América Latina

Guatemala, al borde de un golpe de Estado

Tras la anulación formal de las elecciones por parte del Ministerio Público, Guatemala se halla al borde de una crisis constitucional. El presidente electo y diversas entidades nacionales e internacionales han denunciado un “golpe de Estado en curso” que pone en el foco al “pacto de los corruptos” del país

Guatemala atraviesa una grave crisis política e institucional que se ha visto particularmente profundizada desde las elecciones generales del pasado 25 de junio que habilitaron al socialdemócrata Bernardo Arévalo a competir en el balotaje dos meses después -instancia en la que salió electo presidente de la República. Hace escasos días, el Ministerio Público (MP), institución bajo responsabilidad de la fiscal general de Guatemala, dio una pretendida estocada final al “golpe de Estado en curso” que había denunciado semanas antes el propio Bernardo Arévalo. Tras varios meses de presiones y jugadas por parte del MP, finalmente se animó a ejecutar aquello para lo que habían estado preparando el terreno varios de sus funcionarios a lo largo de la segunda mitad del 2023: la anulación de las elecciones.

A pesar de las permanentes movilizaciones que atravesaron el largo y ancho del país desde la primera vuelta, de los avisos que el presidente electo había vertido a la comunidad internacional sobre el “golpe de Estado en curso”, de los multitudinarios actos pidiendo la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y de la posición firme del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en defensa de la validez y legitimidad de los comicios, el Ministerio Público ha dado el mayor golpe sobre la mesa desde que se inició el proceso. Para justificar la nulidad de las elecciones, el ente ha presentado tres líneas de impugnación: en primer lugar, ha reiterado la acusación de que el Movimiento Semilla cometió “irregularidades” referidas a los ciudadanos firmantes durante su constitución formal en el año 2018; en segundo lugar, ha acusado al partido y al propio Bernardo Arévalo de delitos vinculados a un supuesto “financiamiento electoral” ilegal y a un también supuesto “lavado de dinero”; por último, el MP ha acusado al Tribunal Supremo Electoral de haber cometido “ilegalidades” durante la recogida, conteo y resguardo de los votos en las elecciones.

Al respecto de este movimiento del Ministerio Público, tanto el TSE como el presidente electo y el partido Semilla han reaccionado: Bernardo Arévalo y su partido han reiterado que tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa Karin Herrera y el resto de cargos públicos de Semilla tomarán posesión el 14 de enero; el TSE, a su vez, ha dejado claro que, de no sucederse así los acontecimientos, el país se encontraría frente a un “rompimiento del orden constitucional”. Es conveniente recordar que la máxima autoridad electoral guatemalteca ya decretó la conclusión del proceso electoral y oficializó los resultados dictados por las urnas tras varios escrutinios y revisiones posteriores a la primera y segunda vuelta del 25 de junio y del 20 de agosto respectivamente. De hecho, el TSE ha sido una de las primeras líneas de defensa de lo expresado por los electores en Guatemala, confrontando al Ministerio Público y siendo blanco de la violencia -en una ocasión, incluso física- del propio MP en más de una ocasión.

Nacional e internacionalmente, la condena al “golpe de Estado en curso” trazado por el Ministerio Público es contundente y diversa: organizaciones sindicales y estudiantiles, autoridades indígenas, cámaras empresariales e incluso partidos políticos de la derecha nacional -véase VIVA- reconocen la autoridad del Tribunal Supremo Electoral y la legitimidad de los cargos electos del partido Semilla -incluidos el presidente y la vicepresidenta electa- y condenan la hoja de ruta seguida por el Ministerio Público. A nivel internacional, España, Paraguay, el Reino Unido, Estados Unidos o la OEA son algunos de los actores posicionados con claridad en favor del respeto a los resultados. Uno de los pocos implicados que se ha manifestado en favor del MP, en contra del TSE y en contra de la validez de los resultados es Sandra Torres, la ex candidata que salió derrotada en el balotaje frente a Arévalo. La líder de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que se había mantenido en estricto silencio desde septiembre, ha difundido un comunicado de su partido en el que se acepta que “se presentaron pruebas fehacientes que sustentan la comisión de delitos los cuales atentaron contra la efectividad del sufragio y la pureza del evento electoral”. Aunque el día después si logra consumarse el golpe que Arévalo denuncia es incierto, la posibilidad de que Sandra Torres sea designada presidenta electa estaría encima de la mesa. Ella fue la candidata más votada en la primera vuelta y, si el presidente electo no asume el 14 de enero y el país incurre en una verdadera crisis constitucional derivada del efectivo golpe, la designación de Torres como nueva presidenta sería una de los posibles desenlaces.

¿Qué ha llevado a Guatemala a la situación que atraviesa hoy en día? En realidad, ha sido la combinación de dos factores: uno de ellos es la crisis estructural de representación política en la que se halla sumido el sistema de partidos nacional y que explica ciclos movilizatorios como el del 2015 o la quema del Congreso en el año 2020; el otro factor es el de las ya expuestas elecciones del presente año y la reacción de las élites burocrático-político-judiciales a las mismas. En los comicios de junio se enfrentaron múltiples variantes de la derecha nacional -UNE, Vamos, VIVA, Cabal…- en una cita que solo movilizó al 60% del electorado. Sandra Torres, ex primera dama y líder de Unidad Nacional de la Esperanza, cosechó casi un millón de votos (21%) y se ganó el derecho a optar por la presidencia en el balotaje del 20 de agosto; Bernardo Arévalo acaparó algo más de seiscientos mil sufragios (16%), a pesar de que el Movimiento Semilla había sido hasta el momento un partido escasamente relevante en el país, consagrándose como el segundo clasificado.

No fueron, eso sí, unas elecciones tan simples como lo expuesto. En la primera vuelta ni siquiera Sandra Torres estuvo por delante del voto nulo, al que recurrieron más de novecientos mil guatemaltecos como vía de expresión del rechazo integral al ecosistema político del país. La escasa participación y la “victoria” del voto nulo no fue casualidad: con anterioridad a la cita con las urnas, varias candidaturas fueron tumbadas con motivaciones cuestionadas por múltiples organismos nacionales e internacionales. Carlos Pineda, el candidato liberal de Prosperidad Ciudadana que se ubicaba en primer lugar en múltiples encuestas, fue uno de ellos; Thelma Cabrera, la dirigente del bloque socialista, antiimperialista e indigenista MLP, también sufrió la declinación de su candidatura. Pineda, Cabrera y otros como Arzú tenían en común el no alineamiento con el esquema de poder supraelectoral que en Guatemala se ha definido como el “pacto de los corruptos”. Tampoco esta dinámica era novedosa: previamente a dichas inhabilitaciones, se había venido denunciando la persecución de fiscales y dirigentes políticos durante los últimos años. 

Así, la victoria del Movimiento Semilla ha sido compleja no solo en el plano electoral, sino también en el legal. Tras las inhabilitaciones, el grueso de las encuestas dictaminaban un balotaje favorable al “pacto de los corruptos”. El excelente resultado de Bernardo Arévalo y Semilla puso en alerta al engranaje de poder del país: días después de la primera vuelta, la Corte de Constitucionalidad acusó “fraude” y solicitó una revisión del escrutinio que, posteriormente, dictaminó que el resultado quedaba sin modificar. El siguiente movimiento lo realizó el Ministerio Público, que entró en escena en julio informando que las supuestas irregularidades durante la conformación de Semilla habían de dejar al partido sin personalidad jurídica. Dicha acusación generó un nuevo ciclo de movilizaciones, esta vez en defensa de los resultados electorales y del Movimiento Semilla.

A pesar de la judicialización del proceso, la segunda vuelta se celebró con relativa normalidad: Arévalo se impuso (60%) a Torres (39%), pero la líder de UNE no reconoció los resultados. El TSE oficializó la victoria de la fórmula Arévalo-Herrera, el Registro de Ciudadanos suspendió la personalidad jurídica del partido y el Congreso de Guatemala declaró “independientes” a los diputados salientes y entrantes del Movimiento Semilla. A partir de ese momento, la crisis político-institucional escaló. Arévalo denunció un “golpe de Estado”, el TSE apoyó al presidente electo y el mandatario saliente Alejandro Giammattei comenzó los trámites de transición, al tiempo que Semilla exigía la destitución de los actores implicados en el denunciado golpe de Estado. La crisis entró en una nueva etapa cuando fuerzas del MP irrumpieron forzosamente en la sede del TSE y secuestraron las actas electorales, paso necesario para la acusación de fraude que se hizo oficial la pasada semana. Entre tanto, la movilización popular en defensa del presidente electo contrastó con la pasividad del presidente saliente Alejandro Giammattei, que se negó a pedir la destitución de la Fiscal General Consuelo Porras, a quien las autoridades sociales y sindicales del país denuncian como la principal responsable del golpe.

De aquí en adelante, resta escasamente un mes hasta el 14 de enero, día del trasvasamiento de mando presidencial y de asunción formal de los cargos electos. El presidente Arévalo, con su agenda urbana, regeneracionista y socialdemócrata deberá enfrentar primero a la pata burocrático-judicial del “pacto de los corruptos”. De vencer, afrontará el reto de gobernar el Ejecutivo guatemalteco con una aritmética legislativa profundamente desfavorable: la inhabilitación de candidaturas y la impugnación general del sistema dieron de sí una mayoría derechista en el Congreso nacional. Al mismo tiempo, Arévalo deberá gobernar con el ojo puesto en aquellos sectores progresistas, sindicales, estudiantiles e indígenas que apoyaron en las calles la legitimidad de su victoria. Guatemala, en fin, afronta semanas decisivas de una crisis constitucional que bien podría constatar definitivamente el golpe de Estado que han denunciado varios actores nacionales e internacionales.