Colectivo de abogados y abogadas “José Alvear Restrepo”
Imputados 35 oficiales colombianos por crímenes de lesa humanidad en el caso de los ‘falsos positivos’
Al menos 192 de las 264 muertes de guerrilleros anunciadas por los militares fueron, en realidad, ejecuciones de civiles ordenadas por generales colombianos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha anunciado este lunes que 35 militares del Ejército Nacional han sido imputados por «crímenes de guerra y de lesa humanidad» por el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado, conocidas en el país como ‘falsos positivos’.
«200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, son atribuibles a miembros retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en la región», ha indicado en un comunicado la JEP.
Entre los principales acusados se encuentran los responsables de la comandancia de la IX Brigada: el mayor general Miguel Pérez Guarnizo, el general Jaime Lasprilla Villamizar y el general William Pérez Laiseca. Asimismo, como coautores están los mayores generales Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
El organismo ha detallado que 192 de las 264 muertes de guerrilleros anunciadas por las cuatro unidades militares entre 2005 y 2008 «fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate».
La JEP, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cifró en febrero de 2021 en 6.402 las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden colombianas, quienes hacían pasar a las víctimas, sobre todo campesinos e indígenas, por guerrilleros para obtener beneficios de todo tipo.
Las víctimas, según la JEP, eran personas vulnerables, con condiciones económicas complicadas, civiles que fueron interceptados en transportes o vías públicas, así como enfermos sin identificar. La investigación es conocida como Caso 03 y su nombre técnico es ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.
Madrid –
