir de un modo tan desesperado y unánime ese discurso del respeto a las instituciones, la defensa a la Constitución, la supuesta madurez y fortaleza histórica del Estado colombiano, empecé a pensar que detrás había algo más: un tipo de relación de las élites con el orden heredado.

Sí, es evidente que todo llamado a la movilización y organización popular les causa horror. Es evidente también que el mantra del respeto a las instituciones (que surge siempre en los momentos de crisis, en sus declaraciones a propósito de cualquier cosa, en las columnas de opinión y los editoriales de la gran prensa) es una forma de autocomplacencia, porque así se dicen a sí mismos que está bien que hayan tenido siempre el poder. Es evidente que lo dicen también para acallar las voces críticas, las posibles refutaciones al Estado excluyente. Pero creo que es sobre todo el reflejo de un andamiaje premoderno, e incluso diría que católico y colonial: todo cuestionamiento desde abajo a las instituciones o a las leyes es visto como una blasfemia, una amenaza que viene de la suciedad, de la barbarie, de la periferia de su círculo idílico y que deben rechazar con determinación religiosa, con espanto y violencia.

Son aspavientos coloniales. Se manifiestan en varios momentos de la historia de Colombia. Y tal vez nunca quedó resonando con más fuerza como ese 6 de noviembre de 1985, en la retoma del Palacio de Justicia, cuando el coronel Plazas Vega (hoy condenado a 30 años de prisión) les dijo a los periodistas con la suficiencia típica del establecimiento colombiano en medio de las masacres: “Aquí defendiendo la democracia, maestro”.

No es asamblea: es proceso constituyente

El presidente Petro no ignora que su propuesta de una nueva asamblea constituyente tiene limitaciones lógicas. En primer lugar, si el principal problema de la Constitución de 1991 es que no se cumple, ¿por qué la solución habría de ser redactar una nueva? ¿Qué garantiza que en el futuro sí se va a superar la desconexión entre la realidad y el texto que denunciaba Carlos Gaviria Díaz? En segundo lugar, sabemos bien que una constituyente no tiene límites. Es, por definición, la institución más legítima, porque es la reunión del pueblo soberano para establecer los lineamientos del proyecto democrático. En ese ámbito, todo es susceptible de ser replanteado, y por eso no es correcto decir que se convoca sólo para corregir algunas cosas y resguardar el resto.

Estas limitaciones no refutan la posibilidad de una eventual asamblea nacional constituyente, pues si creemos en el proyecto democrático estamos en la obligación de aceptar que esta siempre podrá ser convocada por el pueblo. Siempre. Pero lo que sí podemos hacer, teniendo en cuenta el origen de la propuesta y la realidad política del país actual, es precisar que una asamblea nacional es el último tramo de un camino más extenso —y acaso más importante— de movilización, organización, deliberación y creación popular. Dicho de otro modo: lo que se está discutiendo en estos momentos no es la inminencia de una asamblea, sino la apertura colectiva de un proceso constituyente.

Preparando el futuro

Me arriesgo a decir que ese proceso empezó desde mucho antes de ser enunciado. El ciclo de movilizaciones de la última década sentó sus bases, el actual gobierno popular y de izquierdas es la caja de resonancia de sus principales demandas, y su desarrollo y fortalecimiento todavía está por escribirse. Pero ya se está manifestando. Cuando Gustavo Petro y Francia Márquez responden al llamado de la Minga social y comunitaria del suroccidente colombiano y responden cada punto de sus propuestas, ahí está el proceso constituyente. Cuando el presidente y todo su gabinete se desplazan por varios días a los pueblos abandonados del litoral Pacífico, y las comunidades toman la palabra y reconocen que el gobierno puede ser algo más que un aparato represivo, y se les ordena a los batallones de ingenieros de las Fuerzas Militares construir acueductos… ahí está el proceso constituyente. Cuando todo el alto gobierno se desplaza a los municipios del sur del Caribe, y Petro recuerda ante las comunidades campesinas la larga historia de luchas por la reforma agraria, y se avanza en la conformación de asambleas populares… ahí está el proceso constituyente.

Hoy en Colombia se está discutiendo sobre el futuro, y no sólo por el estímulo del gobierno Petro, sino sobre todo porque las comunidades y los colectivos de base llevan mucho tiempo desarrollando —a pesar de todas las violencias— sus propias reivindicaciones. Y lo hacen desde el punto de vista de los derechos fundamentales expresados en la Constitución de 1991, pero yendo más allá, cuestionando sus límites, complementando sus avances, y corrigiendo y redefiniendo el proyecto de país.

Por eso se está diciendo que el viejo modelo de endeudamiento público para construir carreteras, cuyo objetivo es valorizar latifundios, es inaceptable, y que este mecanismo debe priorizar el agua potable y el saneamiento básico. Se está diciendo, también, que es urgente implementar el Acuerdo de Paz de 2016 (con sus capítulos de Reforma Agraria y solución al problema de las drogas ilícitas), y que necesitamos una nueva justicia que gire en torno a la verdad, dar más poder y autonomía a los territorios, un reordenamiento alrededor del agua, establecer al fin que los derechos sólo pueden ser garantizados por los servicios públicos, y constitucionalizar la descarbonización y la lucha contra la crisis climática.

Hoy no parece conveniente la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, pues no tenemos motivos para pensar que el resultado de las urnas para esa eventual asamblea sea distinto al que conformó el actual Congreso, en el que el viejo régimen (por sus recursos, su maquinaria territorial) tiene mayorías. Además, la experiencia reciente de Chile, que primero nos entusiasmó y luego nos asustó, es un recordatorio de la fragilidad del impulso popular en medio del oligopolio mediático y financiero. Pero en política siempre hay que desconfiar de ese argumento que dice “este no es el momento”, porque raras veces responde al análisis concreto de la realidad concreta, y a menudo es propaganda del statu quo.

En todo caso, aunque aún no se convoque esa asamblea nacional —que tarde o temprano terminará por materializarse—, sí podemos afirmar que el proceso constituyente ya empezó. Estamos viviendo en Colombia una reformulación del futuro colectivo. Y conviene reconocer que el proceso constituyente no se decreta, no se puede detener, no requiere el permiso de las élites, porque expresa la rebeldía y la voluntad de autodeterminación del pueblo. Es difícil pensar en algo que amplíe y enriquezca más nuestro horizonte político.


Iván Olano Duque es escritor colombiano. Premio de ensayo “Miguel de Unamuno” por su libro El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo (Devenir, 2019). 

Twitter: @IvanOlanoDuque

Bogotá –

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