Nayib Bukele, presidente de El Salvador — Camilo Freedman / Zuma Press / ContactoPhoto

El Salvador de Bukele hacia el próximo quinquenio

La población de El Salvador prioriza con creces la reducción de la inseguridad frente a otros asuntos importantes como la salvaguarda del Estado de Derecho, el respeto de los Derechos Humanos o  incluso frente al propio bienestar económico


Este domingo  El Salvador celebra elecciones generales. El mediático presidente Nayib Bukele se presenta para la reelección y, a tenor de todos los estudios de opinión pública, no solo será el seguro ganador sino que barrerá a sus adversarios.  Los partidos dominantes del escenario político salvadoreño entre 1989 y 2019, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la derechista ARENA, sólo obtendrían el 2,6% y el 1,5% de los votos según la encuesta  de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En la Asamblea Legislativa el dominio sería abrumador. El partido Nuevas Ideas de Bukele obtendría  57 diputados (de 60), 2 Arena, y 1 el Partido Demócrata Cristiano.

Nayib Bukele se presenta a la reelección a pesar de que ésta está prohibida por la Constitución de este pequeño país centroamericano. En su artículo 152 se reza: ”No podrá ser candidato a  Presidente de la República el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.”. Sin embargo Bukele allanó el camino para sortear esta restricción presidencial en septiembre de 2021, cuando hizo uso de su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La nueva sala, ocupada por magistrados afines a Bukele, emitió un fallo que abrió la rendija jurídica para optar a la reelección a la Presidencia.

La cuestión de la reelección presidencial volvió a sobrevolar el debate político latinoamericano. Sin embargo, en esta ocasión, instancias internacionales que fueron especialmente  virulentas contra la posibilidad de reelección en Bolivia como la Organización de Estados Americanos  o EEUU han optado por la aquiescencia ante la maniobra de Bukele. La OEA ha mantenido un silencio sepulcral sobre el asunto y, por su parte, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se limitó a decir que la reelección de Bukele “es un tema de los salvadoreños”, una no injerencia que contrasta fuertemente con la posición norteamericana ante decisiones judiciales en otros países de la región.

El Salvador de Nayib Bukele

Con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes El Salvador era en 2015 el país más violento del mundo. Según datos del Banco Mundial en  2021 la tasa de homicidios se había reducido a 18. A pesar de que estas cifras ya homologaban al país centroamericano con gigantes regionales como Brasil y lo situaba por debajo de México,  Bukele abundó en su política securitaria y en marzo de 2022 decretó el Estado de excepción, dándole poderes especiales a las fuerzas de seguridad. El gobierno sostiene que desde entonces la tasa de homicidios cayó en 2022 a 7,8 y que en 2023 lograron que fuera aún un 60% más baja.

En el reverso de la moneda están las 74 mil detenciones del periodo, un 2% de la población entre 15 y 65 años. En El Salvador se reportan hoy más de  600 reclusos por cada 100.000 habitantes, 3 veces más que México o Colombia.

Además numerosas organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch han denunciado  torturas, detenciones arbitrarias, muertes sospechosas en las cárceles y otros abusos durante el régimen de excepción).

Entre tanto El Salvador de Bukele sigue siendo un país con un PIB per cápita por debajo de los 15€ al día, muy por detrás de algunos de sus vecinos como Costa Rica o Panamá e incluso rezagado respecto a su homólogo Guatemala. En los últimos años además ha aumentado la pobreza. En una nota de octubre de 2023 el Banco Mundial apuntaba que “el segmento menos favorecido de la población está creciendo”. Según la CEPAL, desde 2019 el número de personas que ha caído en pobreza extrema ha subido en 200.000 personas en el país pasando del 5.6% en 2019 a 8.7% en 2022.

El propio gobierno de Bukele, a través de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), dependencia del Banco Central de Reserva (BCR), publicó en julio de 2023 la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), un documento que revelaba un incremento del 6.24 % en las personas en situación de pobreza monetaria.

A  pesar de todo ello todas las encuestas sitúan a Bukele entre los presidentes mejor valorados del mundo y, a la espera de la celebración de los comicios, la conclusión parece evidente: la población de El Salvador prioriza con creces la reducción de la inseguridad frente a otros issues como la salvaguarda del Estado de Derecho, el respeto de los Derechos Humanos o  incluso frente al propio bienestar económico.

Este aparente desdén por algunos de los pilares de las democracias liberales (Estado de Derecho, separación de poderes, respeto a los derechos humanos) no parece ser un fenómeno exclusivo de El Salvador. Según el Informe Latinobarómetro 2023 “La recesión democrática de América Latina” el apoyo a la democracia en la región en 2023 habría caído 15 puntos porcentuales desde el 63% de 2010.

El mencionado informe situaba los menores porcentajes de adhesión a la democracia en 2023 en Honduras (32%), Guatemala (29%), México (35%)  y Ecuador (37%) mientras que encabezaban el apoyo a la democracia Uruguay (70%), Argentina (82%) y Chile (58%).

Como en El Salvador, estas percepciones sobre la valía de los sistemas democráticos parecen guardar correlación con la grave situación de inseguridad en los países señalados.

Efectivamente, según un informe de la Biblioteca del Congreso de Chile los tres países de América Latina con mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes en media en la década 2011-2020 fueron precisamente Honduras, Guatemala y El Salvador mientras que  Chile y Argentina eran los dos países con menor número de homicidios medios registrados en esa década.

En el mismo sentido apuntaría el índice Global Organized Crime Index, del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, una organización financiada por la UE y el Departamento de Estado de EEUU para la medición de la criminalidad organizada en el mundo. Según este índice los países latinoamericanos con menor penetración del crimen organizado son precisamente Argentina, Uruguay y Chile (junto a Cuba y Bolivia), tres de los países que hemos identificado por su mayor adhesión por la democracia.

Por contra Ecuador (7,07 en la escala), Honduras (7,05), Guatemala (6,6) y México (7,57)  están junto a Colombia (7,75) en el extremo opuesto de ranking, encabezando unos índices de criminalidad.

La relación entre democracia y seguridad ciudadana parece irrefutable. El conocido paradigma de Max Weber que apunta que la primera tarea del Estado es el monopolio de la violencia, se impone por la vía de los hechos.

Además, este sería un fenómeno que se ensaña especialmente con los jóvenes. Según el mencionado informe de Latinobarómetro la edad estaría influyendo en el apoyo a la democracia. Así, mientras entre los más jóvenes (16-25 años) solo el 43% apoya a la democracia, entre los de más edad (61 y más años) es el 55%. La exposición a la violencia es un fenómeno que impacta con más fuerza en las cohortes más jóvenes lo que abundaría en esta presunta asociación entre inseguridad y detrimento de la confianza en la democracia.

En este escenario las elecciones de El Salvador cobran un nuevo color. Frente a niveles reales y/o percibidos de inseguridad alarmantemente altos, incompatibles con la vida civil, la población acaba por desdeñar cualquier criterio de elección de líderes que no priorice el combate a la criminalidad. En este contexto la derecha latinoamericana ha demostrado no tener ningún escrúpulo para ofrecer su solución: implantar programas represivos sistemáticos sin mayor consideración hacia los derechos humanos o el Estado de Derecho.

Estamos ante una historia ya contada. El pionero de estas prácticas a comienzos de este s. XXI fue Álvaro Uribe Vélez. Los al menos 6.042 falsos positivos (dirigentes sociales y campesinos ajenos al crimen organizado que fueron asesinados por las fuerzas del orden) que fueron asesinados en Colombia en el marco de su programa de “seguridad democrática” son el doloroso efecto de las consecuencias mortales de estas prácticas sobre los derechos humanos.

En el plano electoral sin embargo, de nuevo hay que constatar que su política le resultó exitosa. Uribe revalidó su presidencia en 2006 y logró situar al entonces su delfín -Juan Manuel Santos- en la presidencia en 2010 y 2014 hegemonizando 20 años de  la política colombiana. Aunque una década más tarde Uribe está siendo procesado, lo cierto es que las consecuencias penales de estas políticas incompatibles con la Carta Interamericana de Derechos Humanos aún están lejos de materializarse.

Nada augura un escenario muy distinto en el medio plazo en El Salvador y, si nada lo impide, todo apunta a una senda similar en el Ecuador de Daniel Noboa en el que, en el contexto de una enorme escalada de la violencia, el Presidente ya ha dado muestras de querer seguir los pasos de Bukele.


Madrid –

Nada de esto sería posible sin tu ayuda

Y únete a nuestros canales de Telegram y Whatsapp para recibir las últimas noticias

Compartir

Editorial

Opinión